El ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y funcionarios de su administración están bajo sospecha de entregar incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos. Debía presentarse a una audiencia ante un Juez de Control, pero solicitó una suspensión provisional.
El Ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, en la mira. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El Juzgado Segundo de Distrito concedió al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, la suspensión provisional de la audiencia a la que debía acudir mañana respecto al caso de la entrega de terrenos a la automotriz coreana Kia.
“Se concede al quejoso Rodrigo Medina de la Cruz la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea obligado por medio de la fuerza pública a comparecer ante el Juez de Control del Estado, ni privado ni restringido de su libertad”, dice el resolutivo del juez.
Sin embargo, debe pagar una garantía de 5 mil pesos para que la suspensión no deje de tener efecto, de acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación.
El ex Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, ayer fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, delitos patrimoniales y peculado, delitos relacionados con el caso de la automotriz KIA.
Ante los tres señalamientos alcanzaría una condena por 36 años sin derecho a fianza.
De acuerdo con Comunicación Social de Nuevo León, también fueron vinculados a proceso Víctor Martínez Trujillo, ex Director Sistema de Caminos; Juan Manuel Vallejo Ramos, ex Coordinador General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Esteban Cepeda Ochoa, ex Coordinador Sistema de Caminos.
A su llegada al Palacio de Justicia, Gómez Acosta dijo a la prensa estar preparado para la audiencia y atento al proceso.
Gómez Acosta ha sido acusado de permitir que se entregaran incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por lo que dañó al erario público por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos.
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