Las instalaciones, regentadas por la asociación sin ánimo de lucro Juventud del Futuro en colaboración con las autoridades, acogen entre sus edificios a decenas de menores migrantes que fueron calificados de «no acompañados» al cruzar la frontera.
De estos niños, entre 10 y 20 corresponden a aquellos que fueron alejados de sus familias a partir de abril, cuando comenzó la llamada política de «tolerancia cero» de Trump, informa a EFE una persona conocedora del centro, que pide el anonimato.
Por Javier Bocanegra
Bristow (Virginia), 27 de junio (EFE).- Tres cuartos de hora es el tiempo que separa la residencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Bristow, estado de Virginia, donde se encuentra uno de los centros destinados a los menores no acompañados que son retenidos en la frontera, algunos separados de sus familias.
Desde la Casa Blanca, en Washington, sólo es necesario tomar la interestatal 66 y recorrer 60 kilómetros hasta el enclave, un breve camino flanqueado por la frondosa vegetación característica de Virginia y por las cadenas de comida rápida que se hallan a cada paso en las amplias carreteras de la costa este estadounidense.
Como si de una escena de la serie Stranger Things se tratara, un grupo de niños disfruta de un paseo en bici por las calles de una urbanización en esta comunidad virginiana. Allí, un aroma a césped recién cortado llama la atención del olfato desde el otro lado de la carretera.
En la acera de enfrente, un jardinero trabaja para dejar impoluta la explanada: Es el centro de internamiento de menores de Bristow.
Las instalaciones, regentadas por la asociación sin ánimo de lucro Juventud del Futuro en colaboración con las autoridades, acogen entre sus edificios a decenas de menores migrantes que fueron calificados de «no acompañados» al cruzar la frontera.
De estos niños, entre 10 y 20 corresponden a aquellos que fueron alejados de sus familias a partir de abril, cuando comenzó la llamada política de «tolerancia cero» de Trump, informa a EFE una persona conocedora del centro, que pide el anonimato.
En medio de un amplio prado verde, coronado con la bandera de Estados Unidos, dos agentes de seguridad defienden las dependencias de quienes pretenden acceder a ellas, incluso de los que buscan realizar donaciones, y de la prensa.
En un margen de media hora, una veintena de vehículos entra en las instalaciones, pero una mujer que lleva víveres «para niñas pequeñas» es frenada en la puerta y asegura a EFE que esa es la práctica habitual en sus ofrendas semanales: los guardias le paran y debe aguardar a que uno de los trabajadores coja los productos.
La dirección del centro no ha respondido a los intentos de EFE de ponerse en contacto con ella y tampoco ha permitido el acceso al recinto.
La semana pasada, el Gobierno acabó con la separación de familias de migrantes indocumentadas por las fuertes críticas recibidas; desde entonces ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de dos mil menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de Seguridad Nacional.
El remedio decretado por Trump establece que a partir de ahora los niños deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.
En el área colindante a la capital del país, aquella que abarca los estados de Maryland y Virginia, hay al menos doce centros de detención, de los que seis están destinados a adultos y otros seis a menores, que se encuentran en la categoría de «no acompañados», detalla Claudia Cubas, directora de litigios de la organización defensora de inmigrantes CAIR.
Cubas explica a EFE que la situación se ha agravado en los últimos meses con esta Administración y que las políticas ahora canceladas han ocasionado que los menores recluidos en centros de detención sean más pequeños, lo que dificulta las labores de asesoría legal e incluso una posible reunificación.
Entre las escenas relatadas por la abogada, destaca la de un padre al que un funcionario le dijo que le retirarían la custodia de su hijo, con lo que el progenitor decidió renunciar a los trámites para demandar asilo en el país debido al miedo a perder a su primogénito.
La letrada, con 10 años de experiencia en este ámbito, no duda en calificar de «tragedia» las acciones acometidas por el Gobierno republicano y afirma que, según las informaciones que maneja, los centros de internamiento acogen a niños desde los dos años.
Cubas considera que las separaciones de familias de potenciales solicitantes de asilo dificulta el ejercicio de este derecho reconocido internacionalmente, ya que implica que en muchos casos el afectado tenga que elegir entre mantenerse con sus hijos o recibir el estatus de protección.
