Medios locales aseguran que autoridades de la ciudad de Shenzhen exigiría que a fallecidos por COVID-19 tengan que ser sometidos a una prueba de detección previo a su incineración; la medida ha causado molestia en redes sociales chinas.
Shanghái (China), 27 may (EFE).- La polémica bulle en las redes chinas después de que varios medios publicasen que la metrópolis suroriental de Shenzhen exige que los fallecidos que provengan de áreas confinadas sean sometidos a una prueba de COVID antes de incinerarlos.
Según la prensa local, al entrar en la sección de funerales de la aplicación móvil del Gobierno local, aparece una ventana emergente en la que se especifica que los familiares del fallecido no solo deben aportar su certificado de defunción sino también una prueba negativa de COVID.
Las autoridades locales confirmaron este requisito, aunque aclararon que no es necesario que la familia lleve al fallecido a un centro de pruebas para someterlo a una PCR, sino que personal sanitario puede trasladarse para efectuar uno de emergencia, cuyos resultados pueden obtenerse en unas dos horas.
Un trabajador de una funeraria indicó, en declaraciones al medio Xinmin Weekly, que al recibir cadáveres de personas que vivían en zonas confinadas, debían someterlos a procesos de «detección [de COVID] y desinfección» para evitar riesgos de contagio, alegando que, según algunos estudios, el coronavirus no se desactiva justo a la muerte del huésped.
El semanario afirma que efectuar una PCR a los fallecidos es una medida «centinela» para proteger tanto a sus familiares como a los trabajadores que participan del proceso funerario.
No obstante, un experto legal matizó que, según las leyes chinas, los derechos y deberes de las personas van desde el momento del nacimiento hasta el de la muerte, por lo que no se puede cargar a los familiares con la obligación de hacer pruebas de COVID al fallecido.
«Si la familia del fallecido se niega a someterlo a una prueba de ácido nucleico, la base legal para penalizarlos es insuficiente», apunta.
Shenzhen, una de las ciudades más importantes del país con sus más de 17,5 millones de habitantes, fue uno de los focos de los últimos rebrotes de COVID —provocados por la variante Ómicron—, aunque consiguió atajarlo rápidamente.
