En los años previos a la elección presidencial (2011 y 2017), el monto de transferencia de recursos federales del Ramo 23 a las entidades se incrementó a los gobiernos estatales de su mismo partido político con respecto al monto promedio observado en años anteriores. Y, además, disminuyeron los recursos a los gobiernos de oposición, reveló un estudio de México Evalúa.
Mariana Campos, coordinadora de gasto público, no descartó que este patrón se repita para las elecciones de 2018. Pese a ello, ningún candidato se ha pronunciado al respecto.
Edna Jaime, directora general del think thank, urgió a regular la operación de esta bolsa millonaria para que su uso no sea discrecional y se asigne bajo criterios relacionados con necesidades y problemas concretos de cada estado.
ADEMÁS
Ciudad de México, febrero (SinEmbargo).– La falta de regulación al Ramo 23 manejado por la Secretaría de Hacienda, gestionada por José Antonio González Anaya, permite el control político del gobierno federal a los estados mediante los recursos públicos, por lo cual no se generan diagnósticos para resolver problemas específicos de las entidades como violencia, pobreza o bajo crecimiento económico, aseguró México Evalúa.
La organización presentó el informe «Arquitectura del Ramo 23», en el cual evidenció que de 2009 a 2017 los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto han transferido de tres programas de subsidios de este ramo 375 mil 387 millones de pesos a los gobiernos estatales más con base en sus afinidades políticas o por negociaciones clave que por necesidades diagnosticadas en cada entidad.
Se detalló el caso del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora, entidades que padecen altos índices de violencia y/o pobreza.
La asignación de esta bolsa millonaria de recursos queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, por lo que esta instancia decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, dijo en entrevista que «es muy grave» que no haya reglas y criterios claros para la asignación de estos recursos públicos porque responden a lógicas que no tienen que ver con necesidades y problemas concretos.
«El gasto público está construido para generar crecimiento económico, para proteger a las personas y garantizar su acceso a derechos. Por eso urge poner reglas a los programas del Ramo 23; cerrar la llave a aquellos que no tienen sentido, y darle una racionalidad y rentabilidad social», afirmó.
La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios con los estados que la misma Secretaría de Hacienda define, los cuáles en su mayoría no se publican.
Mariana Campos, coordinadora de gasto público de México Evalúa, declaró a este medio que «lo preocupante» de ello es que el dinero público se vaya a programas que no tienen diagnosticados los problemas y por lo tanto carezcan de planes de intervención para garantizar soluciones específicas.
«Vemos que Veracruz tiene un fuerte problema de violencia. ¿Los convenios se dirigen a esos problemas? No hay evidencia. En Veracruz hemos visto un convenio en donde se habla de obras públicas pequeñas. Pero nos preguntamos cómo se planearon y a qué diagnóstico responden», dijo.
Cuando el problema está bien identificado, contrastó, se generan las reglas de operación para instituir como fin de ese recurso la atención específica y se hace un diseño de cómo intervenir (capacitación, equipar, generar algún tipo de plataforma tecnológica…).
–ESTADO DE MÉXICO
Cuando en 2011 el Gobierno federal era del panista Felipe Calderón y el Estado de México estaba a cargo del Gobernador priista Enrique Peña Nieto, la entidad recibió una transferencia significativamente menor, precisamente en un año en el que también se eligió al nuevo Gobernador, Eruviel Ávila Villegas.
Por el contrario, cuando el gobierno federal y estatal ya eran priistas, en la elección estatal de 2017 el Edomex recibió 8 mil 601 millones de pesos, la máxima transferencia del periodo analizado.
En general, el recorte general que tuvo el gasto de estos programas del Ramo 23 en 2017 no le afectó a la entidad mexiquense, ya que recibió 4.7 veces más recursos que el promedio nacional y en el periodo de la administración federal de Peña Nieto (2013-2017) los recursos transferidos a su entidad de origen fueron considerablemente mayores al promedio nacional. Sin embargo, sigue siendo la entidad con el mayor número de pobres.
–NUEVO LEÓN
Cuando estaba el Presidente Felipe Calderón, pero Nuevo León tenía como Gobernador al priista Rodrigo Medina, la entidad norteña recibió recursos del Ramo 23 por debajo del promedio nacional. Incluso en 2011 recibió cero pesos por concepto de estos tres programas, mientras que el promedio nacional fue de 452 millones de pesos ese año.
Sin embargo, cuando el PRI regresó a la presidencia, el Nuevo León priista comenzó a recibir monto de recursos mayores al promedio nacional de 2013 a 2015, año electoral en que recibió 4 mil 877 millones de pesos, el monto de transferencia más alto. Pero la situación volvió a cambiar: cuando llegó el independiente Jaime Rodíguez «El Bronco», el monto de recursos transferidos al estado cayó por debajo del promedio nacional a 604 millones de pesos.
–VERACRUZ
Cuando el PAN se encontraba en la presidencia y Veracruz era gobernado por el entonces priista Javier Duarte, actualmente preso por peculado, en 2010, 2011 y 2012 la entidad recibió cero pesos. Sin embargo, en cuanto el PRI volvió a la presidencia en 2013, comenzó a canalizar recursos federales sin reglas de operación a esa entidad que sigue con altos índices de violencia.
También se observa que el 2015 fue el año en que recibió más recursos y un monto considerablemente mayor al promedio nacional, año previo a la elección de un nuevo Gobernador. Pero como regresó el PAN con Miguel Ángel Yunes Linares, en 2017 hubo una leve caída con respecto a 2016.
–DURANGO
En el estado de Durango se observa un patrón similar. En 2011 la administración federal era del PAN y la estatal de Jorge Herrera Caldera era del partido tricolor, entonces el estado recibió menos recursos que en 2009.
Pero en 2016, cuando ambos gobiernos todavía eran del mismo PRI, coincidió con que recibió 3 mil 80 millones de pesos, el monto máximo de recursos del periodo analizado. Pero en cuanto inició la administración estatal del PAN con José Rosas Aispuro en el año previo a la elección presidencial, recibió un monto menor.
–CHIHUAHUA
El caso de Chihuahua cobró relevancia nacional a inicios del 2018 por los señalamientos públicos del Gobernador Javier Corral sobre una «represalia económica» por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la revelación de una triangulación de recursos para fines electorales.
Mientras el Gobierno federal era panista y el estado estaba a cargo del Gobernador priista César Duarte, la elección estatal de 2010 no atrajo un monto mayor de recursos. Pero cuando el Gobierno federal volvió a ser priista y seguía César Duarte Jáquez, ahora en espera de extradición, en el año electoral 2016 recibió un monto sustancialmente mayor al registro histórico.
Por el contrario ya en 2017 con el panista Javier Corral, el estado recibió sólo 70 millones de pesos: 22 veces menos de lo que recibió en 2016, ubicando al estado como el que menos recursos recibió en 2017. Esta disparidad se mantiene al observar los datos per cápita.
–CHIAPAS
Chiapas, una de las tres entidades con mayo tasa de pobreza en el país, es otro caso de una relación entre las transferencias del Ramo 23 y las afinidades políticas entre gobiernos. En 2009-2012, cuando fue gobernado por Juan Sabines Guerrero de la coalición PRD-PT-Convergencia, recibió recursos mayores que la media nacional. Sin embargo, en la elección estatal 2011 con gobiernos de distinto partido le tocó un monto menor al promedio nacional por única vez. En 2012 recibió recursos 16.9 veces menores que los que recibió en 2010 y siete veces menores que los que recibió en 2009.
Cuando el PRI recuperó la presidencia y la coalición PVEM-PRI-PANAL llegó a la gubernatura del estado con Manuel Velasco Coello, los recursos comenzaron a fluir nuevamente hacia la entidad federativa en montos mayores a los transferidos en la administración anterior.
–JALISCO
En el periodo 2009-2012, el PAN estaba en la presidencia con Felipe Calderón y envió recursos al estado panista de Emilio González Márquez a través de tres programas del Ramo 23. Los apoyos superaron la media nacional en los años 2010 y 2011.
Sin embargo, cuando el PRI ganó la presidencia y también obtuvo la victoria en el estado de Jalisco con Aristóteles Sandoval, los recursos transferidos al estado presentaron un aumento notorio, aunque menor al promedio nacional.
–SONORA
El estado de Sonora ejemplifica dos situaciones de uso de los subsidios discrecionales del Ramo 23. Primero, cuando el PAN ocupó la presidencia con Felipe Calderón transfirió recursos mayores a la media nacional. En el año previo electoral 2011 incluso fue el estado que más recursos recibió por 2 mil 59 millones de pesos. En 2012, pese a la caída importante en el gasto del fondo Programas Regionales, Sonora recibió más del 17 por ciento del total de la bolsa.
Segunda, una vez que el PRI estuvo a cargo del Ejecutivo, asignó al estado panista de Guillermo Padrés recursos cuantiosos por estos programas, muy por arriba de la media nacional. Un comportamiento atípico con respecto a los casos analizados. Pero, dice el estudio, este caso sugiere que a veces puede ser racional otorgar mayores subsidios discrecionales a gobiernos de oposición cuando se persiguen otros fines como conseguir apoyo para aprobar reformas.
ELECCIONES DE 2018
En los años previos a la elección presidencial (2011 y 2017), en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el monto de transferencia se incrementó a los gobiernos estatales del mismo partido político con respecto al monto promedio observado en otros años. Y, además, disminuyeron los recursos a los gobiernos estatales de los partidos de oposición.
Mariana Campos, durante la presentación del informe, no descartó que este patrón se repita para las elecciones de 2018 con los tres programas del Ramo 23. Sin embargo, ningún candidato se ha pronunciado al respecto.
«Por su puesto que puede pasar porque la llave está abierta», dijo, por lo que consideró que los legisladores deberían llamar a Hacienda a comparecer sobre quién ha firmado convenios con Hacienda durante estos dos meses de 2018 y por cuánto dinero.
«Hasta el momento no he observado en ninguna plataforma que considere este tema. No tenemos todavía propuestas ni el reconocimiento de los candidatos del creciente problema», agregó durante la ronda de preguntas.
En el año 2011, cuando el PAN estaba en la presidencia, los subsidios más altos por encima del promedio nacional se transfirieron a los estados azules de Sonora, Guanajuato y Baja California Sur. Aquellas entidades federativas como Coahuila y Veracruz que no recibieron recursos eran priistas.
En 2017, el penúltimo año del sexenio de Enrique Peña Nieto, los mayores montos de subsidios se transfirieron a los estados priistas como el Estado de México, Guerrero o Chiapas.
Por el contrario, estados de oposición recibieron menos del promedio nacional como el caso de Morelos, Aguascalientes o Chihuahua.
En años sin elecciones, durante las transferencias discrecionales del Ramo 23 a los gobiernos estatales, la administración panista privilegió con mayores transferencias a los estados con gobernantes emanados del mismo partido balnquiazul, por encima de los estados gobernados por la oposición.
En cambio, la administración priista de Enrique Peña Nieto ha mostrado una diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor para los gobernadores de oposición. Eso puede obedecer a que los recursos discrecionales también pueden tener utilidad para ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar reformas estructurales.
LA GOBERNANZA DE HACIENDA
Sobre la falta de regulación, Edna Jaime acusó que dado que el Ramo 23 es un espacio de gasto que le da «muchísima flexibilidad» a la Secretaría de Hacienda para poder asignar recursos públicos, «difícilmente» los propios funcionarios de esa instancia van a ponerse un control y atarse las manos a sí mismos.
En el estudio se asegura que la gobernanza actual de la SHCP no cumple con criterios básicos que le permitan llevar a cabo sus funciones privilegiando la sostenibilidad de las finanzas públicas por encima de las decisiones políticas.
Los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad son designados por el Presidente y ratificados por el Congreso, por lo que no forman parte del servicio profesional de carrera de la administración pública, y eso no les garantiza estabilidad y permanencia en el puesto en distintas administraciones.
«Lo anterior implica que en la balanza entre realizar sus funciones hacendarias como ‘la utilización razonable del crédito público’ y cumplir con las órdenes del titular del Ejecutivo, puede pesar más la segunda. Es decir, los incentivos institucionales pueden alinearse para favorecer la agenda política en lugar de proteger el adecuado cumplimiento de las facultades de la SHCP, y con ello impulsar mejores políticas en materia de ingresos, gasto y deuda», dice el estudio. «Las presiones políticas pueden llevar a los funcionarios a aumentar la deuda más allá de su nivel óptimo para cumplir la agenda política del Presidente o a aumentar el gasto público en partidas superfluas o no prioritarios».
Ante ello, Edna Jaime aseguró en entrevista que para un gasto público más racional, se necesitan quitar «esos componentes de enorme discrecionalidad».
«Necesitaríamos que el legislativo se ponga las pilas para plantear en la Ley de Responsabilidad Hacendaria en distintos ordenamientos cómo podemos regular este Ramo. Que por lo menos haya reglas de operación, que estén los objetivos en Ley y que haya criterios de asignación mucho más transparentes porque si no se hace una caja chica», apuntó.
