Se prevé que para este año se presente al Congreso una propuesta de ley que regule los servicios de seguridad privada. Los números muestran que el crecimiento de esta industria es acorde al aumento en los niveles de violencia en el país, por lo que actualmente, en casi todos los espacios, hay presencia de guardias, desde los hogares como en obras, negocios y oficinas.
–Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Son miles, incluso podrían superar el millón. Al menos el 10 por ciento está armado. Surgieron en el Siglo XIX y hasta la fecha no hay quién pueda contenerlas. A pesar de que en México se vive una guerra desde hace 24 años, no están reguladas. Son las empresas de seguridad privada.
En este sector trabajan empresas extranjeras de las que su legalidad pende de un hilo; no hay una ley general que establezca lineamientos mínimos para su funcionamiento, lo que generó la creación del mercado informal de seguridad privada.
No hay una cifra exacta sobre cuántas empresas de seguridad hay en México ni cuántas personas trabajan en ello, pero es una industria que abona el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son hasta el 2016, mismas que proporciona la Dirección General de Seguridad Privada en su portal de Internet.
De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi, hasta el año 2016 se tenían registradas 4 mil 102 empresa de seguridad privada; en tanto que en 2015, había 3 mil 990.
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), dicen que hay 600 mil empleos la seguridad privada y existen 8 mil empresas a nivel nacional. El crecimiento del sector fue superior al 15 por ciento en 2019.
La demanda de protección, ya sea con alarmas, blindajes, cámaras de seguridad y guardias, es cada vez mayor ante las cifras y el clima de violencia que ha ido en aumento desde 2006. Eso fomentó la creación de empresas que a su vez, en el afán de ofrecer servicios a un costo accesible, han dejado de lado los derechos laborales y existe ya una marcada precariedad en los puestos de trabajo en esta industria.
De acuerdo con el estudio “Seguridad en venta, retos y buenas prácticas en la regulación de las empresas militares y de seguridad privadas en América Latina”, elaborado por Sarah Kinosian y James Bosworth, «la elevada, y en algunos casos epidémica, violencia criminal que afecta a gran parte de América Latina ha dado lugar a una floreciente industria de seguridad privada. Más de 16 mil empresas privadas de seguridad y militares emplean a aproximadamente 2.4 millones de personas”.
De esa cifra concluyen que los guardias de seguridad privada superan en número a los agentes de policía en todo el mundo. De esa magnitud es la industria.
En el caso de México, los investigadores resaltaron la derrama económica, ya que para 2016 representó casi mil 500 millones de dólares, 180 por ciento más que en 2012 y sin contar al sector informal, de las que se estima hay 8 mil que no están registradas ante el Estado.
Para las agrupaciones de empresas de seguridad privada, las razones de este crecimiento son un tanto obvias. Están como factores el crecimiento poblacional, el desarrollo de negocios y la inseguridad.
HACIA UNA LEY GENERAL Y LOS VICIOS
En entrevista con SinEmbargo, Armando Zúñiga Salinas, coordinador general de ASUME, de las urgencias que tiene el sector sobresalen la profesionalización y poner un piso parejo para la competencia.
“La regulación que tenemos debe ser federal y estatal, ahí deben estar registradas. De cada empresa que está registrada, hay cinco que no lo están. El Inegi no tiene una buena estadística en cuanto a empresas de seguridad, entonces nosotros hemos trabajado para generar nuestras estadísticas”, comentó.
Según sus datos, en zonas residenciales se pagan los servicios más baratos y es donde hay más informalidad. A la gente se le pone como velador, no tienen capacitación y carecen hasta de uniforme.
En este sentido, Roberto Rivera Mier, Director de Asuntos Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), comentó que atender hasta tres distintos marcos normativos dificulta la administración, el registro y control del sector.
“Hay un estudio que arrojó que a nivel nacional, comparando los requisitos entre estado y federación, hay 114 requisitos únicos, sin repetición. Esto nos habla de una dispersión regulatoria y una dispersión del sector a lo largo y ancho del país. Ahí la complejidad de organizarse como gremio y ser un frente común para mejorar el ámbito regulatorio y colaborar de manera más efectiva en cuanto a la prevención de delitos”, explicó también en entrevista.
Zúñiga Salinas dijo que ven disposición en la actual administración de avanzar en la regulación, ya que se enfrentaron al problema con la policía privada que ofrecía servicios en la administración pasada, “El mismo presidente dijo que esos contratos se habían dado de manera dudosa”.
A mediados del año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia matutina del 4 de julio que se estaba trabajando en un “reajuste” por la contratación de 50 mil elementos, policías privados, “porque crearon estas corporaciones o mejor dicho fomentaron la creación de estas corporaciones, y se llegó al extremo que el gobierno contrataba más policías privados que los policías del gobierno federal para garantizar la seguridad del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, todas estas cosas se están regularizando”.
Luego, el 13 de agosto, se volvió a tocar el tema. El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, comentó a razón de la entonces creación de la Guardia Nacional, que en lo que iba de la presente administración solamente 7 mil 927 armas se habían adquirido y que empresas dedicadas a la seguridad privada, “como por ejemplo Cometra, Servicio Panamericano”, se habían hecho en los últimos 10 años, de 32 mil 340 armas, “en el 2019, en la presente administración solamente dos mil 267 armas”.
“Hay un ingreso ilegal de armas y de comercialización también. En esta actividad es una actividad clandestina, no tenemos datos con precisión, pero tomamos un dato que lo da ATF de Estados Unidos, que ellos calculan en 200 mil armas al año que ingresan al país”, añadió.
El General Brigadier y defensor de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez indicó que no hay una legislación que articule la seguridad privada con la seguridad pública, y eso es riesgoso porque este sector maneja armas, licencias de blindajes – que emite la SEDENA–. Además, dijo, porque hay muchos policías, militares y políticos de gran calibre que son encargados del tema de seguridad pública y privada.
“La idea de esto es que, a través de la legislación, el Estado debe de tener un control y mecanismos de operación que permita el respeto a los derechos humanos y cumplir con el mandato constitucional de ejercer la violencia legítima en un estado de derecho”, indicó.
El estudioso de temas de seguridad insistió es que es necesaria una normatividad rigurosa, una responsabilidad directa de la autoridad de tener controles para supervisar las actividades que hace el sector de seguridad privada, como la protección intramuros, traslado de valores, blindaje, el manejo de cámaras electrónicas, de guarda espaldas, grupos caninos.
“Todas esas actividades deben estar supervisadas milimétricamente por la autoridad, como deben de estar todas las actividades en el tema de seguridad”, añadió.
Consideró que el motivo del retraso y desactualización de esta legislación es porque existe un desconocimiento de fondo en temas de seguridad, desde la seguridad nacional, interior, seguridad pública y del estado, “no hay estudios específicos de carácter sociológicos que tengan que ver con ese tema, es decir, el impacto que tienen los temas de seguridad sobre la sociedad, no hay muchos estudios, y los que hay están todos dispersos”, expresó.
La seguridad privada debido a que está diseminada en toda la república se convierte en un mecanismo fuerte de información, por lo que estos grupos deberían también ser coadyuvantes de la seguridad pública, haciendo operaciones directas o transmitiendo información para la toma de decisiones, explicó el General.
Desde su perspectiva, al no existir una regulación actualizada y eficiente, resulta en el abuso laboral de las personas que ahí trabajan, para la expedición de licencias y sus costos, que son de carácter selectivo.
“Ya sabemos que para activar los mecanismos para echar toda esa maquinaria tiene que entrar la corrupción porque tienen que pagar doble o tiple para una licencia o un permiso, todo eso debe de regularse y terminar”, expresó.
Para Zúñiga Salinas, la no regulación repercutió en los filtros de confianza y señaló que en el espectro de las informales sobre todo, no son los óptimos. Incluso se detectó que algunas empresas han sido constituidas para dar servicio a gente que no está dentro de la ley.
“Ahí es trabajo de las autoridades de identificar esa situación desde la constitución de la empresa. Esto se da por la relajación en los controles de confianza”, dijo.
El General Gallardo alertó también de la operación de empresas extranjeras en materia de seguridad privada es un tema delicado, pues al ofrecer seguridad obtienen información delicada de México.
“La Constitución previene que ningún extranjero puede realizar funciones dentro del Ejército, de la policía, porque tiene que ver con aspectos de soberanía, y aquí la pregunta es la siguiente: ¿y la seguridad privada, no tiene que ver con esos aspectos?, porque la seguridad privada protege industrias, transportes, a personas. […] estas empresas no deben de existir en México como expresas extrajeras porque obtienen información que tiene que ver con seguridad nacional y aspectos de soberanía”, dijo Gallardo Rodríguez.
El Artículo 32 de la Constitución, en su tercer párrafo establece que “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública”.
Sin embargo, en México tienen una fuerte presencia las principales empresas de seguridad del mundo. Para que puedan participar en el sector de la seguridad privada, deben constituir una persona moral mexicana aunque los socios sean únicamente extranjeros, como ocurrió en el caso de las empresas del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
