Human Rights Watch y Transparencia Internacional presentaron este miércoles dos informes que evidencian los pocos avances de México en derechos humanos y combate a la corrupción. En ambos se habla sobre la necesidad de un mejor sistema de justicia penal. Para Human Right Watch «uno de los desafíos más urgentes en México […] es fortalecer el sistema judicial». Para Transparencia Internacional se avanza muy poco en el sector de justicia, que es el que marca la diferencia con respecto a otros países.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo/EFE/dpa/AP).– El Gobierno de México recibió dos fuertes jalones de orejas este miércoles por parte de dos reconocidas organizaciones internacionales, por un lado Human Rights Watch (HRW) criticó el «poco progreso en los esfuerzos para procesar criminalmente» a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, por el otro Transparencia Internacional (TI) dijo que el combate a la corrupción «se ha hecho de manera muy tibia».
HRW dijo que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
En el mismo sentido se expresó Alejandro Salas, director para las Américas de TI, al decir que «en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco».
Salas reconoció en conferencia de prensa desde Berlín tener sus dudas de que en el país se vaya a combatir realmente la corrupción a pesar de que se ha reactivado la agenda anticorrupción después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.
Transparencia Internacional elabora cada año su índice basado en el promedio de los resultados de 12 encuestas globales, en las que organizaciones internacionales consultan a empresarios su percepción de la corrupción en el sector público de una nación específica.
América Latina mantuvo en promedio una puntuación de 40 puntos durante 2015 y 81 por ciento de los países de la región arrojaron un resultado inferior a 50 según el índice, que va desde 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de ínfimos niveles de corrupción).
El país latinoamericano con menor percepción de corrupción fue Uruguay (posición 21), seguido muy de cerca por Chile (23) y Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador y Panamá empatados en la posición 72, Brasil en la 76, Colombia en el 83 y México en el 95. Al extremo opuesto, Venezuela permaneció como la nación latinoamericana con peor desempeño, al quedar en la posición 158.
«En México se ha hecho muy poco [en materia de corrupción] y se avanza muy poco en el sector justicia, que insisto en que es el que marca la diferencia en países como Chile, Brasil e incluso en Colombia. Donde hay algunos espacios del sector justicia que funcionan se ve mayor esperanza de cambio», agregó Salas.
Desde Sao Paulo, el director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, dijo que «a pesar de la presión internacional, sigue todavía un ambiente de impunidad casi total» en México.
Wikilson coincidió que «uno de los desafíos más urgentes en México […] es fortalecer el sistema judicial» para evitar que «las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia», sobre todo en las operaciones para combatir la delincuencia organizada.
La organización señaló en su informe anual, que presentó en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, que «las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado» durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012.
El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25 mil 500 personas y que el Ejecutivo ha liderado «iniciativas potencialmente prometedoras» pero «poco efectivas» al respecto. Por otra parte recalca, citando a la ONU, que continúa habiendo en México un «número alarmante» de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se enmarcan en «una impunidad endémica y sistemática».
Un clima de violencia que sigue estando presente en el país, ya que, en palabras de HRW, «algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción». En este sentido, continúa, «el sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos».
La sección mexicana del anuario dedica asimismo un apartado a los ataques contra periodistas, que las autoridades «no investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación». Por último, HRW reprueba que «las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual» y añade que algunas disposiciones incluso «contradicen padrones internacionales».
