Casi siete meses pasaron para que los legisladores pudieran ponerse de acuerdo y sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, hasta hoy no existen posiciones claras dentro de los partidos políticos y el tiempo apremia. Tendrán hasta el 27 de mayo para aprobar las leyes secundarias de acuerdo al plazo establecido en el decreto de promulgación. Hace dos años, el Índice de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México en el sitio 103 de 175 países y expertos coinciden en que los avances en este tema han sido mínimos. Hay legisladores que incluso advierten lo contrario de lo que la ciudadanía espera: el Sistema Nacional Anticorrupción favorecerá la impunidad dentro del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La corrupción en México es un cáncer. Así lo refieren los expertos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que señalaron que México pierde 890 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Este mal, de acuerdo con el think tank le cuesta a cada mexicano 165 pesos al día, ya que destinan alrededor del 14 por ciento a pagos relacionados con sobornos y acceso a servicios básicos.
Los más afectados son los más pobres, ya que dicho porcentaje asciende a 33 por ciento en los estratos que perciben el salario mínimo. El resto de pérdidas se dan, principalmente, a través de las instituciones, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recauda menos de lo que debe, se ahoga el emprendedurismo y la inversión en el país, refieren 24 ensayos de indicadores revisados por el IMCO.
“El costo varía dependiendo del parámetro. Lo que sí está muy bien medido en el mundo es que los diferentes tipos de corrupción generan deficiencia en los servicios públicos. De salud, de educación, seguridad jurídica, regulación en diferentes materias, yo creo que eso le afecta a los ciudadanos”, dice Max Kaizer, director anticorrupción del IMCO.
Las cifras del IMCO serían conservadoras ante las del Banco de México (Banxico). Éste apunta que en el 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB. O lo que es igual a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, o a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cuenta con más de 300 mil estudiantes.
El especialista en temas penales Gilberto Santa Rita detalló que la impunidad tiene mejores posibilidades de disminuir cuando hay fines electorales de por medio. Quizá esto intentó el Presidente Enrique Peña Nieto, durante su etapa como candidato, cuando declaró que el combate a la corrupción sería una de sus prioridades.
En el mismo sentido, los partidos articularon una propuesta. El compromiso número 85 del Pacto Por México, una alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) para impulsar una agenda conjunta, fijó la intención de realizar una Comisión Nacional Anticorrupción mediante una reforma constitucional.
Y una vez que llegó Peña Nieto al poder, la Senadora del PRI, Lizbeth Hernández Lecona, junto con el Senador, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron la iniciativa presidencial en noviembre del 2012.
A partir de ahí, y pese a que el Senado aprobó una minuta para que la Comisión sustituyera a la Secretaría de la Función Pública (SPF), la discusión se estancó en la Cámara de Diputados. Fue entonces que la bancada del PAN propuso cambiar la idea de la Comisión por un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que coordinara a distintas instituciones relacionadas con tareas de auditoría, combate y castigo a la corrupción.
Pero pasaron dos años para que los diputados federales descongelaran la discusión y aprobaran un dictamen de reforma a 14 artículos de la Constitución para crear el SNA.
PODER A PEÑA NIETO
El Diputado federal por el Movimiento Regeneración Naciona (Morena) , Virgilio Caballero Pedraza, acusó que con el paquete de leyes modificadas por la reforma será el Presidente Enrique Peña Nieto el que podrá hacerse del poder de los órganos de fiscalización. Ya que directa o indirectamente todos sus integrantes serán elegidos por él.
La oposición en el Congreso ha señalado que esto quedará visto en una de las disposiciones más importantes del SNA, como lo es la creación de un comité coordinador, integrado por representantes de las distintas instituciones en el combate a la corrupción.
Lo compone la ASF, la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la nueva Fiscalía Contra el Combate a la Corrupción, el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana, que se integrará con cinco ciudadanos.
“Desde luego el debate es la composición de los órganos de Gobierno dentro del SNA, otra vez todos nombrados por el Presidente, o por autoridades que forman parte de su gabinete. De manera que el SNA va quedar vigilado por los mismos que son objeto de la vigilancia, y decir, así se aseguran asimismos, como en el caso de la ‘Casa Blanca’ , de que quienes los investiguen sean sus amigos”, detalló.
Otra aspecto señalado como una carencia en su momento por el Diputado de Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, es que la designación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, después de la Reforma al llamado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quedará también a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto.
Ante esta visión difiere Kaizer. “Si en la próxima discusión [en el Senado, a partir de febrero] quedan claras las facultades de cada funcionario, entonces, importará menos quién lo nombra. Porque tendrán que adherirse a sus responsabilidades”.
El artículo 73 de la Constitución establece que dichos magistrados estarán en su cargo hasta por un plazo de diez años, y sólo podrán ser removidos por causas graves señaladas en la ley.
Una vez mandado a crear el SNA, ahora los legisladores deberán discutir sobre las leyes que reglamentan el mismo. Pero una cosa es segura, advierten los legisladores de oposición: Peña Nieto tiene el control asegurado.
“Las leyes suplementarias sólo sirven para darle marco a lo que ya quedó de forma inicial. Sin embargo, me parece que la parte vital de esta discusión es el conflicto de interés. Hay que ver de qué manera armar el andamiaje legal para que los actos de corrupción sean verdaderamente castigados”, dijo el Diputado federal del PRD Waldo Fernández González.
El IMCO considera que es un gran reto el que el Congreso tiene por delante, ya que deberá tanto expedir una ley orgánica para el SNA; como también una Ley de responsabilidades administrativas, que se ocupe de los castigos.
“Esta última es más importante, porque de esta se va a determinar como funciona la ley orgánica. Y después de esto vendrán modificaciones 22 leyes. Como la ley de adquisiciones, de obra pública, etc. Que hay que modificar. De los cuales los legisladores sólo tendrán hasta mayo para aprobarlas, el plazo dado en el decreto”.
«MIEDO» A LA TRANSPARENCIA
Cuando se le pregunta al Senador panista José María Martínez por qué la discusión de un ente fiscalizador de la corrupción se ha retrasado los tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, él responde: “Miedo”.
De acuerdo con el Legislador, el malestar dentro de la clase política es que el SNA no sólo contempla castigar los actos de corrupción en los que incurran desde su aprobación y entrada en vigor, sino que será retroactiva para los anteriores funcionarios.
Las sanciones administrativas podrán consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y castigos económicos que serán proporcionales a los beneficios que un funcionario haya obtenido de forma indebida.
“Esta administración ha sido caracterizada por la corrupción. El caso icónico del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez -actualmente sujeto a proceso penal en España-. Muchas veces el clamor de los mexicanos fue para que Moreira esté precisamente tras las rejas, de una situación que afectó a todos los coahuilenses. Pero la posición del presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, fue casi casi como de Ombudsman hacia Moreira”, dijo.
La Reforma que expide el SNA determinó una ampliación de tres a siete años el plazo de prescripción por faltas cometidas por funcionarios públicos que sean graves.
Asimismo, la ASF tendrá la facultades de realizar auditorías en tiempo real, y auditar los recursos en los tres órdenes de gobierno ya sea que hayan sido administrados mediante fideicomisos o fondos.
Hasta antes de la disposición, la ASF sólo estaba facultada para fiscalizar las dependencias del estado con un plazo de dos años de por medio. Lo cual en muchas ocasiones hacía que llegará ya muy tarde para destapar posibles actos de corrupción, refiere la ex comisionada María Marván Laborde.
Sin embargo, hay otra falla que seguirá siendo persistente, de acuerdo con la experta. La ASF elabora los informes de Revisión de la Cuenta Pública para los congresos locales y el Congreso de la Unión. Sin embargo, en muchas ocasiones las comisiones de vigilancia no emprenden acciones ante las anomalías.
“Me parece que la clase política genera la corrupción. Muchas veces se estuvo diciendo que no había manera de conocer sobre el endeudamiento criminal que estaba haciéndose en los estados y municipios, porque era una facultad que tenían. Y así se fueron endeudaron, como en Coahuila, que endeudó 300 por ciento”, dice la Senadora independiente Martha Tagle Martínez.
“LA PUERTA DE ATRÁS”
Las personas morales también podrán ser acreedoras de sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que las representen. Sin embargo, el dictamen que pretende reformar la Ley de obras ha sido fuertemente criticado por ONGs.
“Iniciativa del Ejecutivo, las ong’s han visto en esta Ley de Obras Públicas una especie de puerta de atrás para querer darle la vuelta al SNA. Hay que hacer una ley que garantice que va tener elementos que eviten el diezmo, una de las instituciones en el país se siga dando, especialmente a través de la obra pública”, considera el Senador del PRD, Armando Ríos Piter.
Una de las inconsistencias originadas tras la aprobación de la Ley anticorrupción puesta en la minuta de la legislación de Obras Públicas, específicamente en el artículo 77 fracción IV, es que existen grandes diferencias entre los montos de la obra aprobada y lo relativo a castigar la falsedad.
Este borrador de dictamen en las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado, contendría una serie de omisiones a la propia ley. Entre ellas, no garantiza la imposición de licitaciones públicas y contrataciones para el estado.
La Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa a más de 90 organizaciones académicas, externó en septiembre su preocupación porque los entes federales, que suman 300 dependencias en los tres poderes del Estado, puedan evitar el cumplimiento de la Ley de Obras, de acuerdo con el borrador.
“De esta forma, se fragmentaría la normatividad en 300 ordenamientos dificultando la comprensión de las reglas del juego para los actores relevantes, perdiéndose certeza jurídica, ya que al no tener carácter de ley, los regímenes podrían cambiarse continuamente”, citó una misiva expuesta en septiembre.
Los grupos civiles refirieron que el 67 por ciento de todas las observaciones graves al ejercicio de recursos públicos hechos por la ASF están relacionados con los fondos de los Ramo 33 y 23. En el primer ramo mencionado es posible exceptuar cumplir con la Ley de obras.
Obras como la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México o el Tren Rápido México-Querétaro que se ordenó la revocación del contrato, han terminado por padecer de graves conflictos de interés.
“Eso es lo más visto pero no lo más sentido. Cualquier empresa que maneje esta infraestructura se da una mochada, que permite dar al concesionario una mordida en particular. Tiene mucho más peso en lo que es la minería. En Baja California, Zacatecas, Durango, o lo más sonado es Grupo México, con lo que ocurre en Chihuahua”, refiiere el Senador José María Martínez.
FISCALÍA AUTÓNOMA
La Reforma aprobada del SNA contempla la expedición de la Ley de la Fiscalía General Especializada en materia de Delitos contra la Corrupción. De esta forma se reemplazaría a la Unidad contra Delitos de Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. De esta autonomía dependerá que el SNA tenga “dientes” dijo el Senador Martínez.
Legisladores refieren que una de las razones por las que se estancó la iniciativa del Ejecutivo de crear una Comisión Nacional Anticorrupción fue que no incluía la impartición de castigos penales.
“Uno de los elementos importantes a analizar es el nombramiento y capacidad de remoción. Es muy importante que el Fiscal dentro de la PGR sea lo suficientemente independiente en esos términos. Pero más que tenga autonomía funcional, que no tenga que consultarle al Fiscal General cuando quiera consignar un expediente, para que no nos pase lo que sucedió con el Subsecretario de Gobernación [ Arturo Escobar y Vega], que al momento que lo toma un Juez, se bloquea la capacidad [de la Fiscalía de Delitos Electorales] de impugnar la negativa del auto de formal prisión”, explica Kaizer.
RESPONSABILIDAD CIUDADANA
El especialista Gilberto Santa Rita refiere que en México los procesos penales para castigar los casos de corrupción dependen de la voluntad política, y en muchas ocasiones de si la búsqueda de la justicia traerá votos en las urnas para un determinado partido político.
“Yo todavía la vida dije y lo sostengo que no era necesario un Sistema Nacional Anticorrupción. Porque ya existía eso. Se llama derecho penal, y sirve precisamente para combatir los delitos, como el cohecho, y todos los delitos de los funcionarios públicos, que tienen una regulación específica”, detalla el experto penal.
En una breve encuesta sobre el SNA realizada en marzo por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso, se reveló que el 94 por ciento de 920 personas entrevistadas considera que en México existe corrupción, el 89 por ciento que también existe impunidad; y sólo el 37 por ciento cree que se hace justicia.
La administración de Enrique Peña Nieto no habría reducido la percepción de la corrupción, el 57 por ciento piensa que aumentó en los últimos 12 meses. Y el 61 por ciento piensa que el Gobierno ha tenido poco o nada de éxito en el combate a la corrupción.
“La gente está cansada de esta circunstancia. El caso más grave en los últimos años es la ‘Casa Blanca’. No sólo donde el constructor le vende a la primera dama del país. Sino que el Presidente le encarga a un designado de él la investigación. Una verdadera burla para los mexicanos”, dice el Senador José María Martínez .
La Senadora Tagle detalló que hasta el momento los políticos manejan un discurso en el que intentan reforzar la idea de que la corrupción está en el ADN de los mexicanos, lo cuál es falso, debido al hartazgo que hay en la ciudadanía.
“Los hacen sentir que también son parte, porque tienen algún asunto de corrupción menor, o de la mordida. O que por el que votes al final de cuentas va seguir siendo lo mismo. Me parece que la situación debe venir desde la ciudadanía. Debe haber mayor presión. Pero también con medidas más contundentes, sino simple y sencillamente, la corrupción va seguir ahí”, detalla.
