La monja nacida en Japón, Kumiko Kosaka, acusada de ser cómplice y de elegir a los niños que serían abusados, de acuerdo a su nivel de sumisión a los golpes, espera en prisión domiciliaria el comienzo de un segundo juicio, que se celebrará en 2020.
Por Emmanuele Gentile
Buenos Aires, 26 de noviembre (RT).- La Justicia de Argentina ha condenado este lunes a los curas Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente, entre 2005 y 2016, de una veintena de menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, un internado religioso ubicado en la provincia de Mendoza, a mil kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Culminó así un juicio histórico y emblemático a nivel mundial por varias razones: la gravedad de los hechos denunciados; el peso de las penas aplicadas contra integrantes de la Iglesia católica; el papel que jugó esta institución al mantener en reserva denuncias previas contra los mismos implicados; el aprovechamiento de los condenados respecto a su posición de poder, y la vulnerabilidad de las víctimas.
Gracias a esto último, y a la prohibición de utilizar el lenguaje de señas dentro del recinto, Corbacho y Corradi habían logrado mantener los aberrantes actos que cometían bajo un estricto manto de silencio.
No se trató, sin embargo, de hechos individuales, aislados dentro del instituto, o que nadie conocía. Por el contrario, la investigación arrojó que había toda una estructura al servicio de las depravaciones de los sacerdotes y otras personas que también participaban de los delitos.
En la misma causa, el jardinero Armando Gómez (59), quien trabajaba en la institución católica, recibió una pena de 18 años de prisión. Previamente, otro de los imputados, el monaguillo Jorge Bordón, se había declarado culpable de abusar de cinco menores, y fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio abreviado.
Antes de ello, el empleado administrativo J.O, también involucrado, fue declarado inimputable, dado su retraso madurativo severo y su discapacidad en la comunicación.
Por otra parte, la monja nacida en Japón, Kumiko Kosaka, acusada de ser cómplice y de elegir a los niños que serían abusados, de acuerdo a su nivel de sumisión a los golpes, espera en prisión domiciliaria el comienzo de un segundo juicio, que se celebrará en 2020.
El caso se destapó en 2016, gracias al testimonio de una de las víctimas, hoy de 19 años, que dijo haber sido violada por Corbacho cuando tenía cinco. Pero luego, más de 20 personas decidieron denunciar y sumaron testimonios escalofriantes sobre los abusos sexuales que sufrieron, cuando tenían entre siete y 17 años de edad, de parte de los clérigos, que estaban a cargo de niños y adolescentes sordos y de escasos recursos.
«LA CASITA DE DIOS»
Los relatos de las víctimas, hoy mayores de edad, son coincidentes. La mayoría menciona un sitio específico donde eran llevados los niños para ser sometidos a diversos vejámenes: un altillo situado en el fondo del predio, al que llamaban «La casita de Dios». Según reveló el fiscal que inició la investigación, Fabricio Sidoti, «las víctimas veían a través de las rendijas de la puerta lo que pasaba».
Violaciones, tocamientos, pornografía, amenazas. Todo ocurría en esa sala del terror o, en medio de la madrugada, en las habitaciones donde dormían los niños.
Kosaka también es mencionada por las víctimas por su presunto rol de complicidad. La joven que denunció el caso por primera vez en Mendoza dijo que, tras haber sido violada, la «monja mala», como le llamaban los alumnos, le puso un pañal para ocultar la hemorragia que tenía en sus genitales.
Algunos de los chicos han contado que fueron encadenados por los curas, quienes también los obligaban a tener relaciones con varias personas a la vez, o a tener sexo entre ellos mismos mientras sus abusadores observaban. En los allanamientos al Instituto, los investigadores han encontrado cadenas y material pornográfico, entre otros elementos probatorios.
Otro denominador común en los testimonios da cuenta del temor que todos le tenían a Nicola Corradi, el sacerdote de origen italiano, que ya había sido denunciado por abusos cometidos entre 1955 y 1984 en Verona, sede central del instituto que supo dirigir. Ante el escándalo, la Iglesia decidió trasladarlo a la ciudad de La Plata, Argentina, también como autoridad, y ante nuevas acusaciones recaló en Mendoza, donde siguió cometiendo los mismos crímenes.
Actualmente, Corradi goza de la prisión domiciliaria, y seguirá detenido en la misma condición debido a su elevada edad, su estado de salud deteriorado y su movilidad reducida —se traslada en silla de ruedas—. Por su parte, Corbacho continuará recluido en el penal mendocino de Boulogne Sur Mer.
El Vaticano, que no se ha pronunciado aún respecto a las condenas, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de las víctimas italianas y argentinas, debido a que, a pesar de tomar conocimiento de las acusaciones, nunca removió a los curas denunciados. Tanto Corradi como Corbacho, mantienen hasta ahora su investidura como sacerdotes.
