El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, podría ser investigado por delitos derivados de su gestión de la pandemia de COVID-19, tales como: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito.
Brasilia, 26 de octubre (AP/EFE).— Una comisión del Senado brasileño recomendó el martes que el Presidente Jair Bolsonaro enfrente acusaciones penales por acciones y omisiones relacionadas con el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo.
La votación de siete a favor y cuatro en contra de los integrantes de la comisión puso fin a su investigación de seis meses sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, y pide que los fiscales lleven a Bolsonaro a juicio por cargos que van desde la charlatanería y la incitación al crimen hasta el uso indebido de fondos públicos y crímenes contra la humanidad.
El Senador Omar Aziz, presidente de la investigación, dijo que entregará ésta al Procurador General el miércoles por la mañana.
Más de 600 mil personas han muerto de COVID-19 en Brasil.
La comisión dijo haber constatado gravísimas irregularidades, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro e imputaciones diversas contra cuatro ministros, tres de los hijos del mandatario, asesores del Gobierno y parlamentarios, incluidos en un total de 80 acusados, entre los cuales figuran dos empresas del área médica.
En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Las acusaciones serán presentadas próximamente a los tribunales ordinarios y, en lo que compete a Bolsonaro, a la Fiscalía General, la Corte Suprema y la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso debido a los alegados crímenes contra la humanidad.
Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno.
En los documentos que serán enviados a tribunales, se incluyó un pedido para que Bolsonaro sea «suspendido» por tiempo indeterminado de las redes sociales, en las que tiene una febril actividad y que ha usado para difundir masiva información falsa sobre la pandemia.
La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en directo que quien toma las dos dosis de las vacunas corre más riesgos de contraer sida, lo que llevó a Facebook y a Instagram a retirar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del mandatario durante siete días.
LA PRINCIPAL SOSPECHA: LA BÚSQUEDA DE LA INMUNIDAD VÍA CONTAGIO
A lo largo de su trabajo, la comisión celebró 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de supuestos fraudes en negociaciones para la compra de vacunas, hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una presunta «estrategia» del Gobierno para acelerar los contagios.
Según el informe final, el propio Bolsonaro «incentivó de forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las vacunas».
Pero todo eso, según concluyó la comisión, en realidad escondía «una estrategia fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva» y que fue «consecuencia» de una «decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas».
UN MEMORIAL Y UNA PENSIÓN PARA LOS «HUÉRFANOS DE LA COVID
En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la sede del propio Senado, un memorial en recuerdo de los fallecidos por la COVID en Brasil.
«Para que nunca olvidemos lo que ocurrió en este país y a los inocentes que pagaron con su vida por la conducta irresponsable del Gobierno en la conducción de la pandemia. Nunca olvidaremos», dice el informe, que además «compromete» a los miembros de la comisión a «vigilar» los trámites que seguirán ahora en los tribunales.
Además, el informe propone que se conceda una pensión equivalente a un salario mínimo a los «huérfanos de la COVID», como se conoce a los niños que han perdido a su padre, su madre o ambos y que, según un reciente informe publicado en la revista Lancet, se cree que son unos 113 mil.
El último minuto de la comisión parlamentaria, tras cerca de cien horas de audiencias, fue de silencio, en memoria a las víctimas.
