Actualmente los daños al ambiente provocados por la siembra de soya genéticamente modificada ya son visibles en la selva maya así como en la producción de miel que es exportada a Europa.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– A dos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborde el tema del amparo que interpusieron cientos de apicultores mayas contra la siembra de soya transgénica de Monsanto, miembros de la sociedad civil entregaron más de 63 mil 600 firmas que exigen a los magistrados fallar a favor de una consulta y de un principio precautorio para la siembra de esa semilla.
Angélica María Ek Canché y Gustavo Huchin Cauich, apicultores mayas, afirmaron que llegan a la Suprema Corte con la esperanza de que los magistrados piensen en ellos y salven la actividad económica que les retribuye buenas ganancias, ya que la agricultura sólo rinde para el consumo propio.
«Los mayas no vamos a poder solos. Apóyenos y seguiremos en pie de lucha, defendiendo nuestro territorio maya», dijo Huchin Cauich.
Cauich agregó que durante este periodo la producción se ha visto seriamente perjudicada por la disminución en el número de abejas. El principal socio comercial de los apicultores es el mercado europeo, que en diferentes ocasiones ha señalado que buscan la miel de México al estar libre de transgénicos.
Según la información de los impulsores de la petición y de los apicultores, la siembra de soya genéticamente modificada viola el derecho a un medioambiente sano, por el uso excesivo de plaguicidas y la deforestación que implica. Ya son miles de hectáreas de selva que han sido deforestadas para establecer este cultivo.
En caso de que la SCJN falle a favor de la empresa Monsanto, podría significar un golpe mortífero a la actividad económica y cultural más importante de 50 mil familias de la Península de Yucatán.
Hace 18 meses, por un amparo que interpusieron los apicultores, cuatro jueces locales frenaron el permiso de Monsanto, sin embargo la empresa y el Gobierno federal impugnaron el fallo que será abordado en los siguientes días por la Suprema Corte.
En 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó a la empresa de transgénicos Monsanto la siembra de soya en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
Los apicultores y las comunidades mayas acudieron ante la justicia federal al considerar que se vulneraban sus derechos a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada; al medio ambiente sano, y se hacía caso omiso al principio precautorio. Estos argumentos les fueron reconocidos por jueces federales mediante sentencias emitidas en 2014.
Sin embargo, las sentencias a su favor fueron impugnados por la Sagarpa y por Monsanto. El caso llegó a la SCJN dado a su trascendencia y relevancia, y la posible afectación o alteración de valores sociales, así como la convivencia y bienestar para las comunidades apícolas mayas que habitan en la Península de Yucatán.
Las organizaciones denunciaron que de aprobarse la siembra de soya genéticamente modificada en la Península de Yucatán terminaría con un círculo virtuoso en una región en la cual la apicultura ha fomentado un desarrollo humano sustentable durante años.
En este mes, la SCJN deberá resolver siete amparos presentados por las comunidades y las asociaciones apicultoras, que piden aborde el tema del derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, así como de las violaciones su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
En este contexto, las organizaciones instaron a que el Máximo Tribunal del país “garantice los derechos humanos del pueblo maya, confirmando las sentencias obtenidas en los Juzgados Federales y, por lo mismo, declarar como infundados los recursos interpuestos por las autoridades y Monsanto, de manera que se lleve a cabo un control de constitucionalidad de los actos reclamados y resulte la protección más favorable para las comunidades mayas, garantizando el principio de pluriculturalidad”.
En la Península de Yucatán se produce caso el 40 por ciento de la miel de país, que según datos de la Sagarpa, en 2014 generó ingresos por mil millones de pesos.
La soya transgénica y los plaguicidas utilizados para ello ponen en riesgo a las abejas en siete estados, según la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que señala que el nivel de afectación impide que éstas puedan quedarse en la zona porque cada vez tienen que volar más lejos para buscar bosques, además de que el uso de herbicidas y agrotóxicos las mata o las desorienta.
Gracias a la documentación que se tiene del caso, también es posible saber que la zona maya de la Península de Yucatán no es la única afectada, sino que las secuelas se extienden a otros estados: Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí.
