El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90 mil personas desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007, año del inicio de la guerra contra el narcotráfico.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo/EFE).- Miles de mexicanos marcharon este domingo por el centro de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de los hechos cuando se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero.
Como cada año, la manifestación arrancó en el emblemático Ángel de la Independencia de la capital, encabezada por los padres y madres de los jóvenes, y transcurrió por el centro de la ciudad con destino a la plaza del Zócalo, donde se levanta el Palacio Nacional, sede presidencial.
Antes de partir, un sacerdote ofició una misa en honor a los desaparecidos, cuyos rostros estaban impresos en las pancartas que llevan cada año sus familias.
La manifestación transcurrió entre cánticos como «Vivos se los llevaron, vivos los queremos» y algunas pintadas en mobiliario urbano sin dejar daños mayores.
Frente a un monumento con el símbolo +43 instalado años atrás, familiares y estudiantes corearon los nombres de los desaparecidos.
La desaparición de los 43 estudiantes cumplió este domingo 7 años con solo 3 de los jóvenes identificados y el responsable de la investigación en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en 2018 y derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
En una reunión el pasado viernes, López Obrador explicó a los padres que pidió a Israel la extradición de Tomás Zerón, artífice de la «verdad histórica», mientras que las familias criticaron el desdén que perciben por parte de la Fiscalía y el Ejército para esclarecer lo sucedido.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumple este domingo siete años con solo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables de la Administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos.
Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero que sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.
Además, llegan a este séptimo aniversario sin nuevos hallazgos y tocados por la reciente muerte por COVID de dos padres de familia que ya nunca sabrán el paradero de sus hijos.
