Este sábado se cumplen seis años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sin que hasta el momento se tenga certidumbre de qué paso la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Los padres de los estudiantes y activistas que los han acompañado en este largo camino denunciaron que altos funcionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto aún siguen en la Fiscalía General de la República (FGR) y son esos personajes quienes bloquean y obstaculizan la investigación del caso.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Qué pasó entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la llamada “Noche de Iguala? ¿Dónde están los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa? Esas son las incógnitas que hoy, a seis años de la tragedia, siguen vivas y que aún no encuentran respuestas concretas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos cumplen también seis años en busca de verdad, justicia y castigo a todos los responsables de la desaparición forzada y también de quienes cometieron serias omisiones en la investigación del caso. Y este sábado, además, conmemoran esta fecha con la expectativa de que un nuevo Gobierno de la República, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador, les ofrezca información realmente relevante sobre sus hijos.
“Llegamos a estos seis años con muchísimo dolor, desgastados de salud. Como ustedes saben ya murió una de las mamás [Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo, fallecida el 8 de febrero de 2018] y algunos de los otros padres están enfermos. El dolor es muy fuerte, pero la esperanza de encontrarlos y abrazarlos es mucho más grande, por eso tenemos que seguir buscándolos con todas nuestras fuerzas”, expresó el señor Mario César González, padre del normalista César González Hernández.
González Hernández, juntos a padres y el abogado del movimiento, también destacaron que esta lenta marcha hacia la justicia hay aún mucha gente en las dependencias federales, particularmente en la Fiscalía General de la República (FGR), que obstruyen sus pasos. «El Presidente y Gobernación hacen todo lo humanamente posible para poder llegar [a la verdad], pero desafortunadamente todavía tenemos gente de Enrique Peña Nieto en la Fiscalía General de la República que obstruyen las líneas de investigación y las órdenes de aprehensión”, detalló González, quien pertenece a la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa.
Doña Joaquina García Velázquez, madre del estudiante Martín Sánchez García, planteó en entrevista con SinEmbargo que seis años sin saber de sus hijos genera sentimientos indescriptibles acompañados de mucha desesperación y angustia. “Aunque los ánimos están muy bajos, más que nunca estamos dispuestos a seguir adelante”, expuso.
“Las mamás y los papás nos sentimos muy tristes y muy desesperados porque van a hacer seis años sin tener a nuestros hijos, sin poder abrazarlos, sin saber cómo están y eso nos preocupa mucho, pero estamos también con la fe y esperanza porque el Presidente [López Obrador] está escuchando nuestras peticiones y está cumpliendo con lo que se comprometió”, expresó por su parteCristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista
Sobre el caso, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló a este diario digital que los padres y madres de los normalistas llegan a otro año más en una situación complicada.
“[La desaparición] ha significado un sufrimiento indescriptible para los padres. Lo que nosotros pedimos ahora es dar celeridad a las investigaciones: que se mantengan las líneas de investigación abiertas y la búsqueda permanente hasta esclarecer plenamente los hechos y hasta dar con el paradero de los estudiantes”, dijo el defensor Rosales Sierra.
Los familiares y defensores de los normalistas destacaron que, aunque en este último año se han dado algunos avances en la investigación, todavía no es suficiente hasta esclarecer los hechos y encontrar a todos los estudiantes.
Vidulfo Rosales explicó que las circunstancias, tiempo, móvil y lugar de destino aún no están esclarecidas del todo porque los informantes, los testigos y los colaboradores que “están dando cuentas de dónde se ubica el paradero de los estudiantes” sólo se han limitado a señalar puntos en los que se podrían encontrar, pero no explican qué y cómo sucedieron los hechos.
“De tal manera que a la fecha no podemos tener todavía una narrativa muy clara que nos dé cuenta de lo que ocurrió ese día. Es algo que se sigue trabajando y que se sigue investigando”, dijo el abogado de las familias de los 43 en entrevista con SinEmbargo.
“Desafortunadamente no tenemos ninguna luz de lo que podría haber pasado el 26 de septiembre. Sí hubo una noticia de un positivo [la identificación del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre] que derrumbó lo que siempre hemos dicho que no era cierto: la “verdad histórica”, y se abrieron nuevas investigaciones, y nuevas narrativas, pero aún desconocemos que ocurrió realmente”, añadió el señor Carlos Mario González.
El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la identificación de una de las piezas óseas encontradas en las diligencias realizadas en noviembre de 2019; los restos pertenecían a Christian Alfonso, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Días antes de darse a conocer la identificación de esos restos de Christian, el 30 de junio pasado Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalñia General de la República (FGR), reveló que solicitaron 46 órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y desaparición forzada en contra de servidores públicos ligados a este caso.
Una de las órdenes de captura es en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera exdirector de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y quien fue artífice de la llamada “verdad histórica”, la versión que utilizó el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que establecía que los estudiantes fueron privados de la libertad a manos de policías corruptos y miembros del Cártel Guerreros Unidos, que después los asesinaron y quemaron en el basurero de Cocula, para luego arrojar sus restos en el río San Juan, que también atraviesa por ese municipio guerrerense.
Tomás Zerón huyó de México probablemente desde antes de marzo pasado, aseguran especialistas del caso. El 18 de marzo de 2019 la FGR anunció que un Juez había autorizado una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, el exfuncionario federal huyó antes. Luego, la Fiscalía General de Justicia pidió a la Interpol la emisión de una ficha roja para su localización a nivel internacional. De acuerdo con los últimos reportes, Zerón se encuentra en Canadá desde donde ha interpuesto amparos para evitar su captura.
Al respecto, Vidulfo Rosales detalló que la detención de Tomás Zerón de Lucio se ha complicado y retrasado porque luego de Canadá se le ubicó en Israel, país con el que México tiene acuerdos diplomáticos que dificultan la extradición del exfuncionario. “Se complica un poco dado los tratados que tiene México con Israel”, dijo.
El abogado detalló que varios de los elementos de prueba que existen en la indagatoria son sólo contra Zerón de Lucio, mientras que en contra del priista Jesús Murillo Karam aún sigue la investigación abierta para determinar su presunta responsabilidad. “Lo que ahora se tiene de manera concreta es lo de Tomas Zerón y esperamos que lo de Zerón desencadene en responsabilidades en contra de funcionarios mayores. Pero lo que ahora se tiene es eso”, abundó.
No obstante, los padres y madres de los 43 estudiantes esperan que este 26 de septiembre las autoridades federales den a conocer información o detenciones clave en el caso Ayotzinapa.
“Todos tenemos esperanzas de llegar a la verdad, de encontrar a nuestros hijos vivos, pero también estamos conscientes, como madres y padres, que ya pasó mucho tiempo de la desaparición forzada de nuestros hijos. Pero sea lo que sea nosotros queremos saber la verdad” expresó la señora Cristina Bautista.
El pasado 23 de septiembre, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló durante una comparecencia en el Senado mexicano que existe «información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche”.
A los activistas y organizaciones civiles que acompañan a los padres de los 43 estudiantes les preocupa que nuevas declaraciones de testigos protegidos o de detenidos fuercen una nueva narrativa que sólo esté sustentada en testimonios y no en pruebas contundentes.
“Que no se fuercen narrativas, tiene que dilucidarse plenamente este hecho y que, por otro lado, las instituciones del Estado mexicano que resulten competentes en el esclarecimiento tienen que dinamizar su actuación, tienen que ser más diligentes en el caso”, dijo Vidulfo Rosales. “No vamos a permitir que no lleguemos a la verdad. Tenemos que llegar a la verdad”, expresó también Mario César González.
LA FGR SIGUE SUCIA
Los padres de los estudiantes denunciaron que en la Fiscalía General de la República y en dependencias del Gobierno federal aún hay personajes de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto que bloquean y obstaculizan la investigación del Caso Iguala.
“Creemos que hay voluntad, pero también es difícil porque en la Fiscalía General de la República hay fallas, obstáculos y hay personas del Gobierno anterior que no le echan ganas y no permiten avanzar”, añadió la señora Bautista Salvador.
“Lo que pasa es que hay mucha gente en las dependencias que obstruyen los pasos que estamos dando. El Presidente y Gobernación hacen todo lo humanamente posible para poder llegar [a la verdad], pero desafortunadamente todavía tenemos gente de Peña Nieto en la Fiscalía General de la República que obstruyen las líneas de investigación y las órdenes de aprehensión”, detalló César Mario González, quien pertenece a la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa.
Joaquina García Velázquez, madre de Martín Sánchez García, abundó: “Nosotros sentimos, yo como madre siento que están protegiendo a alguien, a una persona muy importante que tiene que proteger que no quiere que encontremos a nuestros hijos y saber qué pasó con ellos”.
Vidulfo Rosales también detalló que se trata de altos funcionarios, cuyos nombres no quiso revelar por razones de la investigación. “Son funcionarios de alto nivel de la administración pasada que siguen incrustados en la FGR, que no han sido cambiados, pero no sólo ellos. O sea, sí son ellos, pero también es la institución en su conjunto que no parece acompañar este dinamismo y voluntad que muestran el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez”.
Vidulfo Rosales detalló que a la fecha hay cerca de 40 personas que permanecen detenidas, entre ellas José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos, pieza clave en el caso, quien el 1 de julio fue liberado por orden de una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal Almoloya de Juárez. Sin embargo, minutos después fue detenido de nueva cuenta por cargos de delitos distintos al caso de los estudiantes.
Al menos 78 personas que fueron detenidas por el caso de Ayotzinapa han quedado en libertad por presuntas irregularidades en su detención y fallas en el debido proceso, entre las cuales, destacan abusos graves como la tortura.
“Esto significa que las autoridades han puesto en libertad a varias personas que probablemente pueden dar más información sobre lo que pasó a los estudiantes. Los casos contra otros detenidos podrían desmoronarse por razones similares”, advirtió la organización WOLA en un comunicado.
Mario César González dijo que a partir de la identificación de Christian Rodríguez Tello “no tenemos noticias nuevas y tampoco tenemos detenciones, por eso es que nosotros estamos un poco desesperados por no saber por qué no se han dado detenciones o si ya hay órdenes de aprehensión”.
Cristina Bautista, en tanto, reiteró que una de las demandas de los padres es que el estado mexicano tiene la responsabilidad de realizar las detenciones con debido proceso y sustentadas. “No es justo que a seis años y no hay detenciones a las personas que estuvieron involucrados, autoridades y todo, no es posible que todavía no haya detenciones (clave). Esperemos que pronto haya detenciones”, dijo.
“La detención de las autoridades que participaron material e intelectualmente es lo que estamos exigiendo, pero ahorita lo que exigimos es la presentación de los muchachos. La consigna principal es saber el paradero de los muchachos y saber realmente que pasó ese 26 de septiembre”, abundó González Contreras.
La noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014, decenas de alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, viajaban en cinco camiones de pasajeros con destino a la Ciudad de México cuando policías los atacaron en Iguala, Guerrero.
Un camión que traslada al equipo local de futbol y un taxi –ajenos al movimiento estudiantil– también fueron agredidos. El saldo fue de seis personas asesinadas: tres estudiantes y tres civiles; además 43 normalistas fueron desaparecidos y al menos una cuarentena de personas resultaron heridas.
Hasta este 26 de sepotiembre de 2020 sólo tres de los normalistas desaparecidos han sido identificados gracias a pruebas genéticas: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Alexander Mora y Jhosivani Guerrero.
