Analistas y observadores dicen que la “verdad histórica” mostró incapacidad o falta de voluntad del Estado mexicano para impartir justicia
Ciudad de México, 26 de Septiembre (SinEmbargo).– El servidor público de mayor jerarquía inculpado por la violencia que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es José Luis Abarca, el Alcalde de Iguala depuesto y hoy preso acusado por delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Pero el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en más de una ocasión, menciona que durante las casi tres horas que duraron los ataques –en nueve puntos diferentes–, representantes de los tres niveles de Gobierno tuvieron información sobre los hechos.
Una de las principales fuentes, de acuerdo con el documento titulado “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas en Ayotzinapa”, fue el Centro de Control de la Policía Estatal, o C-4, lugar que describe como “una estructura de coordinación y comunicación en la que están presentes representantes de la Policía Estatal, la Policía Federal, la Policía Municipal y el Ejército” y que, esa noche, dice el reporte, estuvo operando, recibiendo reportes y, en gran medida, llamadas que pedían “ayuda” para la población.
Desde las 17:59 horas de ese día, dice el documento, el C-4 de Chilpancingo reportó vía telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala sobre la salida hacia esa ciudad de dos autobuses Estrella de Oro con estudiantes normalistas, los cuales realizarían actividades de boteo y de toma de camiones previas a la marcha del 2 de Octubre a la Ciudad de México; actividades, dice el reporte, que fueron también monitoreadas por el C-4 de Iguala.
“Los normalistas que llegaron a la Central fueron también monitoreados por estas instituciones a través del C-4. Además, miembros del Ejército en sus declaraciones ante la PGR señalan la vigilancia y la información que tenían sobre ellos. Tanto el teniente JG, como el comandante JRP señalaron la fluida comunicación establecida mediante el C-4, en la que se iban monitoreando los movimientos de los normalistas”, dice el documento.
“Por ejemplo, según el teniente JG, aproximadamente a las 21:00 horas el responsable del C-4 por parte de los militares, el sargento C, informó que los normalistas habían ido a la Central de Iguala, tomado autobuses y lanzado piedras, información proporcionada también al comandante del Batallón 27 y a la Zona militar 35. El comandante Rodríguez también declaró que estaba al tanto del robo de autobuses en la Central y del destrozo en un autobús. A través de ese sistema, el resto de las fuerzas policiales señaladas estaban al tanto de esos movimientos”, agrega.
El grupo de expertos acreditó no sólo el monitoreo de las actividades de los estudiantes por parte de las diferentes fuerzas armadas de los tres niveles de Gobierno, sino también la presencia de éstas, al menos “observando”, en escenas de ataques que terminaron con la desaparición de los estudiantes.
“Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército, de la Policía Federal y Ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del Ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves”, dice el apartado titulado Presencia de agentes de diferentes fuerzas de seguridad o Ejército que observan los ataques.
“Diferentes testigos señalan la presencia de Policía Federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de Policía Ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de Policía Ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de Inteligencia del Ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia, según reportes y declaraciones de miembros del Ejército; de Policía Ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes”, agrega el mismo apartado.
En el subtítulo “Tiempo en que se desarrollo la acción”, el GIEI destaca la “coordinación” entre los perpetradores que permitió sumar al menos dos cuerpos policiales de dos ciudades distintas (Cocula e Iguala) en diferentes lugares: “Tuvo cerca de una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y simultánea, a veces incluso con la participación en los dos lugares de los mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario del autobús, detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la presencia de Policía Estatal y /o Ministerial en ambos escenarios, y una Patrulla Ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos y colonia 24 de febrero de un grupo de sobrevivientes”.
El documento también plantea que los integrantes del 27 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron conocimiento de que los jóvenes normalistas fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala y, también, que no estaban en la comandancia.
“¿Qué hicieron con esta información? ¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron en ese momento a las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones recibieron? En caso contrario, ¿Por qué no informaron? ¿Por qué manejaron información restringida en el C4 esa noche? –cuestiona el reporte–. Estas eran parte de las preguntas que el GIEI deseaba hacer a los miembros del 27 Batallón y son parte de las indagaciones que hasta la fecha no ha realizado la PGR”.
¿FUE EL ESTADO?
La aparición de elementos policiacos municipales como perpetradores directos en la masacre de estudiantes normalistas de Guerrero evidenció, una vez más, la participación de diferentes fuerzas del Estado mexicano en la comisión de hechos criminales. Una consigna acusando al sistema de instituciones de aplicación de la ley apareció en octubre de 2014 en el Zócalo, durante una manifestación a un mes del crimen: “Fue el Estado”.
Un año después, el GIEI documentó no sólo el monitoreo y la presencia de agentes armados de los otros dos niveles de Gobierno en diferentes puntos que terminaron con la desaparición de los normalistas, sino también, y como ha sido ampliamente difundido en los medios, la desviación de la investigación de la Procuraduría General de la República. Una de las principales deficiencias de esta indagatoria, de acuerdo con los expertos internacionales, es la afirmación de que los 43 víctimas fueron incinerados masivamente en un basurero de Cocula por un grupo del crimen organizado.
—¿Fue el Estado?
“Si la consigna y la afirmación de que fue el Estado se refiere concretamente a los asesinatos, a los atentados con armas de fuego, las persecuciones y la desaparición forzada de 43 personas, entonces lo que esa afirmación exige es justamente una revisión detallada de todos esos niveles de complicidad, porque la versión oficial es justamente que ‘fue el narcotráfico, el crimen organizado’, pero los hechos no apoyan esa tesis, salvo que el Estado sea el principal grupo de crimen organizado y narcotráfico”, dice el periodista John Gibler, cuya investigación en Iguala encontró, antes que el GIEI, la existencia de un quinto camión con estudiantes que fue borrado de la investigación de la PGR.
“Pero, otra vez, no hablamos de una cosa espontánea, o posiblemente resultado de una confusión de identidad, porque hay demasiada complejidad y coordinación en el operativo de los hechos; es decir, nueve diferentes escenarios, muchas horas, diferentes corporaciones de policía, tienen que platicar entre ellos en persona, por radio, por teléfonos porque hay ataques simultáneos en diferentes partes de la ciudad y fuera de la ciudad. O sea el grupo armado que disparó contra Los Avispones estaba en posiciones de tiro esperando un camión a 15 kilómetros de la ciudad; (quiere decir que) tenían órdenes. Yo entrevisté a uno de los sobrevivientes que me dijo que escuchó textual, después de muchas ráfagas, decir uno a otro, afuera del camión ‘ya la cagamos comandante, son futbolistas’. Eso, ¿qué implica? Que había una orden de atacar a normalistas, pero cuando se dan cuenta de que era un equipo de futbol hasta ellos mismos dijeron ‘la cagamos”, agrega el autor, cuya investigación es un nuevo libro que recoge los testimonios de los sobrevivientes, testigos, estudiantes y familias de los 43 desaparecidos.
Para el investigador e historiador Sergio Aguayo, las conclusiones del GIEI son “un latigazo a la inoperancia del Estado mexicano, a la corrupción, a la demagogia, a la irresponsabilidad, a la impunidad; un compendio de la degradación última de un Estado que no cumple con los requisitos mínimos, que es controlar la violencia, usar legítimamente la fuerza para dar seguridad a la ciudadanía”.
Pero esa incapacidad de proteger a la población, dice, es histórica. Lo que es diferente con el caso de Iguala, insiste, es que, por primera vez en la historia del país, se cuenta con la posibilidad de poder aproximarse a la verdad sobre lo ocurrido en una masacre. Verdad, explica Aguayo, que es necesaria para determinar si la degradación del Estado mexicano es acción u omisión.
“Es que fue el Estado, todo el informe del grupo muestra que fue el Estado; de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿fue una política de Estado o fueron acciones disociadas de diferentes partes del Estado las que condujeron a un resultad trágico? Para eso necesitamos tener absolutamente toda la verdad”, dice el también autor del nuevo libro «De Tlatelolco a Ayotzinapa: las violencias del Estado«.
“¿Quién es responsable de qué? Esa es la pregunta que no está respondida, y no está respondida porque no hay información. Entonces, si (el ex procurador General de la República) Jesús Murillo Karam decretó la verdad histórica porque tuvo una iluminación camino al gimnasio, y porque se lo ordenaron de Los Pinos, y si se lo ordenaron, ¿quién se lo ordenó?”, agrega el investigador del Colegio de México.
“DEMOCRACIA VIOLENTA”
Al presentar su análisis de las posibles causas del ataque contra los estudiantes, el GIEI plantea la hipótesis de un “quinto camión” que no fue considerado en la investigación de la PGR. Por la importancia de Iguala en el tráfico de heroína, y a las evidencias –presentadas en Estados Unidos– de que este tráfico se realiza en autobuses como los tomados por los estudiantes, es probable, dice el GIEI, que ambas circunstancias se hayan cruzado; es decir, que, sin saberlo, los estudiantes hubieran tomado un camión con intereses del crimen organizado.
“El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses, y por tanto no ayuda a entender los hechos producidos esa noche”, dice el reporte.
“Mientras no existe una evidencia completa, el GIEI señala todas estas evidencias circunstanciales que confirman la importancia de investigar en profundidad esta hipótesis, ya que hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos”, agrega.
Es esta presencia del crimen organizado y la impunidad que impide saber quién está con quién, explica por separado Will Pansters, profesor de Antropología Cultural en la Universidad de Utrecht y director del Centro de Estudios de México de la Universidad de Groninge, lo que agrega complejidad al entendimiento de la utilización de la violencia por parte de Estado, una parte del cual, dice, “sabemos” que se ha coludido con el crimen organizado.
“Sabemos que hay colusión, que existe una zona gris entre actores estatales, no estatales, criminales organizados, desorganizados, y que existen redes de complicidad y de involucramiento en las que cada vez parece que es más difícil saber quién es quién”, dice Pansters desde Holanda.
“Entonces, si eso que notamos es resultado de incapacidad o insuficiencias, o es más bien, producto de una colusión y de protección de intereses, yo creo que son las dos cosas, que una puede reforzar a la otra. Lo que el informe deja ver es que, a nivel local, y no sólo a nivel local, hay una confusión entre diferentes actores y una interacción entre lo criminal y lo estatal”, agrega.
En este contexto, el también autor de “Violencia, coerción y creación del Estado en el México del Siglo XX”, plantea que “democracia violenta” puede ser un concepto a partir del cual se puede entender la realidad mexicana, en la cual, dice, la violencia no parece contraponerse o impactar el proceso de “democracia electoral”, sino, al contrario, reforzarlo.
“Parece que la violencia o las diferentes violencias tienen una funcionalidad para mantener el tipo de democracia que tiene México actualmente. Es decir, es una economía muy desigual, acuérdese el informe que publicó Oxfam hace un par de meses sobre la desigualdad extrema, y ese es una sociedad que, de alguna manera, como lo han dicho de otros países, requiere de instrumentos de control y de dominación que se apoyen en el uso de fuerzas de coerción y de la violencia, y eso combínalo con la inseguridad creada por los fuertes intereses del narco, entonces es difícil que uno puede sostener que los procesos políticos y democráticos o electorales se pueden sostener solamente por el camino institucional; esa es la idea, pero lo que estamos viendo es otra cosa”, explicó en entrevista.
Por eso, dice en coincidencia con Aguayo y Gibler, es prioritaria la investigación judicial, el establecimiento de la verdad, concepto al que el investigador ubica en el centro de la problemática “porque sin verdad no puede haber justicia”.
“INCOMPETENCIA EXQUISITA”
El periodista independiente John Gibler sostiene que, para comprender cómo funciona el poder del Estado, hay que observar su operación no desde las instituciones o en sus “centros”, sino en los extremos opuestos, dice, en donde se encuentra lo que, recurriendo a Michel Foucault, Gibler llama el “punto capilar” del poder, donde “toca cuerpos, se manifiesta y tiene su impacto real”.
Y la noche del 26 de septiembre en Iguala, afirma, es un ejemplo concreto de las formas que cobra este poder. Fue ahí, dice, donde se encuentra “el punto capilar que dispara y mata y desaparece; y, ascendiendo, llegamos al titular de la Procuraduría General de la República, que insiste en una versión absurda basada en tres confesiones contradictorias, probablemente obtenidas bajo tortura”.
Gibler, residente en México desde 2006, pasó todo el año pasado entre el Distrito Federal, Chilpancingo, Ayotzinapa, Tixtla, Iguala y Cocula obteniendo decenas de testimonios que ahora forman el nuevo libro “Una historia oral de la infamia”, recopilación de más de 40 voces sobre los hechos.
Como el grupo de expertos, Gibler encontró información para reconstruir lo ocurrido en nueve escenarios del crimen diferentes –y no en un solo punto, como asegura la versión de la Procuraduría General de la República– y durante tres horas, lo cual, explica en entrevista, desacredita la versión inicial de que se trató de una confusión de estudiantes con un grupo del crimen organizado.
“Cuando la PGR se enfoca en su solo escenario de ataque, la Juan N. Alvarez con Periférico, es para también promover esa versión de que se trata de narcos que se confunden con otros narcos, que mandan a los municipales corruptos a detenerlos, después entregarlos a los narcos y matarlos. ¡No! Los atacaron en nueve diferentes puntos, desde el centro de la ciudad hasta el crucero de Santa Teresa, donde atacaron (al equipo) de Los Avispones por error”, dice.
“La naturaleza de los hechos habla de un operativo coordinado entre varios niveles de Gobierno, estatal, municipal y federal, desde el monitoreo del C4 a las 5:59 pm hasta todas las escenas de crimen en Iguala donde matan y desaparecen a personas; ahí también hay una responsabilidad de establecer quién estaba al mando de ese operativo; inteligencia militar estaba observando, ¿por qué no actuó para parar los ataques, si ellos estaban observando física y directamente?”, cuestiona.
Otro nivel de responsabilidades, agrega, es la “incompetencia perfecta”, o “exquisita”, de la investigación conducida por la Procuraduría General de la República que, como mostró el GIEI, encubrió diversos hechos, como la existencia de un quinto autobús con estudiantes que fueron perseguidos.
“Hay otro nivel de responsabilidades, en el nivel del encubrimiento de los hechos, donde presentan una cosa como una incompetencia perfecta de las autoridades, una incompetencia exquisita, que no investigan ni levantan varias escenas del crimen, pierden la ropa, pierden o destruyen videos, o no van por los videos, pierden el quinto camión, ¡por Dios! podría parecer como incompetencia o ineptitud pero son tantas que, más bien, uno se tiene que preguntar ¿quién lo hizo? ¿por qué? Cuál es la cadena de mando para desviar la investigación de una de las peores atrocidades de los últimos tiempos?”, dice.
Por eso la consigna de que “Fue el Estado”, insiste, obliga a la investigación, el deslinde de responsabilidades y de confrontación con la “verdad histórica” que quiso cerrar la averiguación previa con un incendio en el basurero de Cocula en el que habrían perecido los 43 estudiantes.
“Toda la información que está pasando en los medios nos quiere siempre llevar a Cocula. Y muy poco se habla de que analicemos la información que tenemos confirmada de qué sucedió entre las 9:30 y las 2:30. Ahí es donde se nota que no fue una cosa de reacción confusa de último momento, sino un operativo estructurado, y coordinado entre varios niveles de Gobierno, y todo el esfuerzo de la investigación ha sido desviarnos siempre de la mirada hacia la participación de policías municipales, estatales y federales del papel del Ejército, y llevarnos a debatir cosas absurdas”, dice Gibler.
En el mismo contexto, el también autor de Tzompaxtle: la fuga de un guerrillero explica que, si bien el cargamento ilegal en un camión como probable móvil del crimen es sólo una hipótesis, en Iguala, que está probado es punto clave para el traslado de droga –especialmente heroína con destino a Chicago, según el informe del GIEI– abundan los testimonios sobre la participación de la Policía Municipal en el narcotráfico. Un negocio que, cuestiona, se supone que está siendo combatido principalmente por el Ejército Mexicano con apoyo de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida.
“Como participantes principales en esta supuesta guerra contra las drogas están el Ejército y la Policía Federal, ellos con sus bases en la ciudad de Iguala, ¿y no van a saber? Otra vez, o es la incompetencia exquisita o hay complicidad estructural en el negocio en la droga, y no sólo en la droga, sino también en la vida y la muerte como industria vinculada al narcotráfico (…) como me dijo Gloria Arenas (ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) en una plática: sin terror no hay negocio”, dice.
“ESTADO AUSENTE”
El investigador académico Sergio Aguayo plantea que el Estado mexicano perdió el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, y que la del 2 de octubre fue la última masacre con motivación política. A partir de entonces, publicó en un editorial titulado “Estado ausente” del pasado 10 de septiembre, lo que ocurrió fueron actos criminales protegidos desde el poder y arropados por la impunidad, como Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvárcar, Allende, San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, entre otros.
“Iguala destaca porque muestra la participación de todos los partidos, incluido el principal heredero de las víctimas del 68. Tras la desaparición de los normalistas está la frivolidad con la cual la principal tribu perredista -Nueva Izquierda- invitó a un títere del crimen organizado a saquear y ensangrentar Iguala, mientras los gobiernos estatal y federal se volteaban hacia otro lado para encubrir una impotencia observable en un recorrido por las oscilaciones de un Estado sin claridad ni rumbo”, dice en su artículo.
A diferencia de lo que ocurrió en Tlatelolco, agrega en entrevista, cuya orden vino de Los Pinos y tiene un responsable, “en Ayotzinapa no creo que sea el caso, pero esa es opinión que necesita fundarse”.
Por eso, insiste, es tan importante el análisis que los expertos están haciendo sobre la investigación y los hechos registrados hace un año en Iguala; trabajo que, se ha anunciado, se prolongará otros seis meses.
“Me parece muy saludable que se abra la posibilidad de tener esa verdad, esa radiografía, que de ninguna manera significa que vaya a haber justicia, porque son dos cosas diferentes, pero la única esperanza que tenemos de que tal vez haya justicia es con una información como la que tal vez tengamos”, dice.
“(El informe) es una banderilla al Estado mexicano, a todo, porque están llamando la atención sobre el manoseo hecho a la información y a la justicia en este caso, en el que hay huecos gigantescos, evidencia de que no hicieron su trabajo bien; exhibieron las chapucerías de un Estado no sólo una parte del cual está corrupto y asociado al crimen organizado, sino que es simplemente incapaz”, agrega el escritor.
“DESMODERNIDAD”
De acuerdo con Pansters, los Estados viven en una constante necesidad de reconstituirse en dos niveles: en el de las capacidades institucionales para gobernar y aplicar la ley, y en el simbólico, el que los dota de legitimidad para, precisamente, reproducirse y mantener la confianza de los ciudadanos.
Y lo que el informe del GIEI muestra, dice Pansters, es que el Estado mexicano, sus instituciones, tienen problemas para generar confianza tanto en sus capacidades técnicas como en su autoridad moral.
La clave, dice, es la fragilidad de lo que el Estado mexicano ha ofrecido como “verdad” sobre lo ocurrido el 26 de Septiembre y que no ha sido aceptada por las familias de las víctimas de los 43 estudiantes desaparecidos precisamente por estas carencias. Por eso es interesante, agrega, observar la relación que las familias han desarrollado con los integrantes del GIEI, que gozan entre ellos de mayor credibilidad que las instituciones mexicanas.
–¿Es esto resultado de un estado ausente, incapaz, o es esto el resultado de un Estado que ha decidido gestionar así?
–Pueden ser las dos cosas. Por eso quiero hacer la distinción, el Estado mexicano no es un estado fallido, como se dice, porque algunas instituciones funcionan muy bien, pero otras, dentro de algunas zonas del país funcionan menos; en ese sentido, hay ausencia o fragilidad en los dos pilares, en lo institucional y lo simbólico-moral. Es, efectivamente, una combinación de incapacidad, ineficiencia, o falta de recursos, falta de conocimiento. Eso, pienso, tiene que ver con la cultura política del personalismo, en el sentido de que no siempre los mejores capacitados llegan a los lugares donde deben estar, sino los amigos. Eso es ampliamente aceptado. Eso es primero. Lo otro es que sabemos que hay colusión, que existe una zona gris entre actores estatales, no estatales, criminales organizados, desorganizados, y que existen redes de complicidad y de involucramiento en las que cada vez parece que es más difícil saber quién es quién. Entonces, si eso que notamos es resultado de incapacidad o insuficiencias, o es más bien, producto de una colusión y de protección de intereses, yo creo que son las dos cosas, que una puede reforzar a la otra. Lo que el informe deja ver es que, a nivel local, y no sólo a nivel local, hay una confusión entre diferentes actores y una interacción entre lo criminal y lo estatal.
–Esta esta parte del Estado mexicano que es la encargada de procurar justicia, que es un desastre, y por otro lado está el México que está recibiendo las inversiones…
–La complejidad de entender y explicar lo que pasa en México es precisamente eso: la simultaneidad de muchos Méxicos. Recuerdo a veces la expresión del sociólogo mexicano Sergio Zermeño, de la UNAM, que hablaba de la desmodernidad, buscando así expresar la existencia simultánea de procesos que parece que no caven juntos o que son contradictorios, pero esa es precisamente la modernidad que vive el país, que combina estas cosas.
