Del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021, 443 personas migrantes fueron víctimas de algún delito durante su estancia en la región fronteriza, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Chihuahua.
Por Gabriela Minjares y Blanca Carmona
Ciudad Juárez, 26 de julio (La Verdad Juárez).- Una pareja que migró con sus hijas desde Honduras para cruzar a Estados Unidos cuenta cómo terminó engañada y en manos de una red de tráfico de migrantes que los privaron de su libertad y extorsionaron con miles de dólares a sus parientes. Una mujer que salió de Guatemala en busca de una mejor vida fue entregada en esta frontera a la mafia por presuntos policías. Una familia hondureña esperó su cruce a territorio estadounidense prácticamente escondida por el secuestro que sufrió la madre y su hija.
Son tres historias que exhiben la barbarie y la victimización que enfrentan los migrantes en esta frontera, tras su travesía desde Centroamérica y su paso por México. Encargados de albergues estiman que hasta ocho de cada 10 han padecido aquí algún abuso, violación a sus derechos o una acción criminal.
Sin embargo, consideran que cuando mucho uno de cada 100 migrantes que ha sido víctima de un delito ha presentado una denuncia de manera formal ante la autoridad correspondiente porque tienen miedo y desconfianza.
“De acuerdo con la experiencia, de cada 10 personas que hemos tenido en el albergue ocho traen situaciones muy parecidas no solo porque han sido víctimas de violencia en sus países y en el trayecto han padecido todo tipo de ultrajes, sino porque al llegar a la frontera los secuestran y los roban los mismos «polleros», personas del crimen organizado o los mismos policías”, asegura el directivo de un albergue que pidió mantener bajo reserva su nombre y el del refugio por protección de los mismos migrantes.
La Fiscalía de Chihuahua en la Zona Norte reporta que del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021 tiene registradas a 443 personas de origen extranjero que fueron víctimas de un delito durante su estancia en esta región fronteriza.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad encargada de procurar justicia, en 2020 registraron a 313 extranjeros víctimas de un delito y del 1 de enero al 11 de mayo de 2021 sumaron 130. Los delitos de los que fueron víctimas los extranjeros van desde el robo y amenazas, hasta secuestro y homicidio.
“No sólo llegan con los pies dañados por tanto caminar, desnutridos, deshidratados o enfermos, llegan emocional y psicológicamente rotos porque cuando piensan que están a punto de lograr su objetivo, que es cruzar a Estados Unidos, los violentan hasta dejarlos sin pertenencias y en algunos casos hasta sin ánimo para continuar”, dice el directivo del albergue.
Expone que han detectado varios casos de mujeres, hombres y familias completas que han sido secuestradas durante días o semanas desde que llegaron a la ciudad, porque en muchos de los casos los mismos traficantes los retienen con engaños mientras extorsionan a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos o los entregan a grupos criminales con el mismo fin.
En otros casos, cuenta, los que llegan a la ciudad por el aeropuerto o la central de autobuses son abordados por los mismos policías que se encuentran en estas instalaciones o en el exterior, quienes también los retienen para despojarlos de sus pertenencias, extorsionarlos y secuestrarlos.
“Por eso muy pocos se atreven a denunciar, porque tienen miedo que los criminales los reconozcan, que sepan dónde están y puedan tener represalias, prefieren callar y evitan salir”, comenta.
En los casos en los que los migrantes que han sido víctimas de delitos y han decidido interponer la denuncia, tampoco han tenido éxito, porque sólo “los traen a vuelta y vuelta” sin que nada les resuelvan.
El integrante de la red de albergues para migrantes que opera en la ciudad bajo la coordinación del Consejo Estatal de Población (Coespo) afirma que los abusos y delitos narrados por los extranjeros no son ajenos para las autoridades. En varias reuniones representantes de las organizaciones de derechos humanos con las que trabajan han expuesto los casos y nada ha pasado.
Esta inacción y desprotección de las autoridades mexicanas hacia los migrantes durante su estancia o paso por el país ha sido señalada también por organizaciones internacionales que han documentado las situaciones de alto riesgo a las que están expuestos y los han hecho vulnerables a delitos graves como el asesinato, secuestro y desaparición.
Prueba de ello es el informe de investigación denominado “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México; el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
En la investigación exhiben que los solicitantes de asilo enfrentan abusos no sólo por parte de autoridades, también por bandas de delincuencia organizada, debido a que son enviados a ciudades fronterizas que el gobierno estadounidense recomienda a su ciudadanía evitar porque son de “alto riesgo”.
En un periodo que va de 2019 a mayo de 2020, las organizaciones documentaron mil 114 casos de secuestro, violación sexual, secuestros, extorsión, tortura y asesinato de personas sujetas al Programa Quédate en México que se encontraban en distintas ciudades fronterizas del país, entre ellas Ciudad Juárez; así como 256 casos de niños y niñas que fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro.
“El Gobierno mexicano, muy a pesar de conocer esta realidad, está lejos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones acorde a la ley nacional y la normativa internacional”, dice la investigación.
Consultada sobre el tema, Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, asegura que entre el año 2020 y 2021 han atendido aproximadamente a 80 personas extranjeras en situación de emigración y víctimas de algún delito de varias nacionalidades: Cuba, Honduras, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, El Salvador.
Dice que el primer contacto con ellos se registra principalmente por agentes de la Fiscalía General y la Fiscalía de la Mujer, quienes les canalizan a las personas migrantes y les piden su acompañamiento cuando son rescatadas de algún hecho delictivo o cuando acuden a denunciar.
La encargada de atención a víctimas explica que los migrantes enfrentan hasta una triple vulnerabilidad: la primera, cuando salen huyendo de su país por la violencia, ya trae un estado de victimización; la segunda, cuando viven la inseguridad durante su trayecto; y la tercera, cuando son víctimas de otros delitos en esta frontera.
“La atención que se da, muchas veces, es la contención psicológica o la intervención en crisis… y ayuda humanitaria”, comenta. “Posteriormente hay una asesoría jurídica, los defensores jurídicos les brindan información, acompañamiento, en algunos casos somos representantes legales ante las instancias jurídicas, ante el Instituto Nacional de Migración o ante otras instancias que se requieren”.
En contraste, los migrantes exponen que las autoridades tienden a negar o minimizar sus casos. No pasa de que escuchen y digan que van a actuar, sostiene el directivo del albergue.
De acuerdo con los testimonios narrados por los propios migrantes en el albergue que dirige y por otros directivos que forman parte de la red de apoyo, las víctimas han señalado no sólo a los «polleros» y grupos criminales de los delitos cometidos en su contra, sino a policías de todas las corporaciones, incluyendo a personal dedicado a protegerlos que presuntamente trabaja en el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Ahora si que no podemos apartar a nadie, la corrupción está extendida en todos los niveles de las autoridades”, dice el director del refugio, “realmente llega un momento en el que decimos que ahora si no sabemos de quién cuidarnos”.
