El caso de Ayotzinapa dio un vuelco con el cambio de Gobierno en diciembre del 2018, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableciera una comisión especial para el caso. Esta comisión abrió la vía con la Fiscalía General de la República para crear una fiscalía especial, la cual reabrió el caso y finalmente modificó la narrativa marcada por el Gobierno anterior.
México, 26 de julio (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa demandaron este domingo a las autoridades mexicanas acelerar la investigación y ejecutar las detenciones de los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos en junio del 2014.
«Queremos mandar un mensaje al Poder Judicial y la Fiscalía General de la República para acelerar la detención de Tomás Zerón de Lucio y otros funcionarios que tienen que ver con el tema de Ayotzinapa», dijo Melitón Ortega, portavoz de los padres.
Una comisión de padres, acompañada de estudiantes de Ayotzinapa, escuela del sureño estado de Guerrero, llevó sus reclamos actuales al antimonumento a los 43 en la céntrica avenida Paseo de la Reforma en un mitin este domingo, a escasos dos meses de que cumplan seis años de la desaparición de sus hijos.
Zerón, quien se presume que se encuentra en Canadá, se desempeñaba como jefe de la policía de investigación durante el caso de los 43 y actualmente está acusado de tortura durante la investigación, por lo que actualmente tiene una orden de captura y se busca su extradición a México.
Durante el mitin, Ortega aseguró que los padres de Ayotzinapa ya no quieren «más simulaciones» de parte de las autoridades sino que ya es tiempo de que lleven a cabo «acciones concretas» y se den avances reales en la investigación.
«Queremos acciones concretas, compromisos, resultados concretos de la investigación y la detención de las personas que dañaron y desaparecieron a los estudiantes», declaró Ortega.
LA INVESTIGACIÓN ACTUAL
Ortega dijo que ciertamente los padres han sido informados de las nuevas acusaciones en el caso y de la emisión de nuevas órdenes de detención, pero que consideran que todo ello es insuficiente porque al momento no hay nuevas capturas.
«No tenemos avances, tenemos conocimiento de las órdenes, de las nuevas acusaciones, pero eso no es suficiente, queremos las detenciones», apuntó el portavoz de las familias de los estudiantes desaparecidos.
Ortega insistió que ver personas detenidas «es dar resultados» y que para exigirlos es que los padres y los estudiantes no se detendrán en sus exigencias de que el Poder Judicial «debe actuar lo más pronto posible».
El caso de Ayotzinapa dio un vuelco con el cambio de Gobierno en diciembre del 2018, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableciera una comisión especial para el caso.
Esta comisión abrió la vía con la Fiscalía General de la República para crear una fiscalía especial, la cual reabrió el caso y finalmente modificó la narrativa marcada por el Gobierno anterior.
Esta narrativa apuntaba a que los 43 estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre del 2014 por policías del municipio de Iguala (Guerrero), que los entregaron a un grupo de narcotraficantes que los asesinó e incineró sus cuerpos en un basurero cercano.
LA VERDAD HISTÓRICA
Ortega aseguró que la versión del caso que heredó el Gobierno de Peña Nieto «fue derribada» por los informes de los expertos que ya habían establecido la hipótesis de que no era probable que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero.
Para los padres, las nuevas investigaciones «implican enterrar más esa verdad histórica».
No obstante, Ortega sostuvo la exigencia de que se les entreguen «avances significativos, concretos, y las detenciones para poder investigar y para poder saber el paradero de los estudiantes. Es un llamado urgente, porque los padres no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir en la lucha», apostilló.
El pasado 10 de julio, López Obrador de reunió con los padres en el Palacio Nacional y se comprometió con ellos a trabajar para resolver el caso Ayotzinapa.
A principios de julio, la Fiscalía ordenó la detención de 46 funcionarios del estado de Guerrero en relación con la desaparición de los estudiantes, y previamente capturó a José Ángel Casarrubias Salgado, alías «El Mochomo», uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición.
Además, las autoridades mexicanas confirmaron la identificación de los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, con ayuda de expertos forenses en Suiza, los cuales fueron hallados a unos 800 metros del basurero donde presuntamente habían sido incinerados.
