Nicolás Maduro anunció la eliminación de las actuales denominaciones de mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil bolívares, que puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.
Ahora, la moneda llevará por nombre «bolívar soberano» y «va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro, cuyo precio se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana», aunque no dio mayores explicaciones al respecto.
Caracas, 25 jul (EFE/AP/SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió hoy a hacer anuncios económicos, esta vez bajo el apellido de «políticas del nuevo comienzo», un esquema que incluye la reducción de cinco ceros al bolívar, la revisión del régimen cambiario y un plan para fortalecer las reservas internacionales.
En un consejo de ministros transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro postergó la reconversión monetaria prevista para el 4 de agosto hasta el día 20 de ese mes y anunció su decisión de que esta medida reduzca cinco ceros al bolívar venezolano y no tres como había ordenado en un primer momento.
Maduro indicó que el nuevo cono monetario -con denominaciones que se adaptan más a la hiperinflación nacional- «va a tener modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana» lanzada por su Gobierno.
El Presidente señaló que el nuevo cono monetario «va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro, cuyo precio se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana», aunque no dio mayores explicaciones al respecto.
El gobernante indicó que la nueva unidad monetaria implica la eliminación de las actuales denominaciones de mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil bolívares, que el propio Maduro puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.
Al bolívar, la moneda venezolana, comenzó a añadírsele el calificativo «soberano» desde el pasado 1 de mayo, para anunciar precios junto a su actual denominación, y se enmarca en la segunda reconversión monetaria que implementa el país en diez años.
El cono actual con apenas una década en circulación, comenzó a hacerse insuficiente desde hace más de un año, cuando la inflación, que superó el 2 mil 600 por ciento en 2017 según el Parlamento, disparó los precios.
Asimismo, el gobernante adelantó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos Gobiernos, revisará una nueva ley en materia cambiaria para permitir el «libre flujo» de inversiones en el país, regido por un control estatal de las divisas.
En Venezuela opera un control de cambio desde 2003 que deja en las manos exclusivas del Estado la compra y venta de divisas, una medida que los economistas han criticado y señalado como uno de los factores causantes de la severa crisis económica por la que atraviesa Venezuela, hoy en día en un escenario de hiperinflación.
Maduro anunció hoy su intención de instaurar «un nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios (…) con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondiente a otros tiempos».
El mandatario se mostró optimista, pese a reconocer que los revolucionarios -como se denominan a sí mismo los seguidores del proyecto del ahora fallecido presidente Hugo Chávez- “hemos fallado”, en buena medida por la aplicación de “un falso modelo productivo estatista que pretende ser socialista, no lo ha sido, ni lo es», según evidencian los resultados. Agregó que espera que la reconversión, entre otras medidas, permita “grandes cambios revolucionarios en la economía que Venezuela exige de manera extraordinaria y necesaria”.
Prometió además «restituir totalmente el poder adquisitivo de la nación», una frase que dice un día después de que el Fondo Monetario Internacional pronosticase que la inflación de este año llegará a un millón por ciento en el país petrolero.
El jefe de Estado también anunció la entrega al Banco Central del país (BCV) una importante reserva petrolera para, según dijo, fortalecer el músculo financiero y las reservas internacionales del ente Emisor así como su capacidad de pago.
«Quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el BCV (…) de entregarle un bloque completo de reserva petrolera certificada (…) para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país», señaló.
Se trata, según explicó, de un bloque llamado Ayacucho 2, ubicado en la rica Faja Petrolífera del Orinoco (oriente del país) y «consistente en 29 mil 298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselos como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del BCV».
«Un paso histórico, ahora el BCV regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago, las reservas internacionales y el músculo financiero», prosiguió y detalló que esta entrega se hará a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las reservas internacionales de Venezuela se ubican hoy en 8 mil 766 millones de dólares, muy por debajo de los más de 20 mil millones de dólares de los que disponía el BCV en 2013 cuando Maduro asumió el poder.
Asimismo, el presidente ordenó la exoneración durante un año de impuestos a la importación de maquinarias y materia prima que permitan acelerar el crecimiento del país.
El Gobierno de Venezuela dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004. Desde hace una década tampoco autoriza a que el FMI haga la revisión anual de sus indicadores económicos, a la que están obligados todos sus países miembros.
Maduro, que es señalado en las encuestas como el principal responsable de la crisis, atribuye los elevados precios y la escasez de productos básicos a una «guerra económica» promovida por adversarios políticos y empresarios para desestabilizar su gobierno.
Sin embargo, los críticos del mandatario sostienen que la crisis económica es en esencia producto del agotamiento de los sistemas de control de cambio y de precios, que han estado vigentes desde 2003, entre otras medidas restrictivas que han acabado por socavar las actividades productivas y comerciales del país.
