El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió garantizar la pluralidad de las expresiones y no utilizar al Estado para censurar. Pero en lo que va de su gestión, la organización Artículo 19 indica que «esta narrativa no tiene rumbo claro”, ya que México, además de seguir siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, también es uno de los «más desiguales, corruptos y con mayor impunidad”.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) generó grandes expectativas en cuanto a la libertad de prensa. Mientras que el Presidente de la República asegura que la corrupción ya se acabó, que el país va de maravilla y que los usos y costumbres del viejo régimen se acabaron, la realidad nacional sugiere otra cosa, de acuerdo con Artículo 19.
«El presidente Andrés Manuel López Obrador [AMLO] ha expuesto como ‘elemento central’ de su gobierno otorgar las mismas oportunidades a los hijos de los ricos que a los de los pobres, sin embargo, las oportunidades para hacerlo están distribuidas desigualmente entre la población y a un año del cambio de gobierno, México sigue inmerso en la desigualdad, la corrupción y la impunidad”, se lee en el informe anual (2019) «Disonancia: Voces en Disputa».
De acuerdo con el documento dado a conocer este día, el primer año de mandato de AMLO es un mosaico de matices que van desde “lo bueno” hasta “lo malo” y “lo feo”.
Para Artículo 19, lo bueno del año pasado fue la narrativa del cambio social que llevó a la gente a repudiar los abusos del sexenio pasado y a convertirse en «verdaderos actores políticos para combatir el poder”. En ese sentido, la organización destaca el papel fundamental de las redes sociales como medio de organización y expresión ciudadanas.
Entre los buenos aspectos del primer año de mandato de AMLO, Artículo 19 asimismo refiere el reconocimiento por parte del Gobierno de la «sistematicidad y generalización de la violencia en el país” y de la “violencia de Estado”, además del avance que tuvieron movimientos sociales como el feminista, ya que durante 2019, «las mujeres se apoderaron del espacio cívico físico y digital para expresar su lucha por acabar con los abusos y violencias a las que se ven expuestas en todos los ámbitos de su vida familiar, laboral y social”.
Entre los aspectos malos del primer año de gestión de la 4T, la organización menciona el uso del espacio público y de las mañaneras por parte del Ejecutivo federal, para polarizar y anular a aquellos a quienes se considera adversarios del movimiento del Presidente López Obrador.
«Después de un año de gobierno, lo que queda claro es que aquellos actores de la sociedad sean del sector que sean e incluso de cualquier clase social, que no toman una postura política a favor de lo que el presidente llama la Cuarta Transformación se convierten en adversarios. Con tal de ganar e imponer la narrativa en la opinión pública, ha llegado al punto de sacrificarlos”.
En este contexto, Artículo 19 indica que “en su intento por dominar y marcar la narrativa de la agenda nacional, el Presidente ha hecho de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”. El peligro es, en ese sentido, que la capacidad del Gobierno para «fijar los ‘términos y condiciones’ del debate público a través de las conferencias no sólo radica en la desinformación o la información sesgada, sino que se convierte en un elemento importante en la profundización de la polarización” social.
Un aspecto relevante es la veracidad de las afirmaciones y contenidos difundidos en las conferencias matutinas.
«De acuerdo con cifras de SPIN Taller de Comunicación Política, López Obrador emitió 15 mil ‘afirmaciones no verdaderas’ (compromisos, promesas, asertos no comprobables o falsos) en 365 días. Esta cantidad destaca, incluso, en comparación con las 15 mil 413 afirmaciones falsas o no comprobables, durante 1 mil 55 días de gobierno de Donald Trump, quien se ha caracterizado por dar información no verdadera”, destaca el informe de Artículo 19.
La polarización inclusive ha llegado a afectar la labor periodística en México. En 2019, el intento del gobierno por controlar información se reflejó en aumento a agresiones contra periodistas, ya sea por el Ejecutivo federal o en otras instancias.
Los periodistas «han visto cómo, al formular cuestionamientos al presidente o a sus acciones de gobierno, las redes sociales inician un hostigamiento con los calificativos usados por el propio Ejecutivo para referirse a la prensa crítica con su administración:’fifí’, ‘conservadores’, ‘chayoteros’ e ‘hipócritas’, lo que se ha convertido en un aliciente adicional para las agresiones y en nada ha abonado a generar condiciones propicias para el ejercicio periodístico en un país que es, hoy por hoy, el más violento contra las y los periodistas en un contexto no bélico”, se lee en Disonancia: Voces en Disputa.
Lo anterior nos lleva a “lo feo” del primer año de gobierno de AMLO.
«Mientras el Presidente escaló el nivel de confrontación hacia la prensa, las agresiones contra periodistas se acumularon en todo el territorio nacional. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, Artículo 19 documentó 609 agresiones contra la prensa, contrastando con las 544 de 2018. De esta manera, en México, durante 2019 se agredió a un periodista aproximadamente cada 15 horas, mientras que durante el año previo era uno cada 17.14 horas”.
Las cifras presentadas por la organización indican que de las 609 agresiones documentadas, «las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques. Si bien todas las agresiones aumentaron, el ´uso ilegítimo del poder público’ pasó de 22 ocurrencias a 46, duplicándose en sólo 12 meses”.
A pesar de las denuncias y las promesas de acabar con la situación generalizada de impunidad, éste problema «sigue permeando en más de 99 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas. Mientras esto no cambie, la violencia a la que se enfrenta la prensa difícilmente cesará”, asegura Artículo 19.
Los datos por estado sobre agresiones contra periodistas muestran que la Ciudad de México registró el mayor número de agresiones, con 84 casos; seguido de Quintana Roo, con 57; Guerrero, con 51, y Puebla, en donde hubo 34 agresiones. En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno.
En la opinión de Artículo 19, “en los casos de la Ciudad de México y Quintana Roo preocupa que en sólo doce meses el número de agresiones contra la prensa se duplicó. Por otro lado, los estados donde se documentaron menos ataques fueron Querétaro, con una agresión, seguido de Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas, con tres atentados cada uno. En Chihuahua, Artículo 19 documentó cuatro agresiones.”
Del total de casos de agresiones de 2019 contra la labor periodística, la organización dio a conocer que el 88.5 por ciento fue perpetrado en contra de periodistas, mientras que 11.5 por ciento fue contra medios. Asimismo, las cifras indican que de las agresiones contra periodistas, el 27.4 por ciento fue contra mujeres periodistas, lo que equivale a 167 casos.
Por lo anterior, Artículo 19 refirió en su informe que “el 2019 fue un año perdido por López Obrador para robustecer las garantías de los derechos a informar y a informarse de manera plena.”
El ACCESO A LA INFORMACIÓN
«En México el acceso a la información es un privilegio para personas con mayores niveles educativos y que no tienen el límite de la brecha digital. Pese al discurso que ha acompañado al Presidente de ‘primero los pobres’ y de prioridad a los pueblos indígenas, la realidad es que estos sectores siguen viendo vulnerados sus derechos en esta materia”.
Para Artículo 19, “desafortunadamente, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido importantes retrocesos y la Federación dejó de ser un referente en el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información, con un incremento en la falta de atención a solicitudes de información, así como en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y centralización de la información».
Las cifras de la organización indican que del 1 de enero al 28 de noviembre de 2019, se dirigieron 259 mil 526 solicitudes de información a instituciones del ámbito federal, con un aumento en el número de recursos de revisión, es decir, la impugnación que hace una persona cuando una solicitud de información no fue bien contestada o cuando se niega o limita su acceso. Mientras que en 2018 fueron impugnadas 4.8 por ciento de las respuestas a las solicitudes, en 2019 se impugnó el 6.6 por ciento.
La falta de acceso a la información también está ligada a la inexistencia de datos como forma de control.
«Cada gobierno ha desarrollado una serie de argumentos para mantener el control de la información. El de Andrés Manuel López Obrador sustituyó el argumento de la reserva o confidencialidad de la información por el de ‘la inexistencia’. Así, en 2019, se incrementó el número de declaratorias de inexistencia de la información en 160 por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y en 285 por ciento respecto al de Felipe Calderón. En 2019, hubo 14 mil 801 declaratorias de inexistencia de la información”, refiere Artículo 19.
Por otra parte, las cifras de la organización denuncian que el incumplimiento de las obligaciones de transparencia en el gobierno actual tiene un incremento de 200 por ciento, al pasar de 255 infracciones, en 2018, a 656, en 2019. Para la organización, “la falta de cumplimiento de estas obligaciones demuestra la ausencia de compromiso con los valores institucionales de transparencia y apertura”.
Los datos también arrojan que la mayor parte de las denuncias por falta de transparencia y rendición de cuentas están dirigidas contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con 81; seguido de la Secretaría de Salud, con 22, y la Cámara de Diputados, con 18.28.
PUBLICIDAD OFICIAL
Un aspecto positivo del primer año de gobierno de AMLO fue que el gasto en publicidad oficial fue a la baja.
«Durante 2019, el gobierno destinó alrededor de 50 por ciento menos recursos con respecto a lo que gastó Peña Nieto durante 2018, al pasar de 10 mil 725 millones de pesos ejercidos en ese año a 4 mil 258 millones aprobados en 2019.
A pesar de la disminución en la cantidad de dinero que se entrega a medios de comunicación, «esto aún no se ha traducido en más libertad para informar, ya que la disminución de recursos no disuelve la posibilidad de que el gobierno incida editorialmente —de manera tácita— en los medios ni elimina los sesgos editoriales a favor del Estado”.
Para Artículo 19, también está el actuar del Presidente AMLO, quien «ha concentrado sus esfuerzos en controlar la agenda mediática a través de la realización de conferencias de prensa diarias, que también se han convertido en tribunas usadas para aleccionar a periodistas y medios críticos con su gobierno”.
“Artículo 19 ha documentado 12 casos en los que López Obrador ha hecho un comentario hostil público en contra de un o una periodista, con una reacción inmediata en las redes sociales, que se llenan de insultos y amenazas dirigidas a quien haya formulado críticas al gobierno”.
En su informe, la organización indica que el paso hacia adelante por la reducción del gasto en publicidad, implica también un retroceso.
“Dado que no existen criterios claros para la asignación de gasto de comunicación social, éste seguirá siendo un mecanismo de censura indirecta. Cuando el gasto es excesivo, se utiliza como prebenda; cuando es poco, también tiene un efecto de control, dada la dependencia económica de los medios de la venta de espacios para publicidad oficial».
