De acuerdo con el último reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, de la Segob, México afronta una crisis histórica de desapariciones con 212 mil 193 denuncias de personas no localizadas desde 1964; y con un acumulado de 85 mil 006 reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México padece de fallas “críticas” en la observancia de la ley y unos de los peores niveles de asesinatos de periodistas fuera de una zona de guerra, de acuerdo con un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno mexicano indicó el domingo que “se fortalece el trabajo” en las áreas criticadas por la Comisión, que es un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Tales áreas incluyen la falta de acceso al sistema de justicia, las fuerzas policiales débiles y la militarización de las fuerzas del orden. El reporte elogió a México por buscar a los desaparecidos, pero activistas dijeron que el Gobierno sigue dependiendo en gran medida de las labores de voluntarios dirigidas por los familiares de los desaparecidos.
“Durante la visita, la Comisión constató en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, señaló el reporte. “Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana… generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales».
“Las barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia, en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes”, añadió.
El grupo cívico Impunidad Cero estima que hasta 2020, casi nueve de 10 homicidios en México quedan impunes.
Mientras que la Guardia Nacional, creada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asumido muchas labores de seguridad en México, el reporte señaló que en gran parte es una fuerza militar.
La Comisión recomendó a México “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”. Pero el reporte añadió que “desde el 2018, los presupuestos para el fortalecimiento de las policías locales han disminuido o sido eliminados”.
López Obrador, quien es conocido por su medidas de austeridad, asumió el cargo en diciembre de 2018. Creó la Guardia Nacional, pero la formó en gran medida con soldados luego de que eliminó a la Policía Federal.
En tanto, los homicidios siguen en niveles muy altos en México. Los asesinatos disminuyeron 4.5 por ciento en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, pero de momento no está claro si fue un efecto secundario de la pandemia de coronavirus. Por lo menos nueve periodistas fueron asesinados en el país el año pasado, la mayor cantidad del continente americano.
El Gobierno de López Obrador ha hecho frente a los abusos de derechos cometidos por soldados desalentando a la Guardia Nacional y al Ejército a entrar en conflicto, hasta el punto de que algunas unidades han sido intimidadas, desarmadas o incluso secuestradas brevemente por multitudes molestas.
El reporte mencionó las labores de México para buscar de manera más seria a las 85 mil personas que han sido reportadas como desaparecidas desde 2006, cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico del país.
La Comisión señaló que “saluda la buena práctica del Estado mexicano de garantizar la participación efectiva de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil en la construcción y diseño de políticas públicas en materia de búsqueda”.
Sin embargo, activistas señalaron que el Gobierno sigue dependiendo en gran medida de los familiares que buscan a sus seres queridos en fosas clandestinas.
Patricia Flores fundó el grupo Madres Buscadoras de Sonora en el norte de México luego que sus dos hijos desaparecieron. En dos años, el grupo ha encontrado unos 400 cuerpos en fosas clandestinas. Señaló que las autoridades han sido lentas o no han estado dispuestas a ayudar, pese a que las buscadoras a menudo son perseguidas o amenazadas por presuntos miembros de pandillas.
“Hay mucha ineptitud por parte de las autoridades”, comentó Flores. “No salen con nosotros (a las búsquedas), muchas veces nos niegan la protección. Hemos tenido problemas, corremos mucho riesgo”.
