Grupo Fármacos Especializados consiguió de un juez administrativo la suspensión definitiva ante el veto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en concursos gubernamentales. En lo que se resuelve «de fondo» si la farmacéutica –dominante en el sexenio pasado en venta de medicamentos y materiales de curación– incurrió en acaparamiento, puede participar (como antes) en licitaciones públicas y adjudicaciones directas.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 20 de marzo, para impedirle participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de medicamentos y materiales de curación.
Con esta suspensión –otorgada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga– la farmacéutica puede competir por contratos del Gobierno federal mientras se resuelve de fondo si en el pasado incurrió en acaparamiento, lo que debe ser asentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un proceso que puede tardar seis meses o más, según fuentes judiciales consultadas por SinEmbargo.
Otro elemento que pudiera impedirle participar en las ventas gubernamentales sería una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento de contratos. Hasta ahora, la empresa ha acreditado que no ha estado en esa circunstancia.
CUANDO ERA EL REY
Hoy en los juzgados, el paisaje era otro para la empresa el año pasado. Sólo en 2018, el Gobierno de Enrique Peña Nieto le compró medicamentos por 19 mil 756 millones 112 mil 415 pesos con lo que le puso la corona de rey entre los proveedores del sector salud, según la localización de los fallos de los contratos en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental de uso obligado para los proveedores según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En total, durante el sexenio, el grupo se hizo del 35.2 por ciento (106 mil 813.3 millones de pesos) de los 303 mil 76.6 millones de pesos que se autorizaron en el Gobierno federal, una cifra que supera dos veces a sus cercanos competidores y que también fueron vetados por el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Farmacéuticos Maypo se llevó el 11.6 por ciento (35 mil 149.3 millones de pesos) y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) tuvo 11.4 por ciento (34 mil 620.4 millones de pesos).
Mientras, el sector salud de México alcanzaba uno de sus puntos más críticos, según consta en un diagnóstico elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La infraestructura se debilitó tanto que no había -no hay aún- acceso efectivo a atención médica de calidad; los médicos llegaron a ser 2.4 por cada mil habitantes cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de tres por cada mil ciudadanos, y en general, fue registrada la peor inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) al recibir sólo 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El investigador Gustavo Leal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, explica que la venta de medicamentos concentrada en unos cuantos «fue posible después de la aplicación sistemática de política neoliberales en el sector salud, un ciclo que se inició en los ochenta, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y continuó sin parar hasta los días del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Una gran posibilidad tras el acaparamiento son los intereses de algunos políticos».
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Pese a la crisis del sector salud, para Grufesa no parecía haber grandes obstáculos. De hecho, fue en 2018, cuando arrancaba la última etapa de la administración, cuando firmó cuatro de sus cinco contratos más caros del sexenio. Uno fue por tres mil 520 millones 101 mil 495 pesos, otro por dos mil 567 millones 227 mil 681 pesos, uno más por mil 107 millones 130 mil 619 pesos y otro por mil 28 millones 188 mil 415 pesos.
Y fue ese año en que consiguió 18.4 por ciento de toda su venta durante la Administración peñanietista, que fue de 106 mil 813 millones 300 mil pesos.
De 913 contratos que le fueron otorgados ese año, 68.5 por ciento fueron signados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 8.3 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros compradores a esa empresa fueron el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Los contratos localizados de Grupo Fármacos Especializado en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental de uso obligado para los proveedores según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tienen un denominador: no están completos. Así, se desconoce en cuánto vendieron las unidades y qué cantidades fueron compradas; además de si hubo mejores precios por parte de otros competidores.
Un ejemplo de esa opacidad, es el contrato signado con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) por 557 millones 468 mil 915 pesos por los antirretrovirales Atazanavir, Lopinavir, Ritonavir y Dolutegravir. Fue el último suministro antes del veto impuesto por el Presidente López Obrador, pero no es posible conocer los precios por clave.
La página cibernética de Grufesa se encuentra caída. En Linkedin, red social (de empleos), aparece como Director general, Jorge Rozette con quien SinEmbargo solicitó una entrevista, pero no le fue concedida. Por lo pronto, el próximo semestre será clave para la resolución de esta madeja de miles de millones de pesos sobre la cual, el Jefe del Ejecutivo dijo el pasado 6 de marzo: «Había, cuando menos, omisión».
