El domingo pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó un año de investigación sobre el caso Ayotzinapa con un informe que puso de manifiesto la debilidad del sistema de procuración de justicia en el país, al que la corrupción tiene tomado del cogote.

Las conclusiones del GIEI muestran que desde la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando sucedió la tragedia en Iguala, Guerrero, las autoridades locales en Guerrero y luego las federales que asumieron “de lleno” la investigación han sido incapaces de seguir protocolos básicos, cayendo una y otra vez en contradicciones graves y, lo peor, en falsedades, lo que enturbia todavía más la imagen de un Gobierno que no ha podido o, más bien, no ha querido apuntalar el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho en el país.

El informe del GIEI –un grupo de cinco expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)– fue crudo, además, porque dijo a los cuatro vientos –como ya han hecho otros especialistas de la Organización de las Naciones Unidas– que el Gobierno federal simula el dejarse ayudar por especialistas y, después, cuando éstos entran en los temas más espinosos les obstaculiza el trabajo, los desacredita y encima les cierra la puerta en las narices.

En tres años, cuatro meses y 25 días de este sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto, rodeado de decenas de “brillantes” colaboradores en el tema de seguridad y política interna, la estrategia del desdén no se ha movido ni un milímetro y ahora de tanto y tanto practicarla ha caído en el absurdo.

El caso Ayotzinapa es uno de los cientos que se acumularon en estos más de tres años, pero es quizá el que mejor ilustra la indiferencia que se ha aplicado tanto a los escándalos de corrupción y conflictos de interés en la cúpula del propio Gobierno federal, como a las problemáticas en torno a la tortura generalizada –causada incluso por fuerzas del orden, como policías, soldados y marinos–, las desapariciones forzadas, los feminicidios, las ejecuciones extra judiciales, los secuestros, la trata de personas, el narcotráfico, la explotación y abuso de migrantes, etcétera.

En Ayotzinapa, por ejemplo, la displicencia del Gobierno mexicano estuvo presente desde las primeras horas y se mantiene un año y 7 meses después.

Se minimizó la magnitud del horror durante días: no es sino hasta el 4 de octubre que la Procuraduría General de la República (PGR) asume la investigación y el 6 de octubre, 10 días después, el Presidente Peña Nieto lanza un mensaje oficial para referirse a un tema que a esas alturas había dado varias vueltas al planeta, como una dolorosa prueba de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México.

El desaire continúa cuando la PGR, entonces al mando del priista Jesús Murillo Karam, deja flotar en el aire la posibilidad de que los normalistas estaban relacionados con el crimen organizado.

Luego, el menosprecio toma forma en la figura y actuación de Ángel Aguirre Rivero, entonces Gobernador de Guerrero, quien pide licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, pero nadie lo investiga y sus acciones y omisiones en torno al caso Iguala quedan en el limbo.

Y el desdén sigue: el Jefe del Ejecutivo alza la mano y el 29 de octubre –a más de un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, con un país en protesta y con las críticas de la comunidad internacional encima– recibe en Los Pinos a los padres de los normalistas. Ahí les firma 10 compromisos… que a la fecha no ha cumplido.

Pero si otra prueba de desinterés se necesitaba en esas primeras semanas de tragedia, ésta llega pronto: el 7 de noviembre de 2014, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Murillo Karam informa que en Cocula, Guerrero, se había registrado un homicidio masivo. Tras 58 minutos de conferencia de prensa le lanzan una pregunta y con un gesto de cansancio dice: “Ya me cansé”, y da por terminado el encuentro.

Al “Ya me cansé” seguiría la “verdad histórica” del 27 de enero de 2015: “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad. Privados de la vida, incinerados, y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Es la verdad histórica, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy por el Ministerio Público de la Nación que ha solicitado imposición de las penas más altas que la legislación propone”.

Hoy sabemos que nada de eso fue cierto y aun teniendo las pruebas en la cara, el Gobierno no cede: trató de desacreditar a los integrantes del GIEI y a autoridades de la CIDH, minimizó sus hallazgos, ignoró sus demandas más importantes, subestimó a los organismos internacionales que los propusieron y, por supuesto, desdeñó las conclusiones de sus informes previos e incluso las del 24 de abril, donde ninguna autoridad estuvo presente en la presentación final.

Mucho desdén, mucho menosprecio, mucha indiferencia, mucha soberbia… tanto y tanto de eso que ya cayó en el absurdo.

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

Rita Varela Mayorga

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Periodista especializada en economía y finanzas. Fundadora y Directora de Información de SinEmbargo.mx, fue también Directora de la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios, Directora Editorial de El Economista y Editora en el diario Reforma. Es consultora editorial y ha participado en procesos de reingeniería de una decena de medios de comunicación nacionales. Además es coautora de los libros Los Suspirantes (Editorial Planeta, 2005); Los Amos de México (Editorial Planeta, 2007); Los Suspirantes 2012: Los precandidatos de carne y hueso (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2012), y Los Suspirantes 2018: La carrera por la Presidencia de México (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2018).

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