Para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 se ha convertido en una «prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades de afrontar la violencia criminal y la corrupción». Rupert Colville, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo este martes desde Ginebra que es «muy importante que el Gobierno de México actúe de manera decisiva sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familias».
Ciudad de México/Ginebra, 26 de abril (SinEmbargo/EFE/AP).– La ONU dijo hoy que son preocupantes los diversos obstáculos y problemas que encontraron los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que les «impidió explorar algunas líneas de investigación».
Así lo señaló en una sesión con periodistas en Ginebra el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien detalló que algunos indicios en los cuales los expertos no pudieron profundizar tenían que ver con «los roles y responsabilidades de las fuerzas armadas y de otras autoridades».
«Hacemos un llamado al Gobierno para garantizar el efectivo seguimiento a la investigación del reporte y para hacer frente a los retos estructurales que expuso. También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado que establecerá», dijo Colville.
Formado a instancias de la CIDH, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio por concluida hace dos días su investigación en el caso de los jóvenes desaparecidos en el municipio de Iguala.
Al presentar se informe final, el GIEI destacó distintas irregularidades en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) como fue la omisión de líneas de investigación y la posibilidad de que se alterará evidencia importante para el caso.
El Grupo encontró además que durante la noche del 26 de septiembre de 2014 autoridades municipales y criminales actuaron de manera coordinada para evitar la salida de los normalistas de la ciudad de Iguala. También confirmó que tanto la Policía Federal como el Ejército Mexicano estuvieron al tanto de lo que ocurrió esa noche.
Un día después de divulgarse el reporte, madres y padres exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno siga las líneas de investigación sugeridas por los expertos de la Comisión Interamericana e investigar al director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio ante la posibilidad de que haya «sembrado» evidencias.
Los expertos también denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, quienes parecen empeñadas en sostener la teoría oficial de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, algo que ha sido rechazado desde hace meses por peritos independientes.
El trabajo del grupo «nos ha demostrado las mentiras en que ha caído la PGR», dijo el día de ayer Mario César González, padre de César Manuel, uno de los alumnos desaparecidos. «El gobierno desde el principio nos empezó a mentir», denunció a su vez Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, un día antes de que se cumpla un año y siete meses de la desaparición.
Las conclusiones de su informe colocaron a los expertos en una posición de enfrentamiento con el Gobierno mexicano, al que criticaron por obstaculizar su trabajo. Al mismo tiempo, le pidieron que actúe para asegurar que los responsables de ese crimen responderán ante la Justicia.
En la misma línea, la ONU formuló un llamamiento a las autoridades para que «garanticen un seguimiento efectivo de la investigación y resuelvan los problemas estructurales que puso en evidencia».
«También pedimos al Gobierno que se comprometa con el mecanismo de seguimiento que el CIDH ha anunciado que establecerá», comentó el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Colville dijo que es «muy importante que el Gobierno actúe de manera decisiva sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familias».
Al valorar la intervención de la instancia interamericana, la ONU sostuvo que el «caso Iguala muestra el rol crucial que la cooperación internacional puede jugar a la hora de ayudar a los Estados a luchar contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos».
Para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 se ha convertido en una «prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades de afrontar la violencia criminal y la corrupción».
La ONU felicitó al Grupo de Expertos, que incorporó a su investigación el asesinato de otros seis jóvenes ocurrido también en 2014, por su «inestimable trabajo», contenido en un informe de 605 páginas.
Aunque destacó la voluntad expresada por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la Procuradora Arely Gómez Gonzales, los exhortó a «explorar a fondo las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo [de Expertos], así como fortalecer las investigaciones en este emblemático caso».
