Luego de que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, presentara un diagnóstico general sobre el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil consultados por SinEmbargo instaron a las autoridades a que continúen realizando acciones que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– El diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodíguez, generó un nuevo reclamo de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales exigieron que se este instrumento no sea la única respuesta de seguridad.
A pesar de que el reconocimiento de las deficiencias les parece un primer paso para la garantía de derechos, los comunicadores y activistas alertaron sobre la falta de medidas específicas en el discurso gubernamental.
Ana Cristina Ruelas, directora regional de la organización Artículo 19; Alejandro Cerezo activista y miembro del Comité Cerezo; Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, y Ángeles Hernández, integrante del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), coincidieron en que más allá de la buena voluntad mostrada por el Gobierno federal hace falta que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión dentro del contexto actual de violencia.
“Hasta la fecha la única respuesta por parte del Estado mexicano y de los gobiernos anteriores hacia el problema de inseguridad y de violencia es el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, por lo que consideramos que la discusión tendría que enfocarse en la construcción de una política pública integral en materia de protección. Ya no nos podemos quedar en el discurso del mecanismo porque durante todos estos años comprobamos que éste no ha sido suficiente en el contexto de violencia que sobrepasa a todas las instituciones del Estado”, aseveró Sara Mendiola.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que el Mecanismo de Protección –al que se encuentran inscritas 790 personas– hasta ahora trabaja de manera reactiva y no preventiva. Asimismo, reportó que desde su creación se encuentra a cargo de la empresa privada RCU Sistemas S.A de C.V., que trabaja con problemas en el equipo tecnológico y personal asignado, por lo que se toma la determinación de atraer de manera paulatina todas las responsabilidades al Estado.
La medida de atracción hacia el Estado fue bien recibida por las organizaciones de la sociedad civil que aseveraron que durante los últimos años han denunciado la presencia y efectividad de la misma en el instrumento. Sin embargo, algunas de ellas continuarán expectantes hasta que se decida cancelar el contrato de manera definitiva.
“Siempre se le criticó al Gobierno anterior que una empresa se encargará de la protección. Al Gobierno actual se le dijo que una empresa no podía gestionar las funciones de seguridad y ellos dijeron que estaban de acuerdo, pero lo concreto es que renovaron el contrato con la empresa, por lo que aún estamos a la expectativa. Al tener una empresa privada al frente de esta función, el Estado mexicano se desentiende de toda responsabilidad de derechos humanos para defender a los periodistas y activistas”, dijo Alejandro Cerezo.
UN PLANTEAMIENTO PARCIAL
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, coincidió con el Subsecretario Encinas al argumentar que hasta ahora las medidas tomadas solo han sido reactivas. En México no se investiga el origen de los delitos cometidos contra estas poblaciones y al no atacar las causas, las violaciones de derechos humanos se hacen en total impunidad.
“Hay un punto importante que tiene que ver con la ausencia de las medidas preventivas dentro del mecanismo que hacen que actualmente se desboque el 100 por ciento en medidas reactivas y esto lo que genera es que no se atacan las causas que originan las agresiones contra la prensa, lo que hace al mecanismo insostenible. Es importante decir que desde el espacio ESC hemos señalado que lo que se requiere es un sistema de protección integral que tenga, por un lado, medidas de prevención, de protección y promoción, por el otro, también sanciones, es decir, necesitamos que haya un combate decidido contra la impunidad de las agresiones cometidas contra la prensa. Esta sería una medida efectiva para reducir las agresiones”, explicó.
Del año 2010 a diciembre del 2018, la organización Artículo 19 documentó el asesinato de 123 periodistas. Durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa se perpetraron 48 asesinatos y 47 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. En total se abrieron mil 140 investigaciones de delitos contra la prensa; 183 carpetas se han consignado y únicamente en 10 casos se dictaron sentencias condenatorias, lo que se traduce en un 99.13 por ciento de impunidad.
Asimismo, la Red de Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos registró un total de 140 asesinatos contra defensores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el Gobierno actual la cifra no ha sido menos alarmante. A la fecha han fallecido siete comunicadores y nueve defensores de derechos humanos. Los últimos casos fueron los de Omar Iván Camacho, periodista deportivo asesinado en Sinaloa, y el de Samir Flores, opositor a la termoeléctrica en Morelos, ejecutado pocos días antes de la realización de la consulta ciudadana que avaló la continuación de la obra.
La violencia creciente en contra de periodistas y defensores fue alertada en cada uno de los sexenios por las organizaciones de la sociedad civil, que hoy, consideran que las modificaciones al instrumento llegan tarde, cuando los asesinatos ya no pueden prevenirse.
“El gobierno de Andrés Manuel ha ido bastante lento, las crisis han tenido un aumento bastante severo y no han podido responder a los tiempos. Celebramos la posición de Alejandro Encinas, a quién tenemos que decir que vemos como un actor importante dentro de la Secretaría, celebramos que el gobierno salga a reconocer los problemas que tiene el mecanismo, sin embargo, no podemos dejar de señalar que es un poco tarde, ya que tenemos varias periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, destacó Ángeles Hernández.
FALLAS DEL MECANISMO
Alejandro Encinas aseveró que en el mecanismo se encuentran inscritos 790 personas, 292 periodistas y 498 defensores. El 67.2 por ciento de la actividad del instrumento se concentra en diez entidades del país, destacando los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México.
Desde su creación – en julio del 2012 – el instrumento presentó fallas. En su diagnóstico del año 2017, el Espacio OSC identificó algunas de las deficiencias con las que, hasta la fecha, sigue operando el mecanismo de protección. La falta de acciones preventivas y de efectividad de las medidas implementadas son consideradas la prioridad, sin embargo, otras variables han contribuido a la ineficacia del mecanismo.
En primer lugar, se identificó que éste no tiene la capacidad para reaccionar frente a las diferentes formas de violencia, que van desde las agresiones físicas y digitales hasta la estigmatización y el asesinato. Las medidas de acción implementadas no han logrado atender los impactos que las agresiones tienen sobre las víctimas y sus familias. Uno de estos efectos es el desplazamiento forzado, en el que no se cuenta con garantías para el retorno.
También se destacó que el mecanismo no incorpora un enfoque de género en el análisis de riesgo ni en las medidas tomadas, por lo que las soluciones se ejecutan sin considerar los problemas asociados con la discriminación por ser mujer.
Ana Ruelas hizo énfasis en la perspectiva de género, colocando la cuestión como un punto nodal para la construcción de las políticas públicas:
“Es importante saber cuáles medidas se van a tomar, por ejemplo, es importante que el mecanismo tenga un análisis de riesgo con enfoque de género, el que actualmente no tiene. Es importante que el mecanismo cuente con los recursos necesarios, económicos y humanos, para llevar a cabo y reaccionar en las acciones contra la presa y es importante que cuente con el impacto positivo en la creación de políticas públicas”.
En tercer lugar se señaló que no hay una coordinación efectiva entre entidades federativas y el Mecanismo de Protección, tampoco se ofrece el respaldo político necesario para que se ejecuten las acciones.
El espacio OSC, integrando por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció que no se han generado medidas encaminadas a favorecer un espacio propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión. Es precisamente esto lo que motiva a las organizaciones a considerar que las medidas presentadas se encuentran incompletas.
“Las palabras todavía se quedan en el aire porque no tenemos claridad sobre cómo se van a fortalecer las acciones que van a desarrollarse y en qué momento. Hoy estamos viendo cómo la violencia contra la prensa se está incrementando y no tenemos claridad de cuándo va a empezar a implementarse esto, también cuál va a ser el papel específico dentro de la Fiscalía de Delitos contra la libertad de expresión en la revisión de cuentas ante la Junta de Gobierno del Mecanismo”, destacó Ruelas.
Por último se destacó el nivel de impunidad y la falta de investigación asociada con los delitos contra los periodistas y defensores de derechos humanos, una posición que en su opinión exacerba la comisión de los mismos.
Aunque aún continúan pendientes estas observaciones, sobre las nuevas medidas anunciadas por Alejandro Encinas destacó de manera particular la decisión de que la Auditoría Superior de la Federación participe en la revisión de la distribución de los recursos financieros.
“Tiene que haber un rediseño del mecanismo. Algo que nos resulta muy valioso es que al fin se estén generando las auditorías. Necesitamos saber cómo se gasta el dinero porque no había transparencia para quien formaba parte del mecanismo. Es muy valioso que se esté generando el compromiso de las auditorías”, agregó Sara Mendiola.
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Los especialistas coincidieron en que para poder garantizar un cambio, además de la elaboración estrategias que involucren a diferentes niveles y actores del gobierno, es necesario que se considere la voz de las organizaciones de la sociedad civil.
“No vamos a dejar de insistir en que queremos que esto se construya de la mano de la sociedad civil y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y particularmente de las personas beneficiarias. Hay un proceso que va a ser largo, pero seguiremos reclamando para que se implementen de manera adecuada las medidas y que sobre todo tengan un impacto sobre la vida de los beneficiarios y que ayuden a generar condiciones para que podamos realizar nuestro trabajo”, dijo Hernández.
De la misma manera, el activista Alejandro Cerezo, llamó a que se considere el trabajo que han desarrollado las organizaciones de la sociedad civil y que lejos de restar pueden sumar a las medidas tomadas por el Estado.
“Hace falta una reforma estructural de las leyes que en primer lugar reconocen el derecho a defender de los defensores, el derecho a la libertad de expresión del servicio del periodismo. Que se reconozca que ambas poblaciones son sujetos de derecho y sujetos de protección. De ese punto de partido deben darse todas las medidas de seguridad e investigación de las agresiones, así como de capacitación del personal que atenderá a las víctimas (…) Dado su interés en una reforma de ley, deben hacer funcionar las leyes que ya existen. Asimismo, deben sumar al debate a las organizaciones de la sociedad civil que actualmente trabajamos en un proceso de incitativa de ley, hasta ahora impulsada por más de 116 organizaciones de derechos humanos de todo el país y que ha sido suscrita por más de 120 organizaciones”, aseveró Alejandro Cerezo.
