Luego de que Alfaro Ramírez declarara ante medios de comunicación desconocer la recomendación, la CNDH solicitó dar cabal cumplimiento a los puntos recomendados.
Ciudad de México, 26 febrero (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acatar la recomendación 40VG/2020 emitida en diciembre del año pasado en la que se acreditan actos de violencia sexual en contra de diez niñas y cinco niños, y de al menos 43 alumnos, cuyas identidades no pudieron ser establecidas, cometidos en el centro educativo Fray Ruíz Cabañas y Crespo en el municipio de Chapala.
Luego de que el mandatario jalisciense declarara ante medios de comunicación desconocer la recomendación, la CNDH solicitó dar cabal cumplimiento a los puntos recomendados.
El pasado 11 de diciembre, el Gobierno de Jalisco aceptó los actos reclamados y afirmó acatara lo establecido en la recomendación.
La #CNDH pide al titular del @GobiernoJalisco, @EnriqueAlfaroR, cumplir con la Recomendación 40VG/2020, emitida por este organismo, y que prevalezcan la verdad, la justicia y la no repetición de los actos. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/urmuxNcfE3
— CNDH en México (@CNDH) February 26, 2021
«Acudimos ante esta Comisión, para aceptar la totalidad de los puntos recomendados, con las precisiones que se harán de manera particular en cada uno de ellos», se aseguró en un documento enviado al Organismo Nacional.
La Comisión requirió a las autoridades de la entidad en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reparar integralmente los daños ocasionados a los progenitores de los menores de edad, mediante una indemnización justa y que sus nombres queden inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.
La CNDH acreditó la responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública de la entidad en los hechos y violaciones graves a la procuración de justicia, atribuibles al personal de la Fiscalía General de Justicia y del Instituto de Ciencias Forenses en cuanto a la emisión de dictámenes periciales.
Finalmente, la Comisión solicitó establecer el Estado de Derecho y reponer las actuaciones necesarias que garanticen que los actos que facetaron a los menores de edad y a sus padres no se vuelvan a repetir.
