Los mandatarios integrantes de la Alianza Federalista señalaron que el Acuerdo Nacional de democracia deberá ser de neutralidad y bajo la autoridad del INE
Ciudad de México, 26 febrero (SinEmbargo).- Los gobernadores de la Alianza Federalista aceptaron la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador a un Acuerdo Nacional por la Democracia que comprometa a todos los niveles de Gobierno y a los poderes de la Unión «en serio y sin dobleces».
A través de una carta leída por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, los mandatarios señalaron que deberá ser un acuerdo de neutralidad y bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, reconocieron la idea de evitar desde el poder federal los tintes electorales en programas sociales y el uso indebido de recursos públicos y la compra de lealtades, por lo que solicitaron formalmente retirar del Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 a los «mal llamados servidores de la Nación».
Los gobernadores que integramos la @AFederalista nos reunimos hoy en la ciudad de #Monterrey. Entre otros temas, abordaremos el proceso de vacunación anti-Covid19 en nuestras entidades, así como la plataforma #InvestInMexico para promover inversiones. pic.twitter.com/csKNFd2TtU
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 26, 2021
«Las campañas de vacunación universal en México son mundialmente reconocidas por su efectividadm por su conocimiento médico y cobertura, jamás precisaron de personal ajeno de salud y lo requieren ahora, mucho menos de un ejército de activistas electorales vinculados a un partido político», exaltaron.
Los 10 gobernadores lamentaron que un acuerdo como este no se haya aplicado en otros frentes como los necesarios durante la contingencia sanitaria, económica, en los temas relacionados con la seguridad, la vacunación y la reforma energética.
«Lamentamos el silencio por respuesta a nuestras reiteradas invitaciones al diálogo federal efectivo», apuntaron.
Finalmente, los integrantes de la Alianza Federalista recalcaron su inconformidad en que se utilicen a las instituciones de justicia para perseguir adversarios, silenciar críticos o someter a la pluralidad política a la voluntad del Presidente o a la conveniencia de su partido.
«La Ley no es instrumento de campaña, ni de venganza», señalaron.
