Uno de los ejes que rigen la política energética del nuevo Gobierno es la soberanía y la seguridad energética, esto es, tener disponibilidad ininterrumpida de energía a precios accesibles, pero al mismo tiempo no depender de países extranjeros ni de empresas privadas. Sin embargo, para conseguirlo podría sacrificar la transición a energías limpias y los precios que pagan los consumidores.
Por Laura Quintero
Ciudad de México, 26 de febrero (Economía Hoy/SinEmbargo).- Luego de realizar una consulta ciudadana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proyecto de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, seguirá adelante. Uno de los argumentos de continuar con el proyecto es que en caso de no tenerla se tendría que comprar energía eléctrica «a precios elevadísimos», pero dicha termoeléctrica funcionaría con gas natural, un hidrocarburo que México cada vez produce menos mientras que su dependencia con Estados Unidos crece más.
De acuerdo con el reporte mensual de Petróleos Mexicanos (Pemex) la producción de gas natural en enero continuó a la baja y registró una caída del 5.3 por ciento, pues se generaron 4 mil 648 millones de pies cúbicos diarios, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 4 mil 910 millones de pies cúbicos al día.
En este sentido, Alejandro Limón Portillo, especialista en temas de Energía y Finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que a pesar de que el discurso del nuevo Gobierno es no depender de extranjeros y de privados en cuanto a generación de energía, el origen de los insumos de la termoeléctrica es el gas natural lo cual pone de manifiesto una dependencia del exterior.
«En México no tenemos casi gas natural, la mayoría lo importamos de Estados Unidos, por una parte estás ‘dando seguridad energética’ a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque es la que se encarga de la generación de electricidad dejando a un lado a los privados, pero como el insumo proviene de Estados Unidos es nada más darle la vuelta por otro lado», aseguró el especialista.
Durante el 2018 México importó cerca del 85 por ciento del consumo de gas natural y más del 45 por ciento de la electricidad se genera mediante plantas de ciclo combinado, el cual funciona con dicho hidrocarburo.
«Una de las medidas principales de la seguridad energética es no tener que depender de insumos del extranjero, esto no parece importarle al nuevo Gobierno, porque si fuera así optaría por bienes naturales como el movimiento del agua o del viento», comentó Alejandro Limón.
Al igual que la gasolina, la importación de gas natural le cuesta menos a México que producirla, pero el problema con comprar el hidrocarburo al exterior es que hay una dependencia total de su vecino del norte.
En la consulta realizada el 23 y 24 de febrero participaron 55 mil 715 personas, de las cuales el 59.5 por ciento de los votos se inclinaron por el sí, no obstante, las comunidades afectadas por el proyecto votaron en contra y dijeron que realizaran acciones en contra. En este sentido, el Ejecutivo dijo que la consulta fue la primera parte del proceso, ya que todavía queda pendiente la resolución de amparos que se interpusieron en contra de la obra.
¿SOBERANÍA O TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
Uno de los ejes que rigen la política energética del nuevo Gobierno es la soberanía y la seguridad energética, esto es, tener disponibilidad ininterrumpida de energía a precios accesibles, pero al mismo tiempo no depender de países extranjeros ni de empresas privadas. Sin embargo, para conseguirlo podría sacrificar la transición a energías limpias y los precios que pagan los consumidores.
El Gobierno federal ha cancelado cuatro subastas eléctricas de largo plazo, las cuales tenían el propósito de asignar contratos de cobertura eléctrica para comercializar potencia, energía eléctrica y certificados de energías limpias. La Secretaría de Energía (Sener) dijo que dichas subastas no estaban dentro de sus planes.
El investigador del CIEP explicó que en las tres subastas que ya se han adjudicado a partir del 2015 se lograron adjudicar 7 gigawatts de capacidad instalada, «hicimos un breve cálculo y vimos que lo necesario para cumplir con el objetivo planteado para el 2024 es de 22 gigas, es decir, llevamos 7 de 24, nos faltan 17 gigas de capacidad instalada de energía limpia para que en cinco años podamos cumplir el compromiso de Ley de Transición Energética».
Explicó que de acuerdo con los objetivos de la ley de transición energética el panorama luce complicado, porque el objetivo de esta ley es que al 2024 el 35 por ciento de la energía eléctrica que se genera en México provenga de fuentes de energía limpia.
«Se ve complicado que fuera de las subasta eléctricas la CFE tenga los recursos para poder invertir en energías limpias y llegar a este objetivo», advirtió.
Dijo que si bien las subastas de largo plazo no son el único mecanismo para atraer inversión privada, se puede llegar por medio de otros contratos, como los bilaterales, es decir, que se pacte directamente con CFE, pero el plus que ofrecían las subastas eléctricas es que ofrecían la competencia, se tenía de 15 a 20 competidores que estaban ofreciendo el precio de electricidad más bajo en un plazo de 20 años con tal de ganar ese contrato.
«Pero dado que ya no va a haber esos mecanismos se puede ver comprometida esa competencia de precio que al final de cuentas a quién beneficia es al usuario final, es decir, a nosotros, los que pagamos las tarifas eléctricas, entones sin este mecanismo que empuje hacia abajo los precios pudiera haber un alza», detalló.
A pesar de que el uso de energías limpias, permitirían a México cumplir con acuerdos nacionales e internacionales, también serían un mecanismo que podría garantizar una verdadera soberanía, sin embargo en términos presupuestarios ha priorizado a los hidrocarburos y en lo que se refiere a electricidad las termoeléctricas y las carboeléctricas.
