“Esa noche contigo la pasé bien…Oh, oh, y tú fallaste… Lo que pasó, pasó entre tú y yo”, suena de fondo. La gente baila. Es una boda. Podría ser la de Manuel Berreiro Castañeda, el empresario queretano presuntamente ligado a una operación fraudulenta de compra-venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. En el video aparece el candidato presidencial Ricardo Anaya, celebrando. Y aparece el mismo Barreiro.
Anaya ha tuiteado la noche de este lunes: “Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido”.
ADEMÁS
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Un video compartido esta noche en Youtube muestra a Manuel Berreiro Castañeda, el empresario queretano supuestamente ligado a una operación fraudulenta de compra-venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V., y al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, celebrando en una boda.
No está claro, con la información disponible, si se trata de la boda de Barreiro, aunque el mismo video, que subió un usuario identificado como “El Flaco”, dice que sí.
Anaya ha tuiteado esta misma noche:
“Como ya lo he dicho: 1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro. 2. Sí lo conozco. Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido”.
Barreiro es socio fundador de Advance Real Estate, que fue declarada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como “fantasma”. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este día la lista de empresas fantasma definitiva del SAT, en la que figura Manhattan Master Plan Development, que le compró supuestamente al candidato presidencial su nave industrial.
“Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales […] detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes sin contar con los activos, , personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios […] que amparan tales comprobantes”, indicó el DOF.
“Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega el Diario Oficial.
La lista, de 49 “factureras” fechada el 16 de febrero, incluye la empresa que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
De acuerdo con el SAT, Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”, es decir, expide facturas por servicios inexistentes que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
BARREIRO Y EL ESCÁNDALO
Barreiro fue localizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en Canadá, a pesar de una alerta migratoria emitida en su contra. Así lo difundió hace unos días la agencia del Gobierno federal mexicano, Notimex, citando “fuentes confiables”.
La PGR no puede solicitar una orden de aprehensión en su contra. Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, concedió un amparo a Barreiro y otras personas, cuya identidad se desconoce, para que no pueda ejercer acción penal contra ellos. El amparo fue presentado el 20 de febrero por la omisión de las dependencias al dar una respuesta los abogados de los imputados el 14 de febrero.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) citó a declarar al empresario Manuel Barreiro Castañeda por la presunta red de lavado que involucra al candidato presidencial del Frente.
Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: Entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
Hoy le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece de dónde sale.
Ayer, Ricardo Anaya Cortés se presentó en las instalaciones de la PGR para rendir su declaración ministerial. No habló ante las autoridades, aunque sí entregó un documento dirigido al titular de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, donde exige que le sea revelado si la Procuraduría cuenta con pruebas para acusarlo en materia penal.
“Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona [quien es Berreiro] y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, le dijo Anaya a medios de comunicación que lo esperaban afuera de la PGR. “Este gobierno federal priista usa a la PGR para dañar a quienes somos sus opositores” y para “confundir a la opinión pública”, acusó también.
El aspirante presidencial aseveró que “todo lo que yo he hecho ha sido legal y sobre todo cien por ciento transparente”. Algo cuestionable a ojos del escrutinio público, ya que Anaya, pruebas o no en su contra, no ha logrado transparentar sus finanzas de manera cabal. Pero tampoco ha podido deslindarse de los señalamientos, mismos que no han parado de salir en los últimos años.
ADEMÁS
LA FAMOSA BODEGA
Entre 2003 y 2009, cuando Ricardo Anaya Cortés se desempeñó como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social durante la administración del ex Gobernador panista de Querétaro Francisco Garrido Patrón, en la entidad fue aprobada una reforma legal que permitió la enajenación de un predio ubicado en la localidad de La Machorra, en el municipio de El Marqués. Como resultado, en la zona fueron erigidas diferentes naves industriales administradas por la empresa Park Development. Así nació el parque industrial tecnológico Innovación Querétaro.
El 19 de mayo de 2014, Anaya Cortés compró un lote baldío en La Machorra, valuado en 10 millones 714 mil 644 pesos, a través de una empresa familiar a nombre de su suegro Donino Ángel Martínez Diez [Junisierra S. de R.L. de C.V.]. Según el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, compró el terreno a Park Development. Sin embargo, la información de diversos medios de circulación a nivel nacional refiere que el lote se lo compró a Manuel Berreiro Castañeda -empresario local investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de lavado de dinero-.
Para mayo de 2016, dijo Ricardo Anaya de manera pública, su empresa ya había construido una nave industrial [con seis bodegas] de “siete mil metros cuadrados techados”. No obstante, algunas versiones en medios de comunicación señalan que ya habían bodegas desde antes.
Ese mismo año, Junisierra vendió el predio y la construcción por un monto de 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V., misma que aparece en la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como “contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes”. Según Anaya, el pago de Manhattan Master Plan Development lo recibió en tres transacciones provenientes del Banco del Bajío (Banbajío).
ADEMÁS
Ricardo Anaya también aseguró que el dinero de la inversión inicial provino de tres fuentes principales: de un crédito hipotecario a través de Banamex -en su declaración de intereses 3de3 aparece un crédito hipotecario con Banamex, que data de abril de 2015, por cinco millones 576 mil 505 pesos-; de un crédito autorizado por Park Development; y del dinero de sus ahorros personales.
El 26 de octubre de 2017, luego de una denuncia penal presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, las autoridades iniciaron una investigación formal del caso por el presunto delito de lavado de dinero.
A cuatro meses de iniciada la investigación no hay resultados contundentes, hechos públicos, por la PGR. Sin embargo, el 29 de enero de 2018, Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo González, ambos identificados por las autoridades como asesores legales y diseñadores de una supuesta red de triangulación de recursos, declararon haber participado de un entramado para lavar dinero a favor de Ricardo Anaya Cortés y Manuel Berreiro Castañeda.
Mientras que Anaya es señalado de enriquecerse de manera opaca, Berreiro es investigado por utilizar recursos de dudosa procedencia.
Según los testimonios de Rodríguez Velasco y Galindo González, desde diciembre de 2015, Berreiro los contrató para crear “un esquema de colocación de fondos”. La finalidad fue comprarle a Anaya el terreno y sus bodegas, a través de “operaciones simuladas” que les ahorraran dinero y sin aparente vínculo entre las partes involucradas.
“Manhattan Master Plan Development compró el terreno al mayor precio posible de mercado con la intención de obtener el mayor costo fiscal posible”, refirió Galindo, quien también admitió haber sido parte de una “estrategia fiscal” para que, a través de un avalúo de “mejoras inexistentes al terreno”, Anaya pudiera vender el predio y las bodegas a un precio inflado, “a efecto de tener el menor pago de impuestos posible”.
Anaya compró su propiedad a un precio que en apariencia es justo, según se puede apreciar en algunos sitios de bienes raíces como Propiedades.com. En cuanto al precio de venta se refiere, lo cierto es que en el sitio de Inmuebles24.com aparece listada una nave industrial de tres mil 232 metros cuadrados en un terreno de seis mil 877 metros cuadrados, valuado en 35 millones de pesos.
Inflado o no, la controversia radica en la falta de transparencia y rendición de cuentas. A Ricardo Anaya le es cuestionada la falta de claridad con que se maneja y algunos detalles sobre las transacciones que no concuerdan. Hasta el momento no se sabe a cabalidad si estuvo o qué tan involucrado estuvo con las operaciones para inflar avalúos.
–Con información de Efrén Flores
