El pasado 13 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se revisarán los contratos de las prisiones privadas en México, y que se firmaron durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa; su argumento central es que el país pagará hasta 266 mil 300 millones pesos en 20 años por sus «servicios», pero las instalaciones penitenciarias no pertenecerán al Gobierno mexicano. Así como López Obrador, este martes Joe Biden, Presidente de EU, firmó una orden para terminar con el manejo privado de las cárceles en la Unión Americana y evitar abusos de las compañías que las administran.
Por Aamer Madhani
WASHINGTON (AP) — El Presidente Joe Biden ordenó el martes al Departamento de Justicia poner fin a la práctica de dejar las cárceles del país en manos privadas y aplicar políticas habitacionales más justas hacia las minorías étnicas.
En declaraciones antes de firmar la orden, Biden expresó que el gobierno estadounidense debe cambiar “su postura entera” hacia el tema de la igualdad racial pues, según dijo, el país es menos seguro y menos próspero debido a la plaga del racismo sistémico.
“Debemos cambiar inmediatamente”, indicó el mandatario. “Sé que tomará tiempo, pero sé que podemos lograrlo. Y creo firmemente que la nación está lista para el cambio. Pero el gobierno debe cambiar también”, añadió.
Biden fue elegido presidente tras un año de profundo examen de conciencia en Estados Unidos sobre el racismo institucionalizado. Las medidas anunciadas el martes reflejan su empeño en cumplir sus promesas de campaña de combatir la injusticia racial.
Además de pedirle al Departamento de Justicia que deje de entregar las cárceles a empresas privadas, las nuevas medidas buscan afianzar el compromiso del gobierno para respetar la autonomía de las tribus autóctonas y combatir la hostilidad surgida hacia las comunidades asiáticas a raíz de la pandemia del coronavirus.
Biden además instruirá al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a tomar las medidas necesarias para promover una política de vivienda más equitativa.
La orden de cesar la práctica de privatizar el manejo de las prisiones contiene instrucciones al secretario de justicia de no renovar los contratos firmados con empresas privadas para ese fin. En efecto, la orden regresa a las políticas vigentes durante la presidencia de Barack Obama.
“Este es el primer paso hacia impedir que las corporaciones lucren en base al encarcelamiento de personas”, expresó el mandatario.
