Durante el programa Sostiene Pereyra, dos exfuncionarios de la Conade revelaron el modo en que operaba el desvío de recursos en este organismo. Situación que fue del conocimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que hasta el momento no ha tenido consecuencias para los funcionarios involucrados.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Mientras los atletas duermen en cama con chinches, salen a botear, o firman cheques a su nombre, en la Comisión Nacional del Deporte (Conade) es enfermizo el nivel de impunidad, así lo afirmó Victoria Dávalos, exmetodóloga de este organismo.
En entrevista para el programa Sostiene Pereyra, que conduce la periodista deportiva Beatriz Pereyra para SinEmbargo Al Aire, la exfuncionaria explicó que mientras se desempeñaba como responsable de revisar el proceso administrativo para la liberación de recursos técnico-deportivo y administrativos descubrió diversos actos de corrupción, particularmente en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).
Detalló que descubrió que las las facturas no cuadraban con las cotizaciones, con los requerimientos, ni con la justificación técnica que deberían de contener, como tiempos, costos, entre otros datos, situación que denunció con sus superiores, pero no recibió respuesta alguna.
Incluso, afirmó que dejó una queja en la oficina de la directora, quien no dio respuesta, y por el contrario, buscaron cambiarla de área, retirarla de los deportes con los que colaboraba, por lo que también denunció los hechos ante el comité de ética y el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade, pero ninguno le dio respuesta.
Por ello, se acercó con Pereyra, quien en ese momento colaboraba con el semanario Proceso, y tras una investigación, la periodista se presentó en junio de 2019 a una conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer de su conocimiento la situación.
En respuesta el mandatario federal ordenó una auditoria a la Conade, instrucción que dio seguimiento la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en ese entonces encabezaba Irma Eréndira Sandoval, quien tras la primer auditoria confirmó con documentos el saqueo a la Fodepar, pero que hasta este momento no ha resultado en sanciones contra los altos funcionarios de dicha dependencia.
Las acusaciones de Dávalos, que a su vez hizo púbicas Pereyra, fueron corroboradas por Luis Fernando Montaño, exauditor que trabajó OIC de la Conade, y quien recibió la instrucción para realizar una auditoria al Fodepar de julio a septiembre de ese mismo año.
Montaño recordó que al inicio de la auditoria tuvo apoyo por parte de todas las áreas de la Conade para que llevara a cabo la investigación, pero que conforme avanzaba en esta hubo renuencia por parte de los funcionarios, y que tardaban en proporcionarle los documentos del Fodepar que solicitaba.
Durante la auditoria, explicó, se percataron que había documentación falsa, que se entregaban los recursos a personas que no era entrenadores, que no estaban capacitadas, pero que fueron avaladas por la comisión deportiva. Incluso, afirmó que hallaron a personas que tenían estudios truncos, que no tenían que ver con deporte, a los que calificó como analistas técnicos que, dijo, sólo demeritan a un entrenador de alto rendimiento.
Agregó que durante su investigación solicitó el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) para comprobar los costos de transporte y hospedaje, ya que muchas de la facturas tenían sobreprecios en esto servicios, con lo que logró comprobar que a través del Fodepar hubo simulación de operaciones y defraudación fiscal, delitos que lograron sancionar a nivel administrativo, que estaba dentro de sus facultades.
Respecto al daño al patrimonio fiscal, el exauditor señaló que en la primer auditoria se comprobó que fue de alrededor de 50.8 millones de pesos, y en una segunda segunda auditoria al fidicomiso se comprobó un daño de 106 millones de pesos.
Montaño destacó que la primera auditoria se envió a la SFP, y que su titular, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que hubo desvío de recursos, peculado y empresas factureras involucradas, pero las sanciones que se emitieron no tocaron a altos funcionarios de la Conade.
En opinión del exauditor, los delitos penales que se podrían configurar por estos hechos son: ejercicio ilícito al servicio publico, peculado, falsificación de documentos, y posiblemente lavado de dinero, pero hasta el momento la denuncia no ha llegado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, Dávalos comentó que luego de haber hecho públicas estas acciones tuvo que salir de México ante las amenazas de las que fue víctima, además de perder su trabajo, y no poder conseguir otro en este país, pues se le «cerraron las puertas».
Para concluir, Luis Fernando opinó que el hecho de que, pese haber ordenado una auditoria, el mandatario federal no acepte la corrupción que existe en la Conade es una cuestión política, ya que no le conviene asumir el hecho cuando su mayor promesa ha sido la de acabar con este tipo de actos y con la impunidad.
