En enero, una caravana más grande trató de partir de Honduras pero las autoridades guatemaltecas le impidieron seguir adelante. Estos grupos son similares, aunque ni de cerca tan grandes, a los que cruzaron México en 2018 y 2019.
Por Claudia Torrens
Nueva York, 25 de octubre (AP).— Johanna Valle conoce bien el temor que se refleja en los rostros de los migrantes que acuden a las cortes de migración. Ahora ocupa un asiento cerca del Juez, pero durante años vivió en carne propia el proceso judicial tras haber cruzado el Río Bravo en un neumático y sufrir una deportación que la devolvió a su natal Nicaragua en 1997.
Valle es una intérprete de español que es enviada a las cortes migratorias de todo Estados Unidos para que los jueces puedan entender a los migrantes de habla hispana.
Sin embargo, antes de ser intérprete esta mujer de 50 años pasó más de dos décadas como migrante sin autorización para residir en el país, con miedo a trabajar o ser separada de sus hijos, nacidos en Estados Unidos.
“Yo les veo el miedo, yo les veo la necesidad de querer entender qué les está pasando, de entender lo que se les está diciendo, porque a veces se les ve en las caras que no entienden, aunque se lo estamos diciendo en español”, dijo Valle a The Associated Press. “Yo conozco esas caras porque yo la tenía antes”.
Últimamente Valle trabaja mucho. La intérprete sospecha que se debe al fuerte aumento en la llegada de familias latinoamericanas a la frontera entre México y Estados Unidos que se ha registrado desde que el Presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Y las cifras de menores no acompañados han batido récords.
El Gobierno estadounidense anunció recientemente que, aunque se opone, por una orden judicial reinstaurará el plan “Permanecer en México” por medio del cual familias y adultos que piden asilo deben esperar en territorio mexicano sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses. A los menores no acompañados no se les aplica ese programa.
Valle salió de Nicaragua con su madre, una hermana y dos sobrinos en 1988, cuando el país vivía una guerra civil entre los contras y los sandinistas. Su madre había sido interrogada por las autoridades debido a que había sacado a un hijo del país para evitar que hiciera el servicio militar obligatorio.
Tras llegar a México, otro de los hermanos de Valle, que vivía en California, fue a recoger a la familia a la frontera con Estados Unidos en el Río Bravo, en Texas.
Los Valle cruzaron el río en neumáticos. Cuando ya en territorio estadounidense el hermano los llevaba en su automóvil, fueron parados por la patrulla fronteriza en la carretera. Permanecieron detenidos unos días y luego iniciaron una nueva vida en California, donde Valle y su familia tenían que presentarse a las citas en la corte de migración.
Su madre logró obtener el asilo, pero la abogada de la familia le dijo a Valle que ella probablemente no lo conseguiría: la persecución por parte de las autoridades nicaragüenses la había sufrido su madre, no ella, y Violeta Chamorro, una aliada de Estados Unidos, era entonces presidenta de Nicaragua. Justificar su asilo resultaba más difícil, le dijo la abogada.
Aún así, Valle tenía un permiso de trabajo que le dieron al solicitar el alivio migratorio y empezó a laborar en restaurantes y de recepcionista en una clínica.
Se casó en 1992 con un salvadoreño y tuvo dos hijos. Al no comparecer en una de sus audiencias migratorias en la corte, un Juez ordenó que la deportaran sin que ella supiera.
En 1997 agentes migratorios fueron a buscarla al banco en el que trabajaba en ese momento como ejecutiva de ventas y la deportaron ese mismo día, dejando a su marido y dos niños de 3 y 6 años solos en California. Le tomó ocho meses poder regresar a Estados Unidos, esta vez en avión y con una visa de turista que logró desde El Salvador.
Pero la visa expiró.
“No volví a trabajar. Me daba miedo. Me volví ama de casa. Dependía económicamente de él”, dijo Valle, quien empezó a sufrir abuso psicológico y físico de su esposo. Tuvieron dos hijos más y vivían de un negocio de venta de automóviles de segunda mano que él tenía.
En 2009 Valle se separó de su esposo. Solicitó la visa U para víctimas de la violencia doméstica y se dedicó a limpiar casas. Empezó a estudiar en la universidad y pagaba la comida de la familia con ayudas del Gobierno federal. No fue hasta 2015 que logró graduarse y comenzó a trabajar como intérprete, primero de forma voluntaria y luego profesionalmente.
En 2017 obtuvo la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos.
Ahora vive en Atlanta y trabaja para una agencia de intérpretes que la envía a las cortes de migración. Ella no puede hablar con los migrantes fuera de la sala de la corte debido a normas de la agencia y judiciales.
Cuando se le pregunta qué les aconsejaría, Valle hace referencia a la lista de abogados gratuitos o con bajos honorarios que los tribunales entregan a los migrantes. Muchas familias dicen que ninguno les toma los casos.
“Yo les diría que tienen que seguir insistiendo, sigan llamando, hagan su propia búsqueda”, dijo Valle al recordar su experiencia intentando lograr un abogado que la ayudara a conseguir la visa U.
“Pregunten en su comunidad. No dejen de preguntar, hay muchas ayudas», agregó. «Encontrarán un lugar donde les van a escuchar”.
