Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector General de Administración del Agua, expuso las sanciones a la industria cuando sobrepasa los límites permitidos de contaminación, la inclusión de las consultas a los pueblos originarios sobre el uso de su agua, y la necesidad de evolucionar a un sistema de concesiones «justo que no vulnere a la sociedad en aras de un fin privado».
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Como parte del Decreto presidencial publicado el 1 de julio sobre asignaciones de aguas nacionales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó alrededor de casi 80 mil concesiones de entre 10 y 30 años que caducarán, por lo que esos volúmenes se van a destinar para uso doméstico, aseguró Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector General de Administración del Agua.
«El compromiso de esta Administración ha sido revisar todo el proceso de concesiones. Estamos trabajando en ello. Ya hay acciones importantes que se han tomado. El 1 de julio se publicó un Decreto presidencial que protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios. Como parte de este Decreto nosotros estamos en un proceso de caducidad de concesiones», dijo en entrevista.
En junio de 2018, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se publicaron decretos sobre reservas de agua. Barrios explicó que se liberaron volúmenes que pueden ser concesionados para otros usos además del doméstico y el ambiental, por lo que el compromiso de esta Administración «fue detener el otorgamiento de concesiones para otros usos hasta que no se sacaran reglamentos específicos».
El artículo primero del Decreto, expedido por la Presidencia de la República con vigencia al 30 de noviembre de 2021, expone que «se establecen facilidades administrativas» para el otorgamiento de nuevas concesiones a los usuarios que cuenten con títulos para uso doméstico o público urbano cuya vigencia hubiere expirado desde el 1 de enero de 2019, así como para los títulos vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales.
Además se dará trámite a nuevas solicitudes de concesión para uso doméstico y público urbano «con atención especial a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, así como a las personas y localidades en situación de alta y muy alta marginación».
Esta semana SinEmbargo publicó que colectivos en defensa del agua documentan que la Conagua ha otorgado más de 500 mil concesiones de 1992 a mayo de 2019 que han sido, aseguran, en violación de vedas, de límites de disponibilidad, de derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación. Para uso industrial y agroindustrial, de las más de 5 mil dadas en el periodo de casi 30 años, un 30.87 por ciento ha ido para empresas como GEO, ARA, Bachoco, Sukarne, Danone, Femsa, Heineken, Lala, Cemex, Apasco, entre otras.
El Subdirector General de Administración del Agua Eugenio Barrios aseguró que las industrias tienen la obligación de reportar cada trimestre sus resultados de los análisis de laboratorio de la calidad de agua que están descargando.
«Con eso se le presenta al usuario lo que tiene que pagar en término de derechos, porque las aguas residuales se pagan vía Ley Federal de Derechos. Y así se identifica cuánto están contaminando y cuánto tienen que pagar. En caso extraordinario, se realiza una visita para identificar qué es lo que está sucediendo», expuso.
Respecto al derecho de los pueblos originarios a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe entorno al agua en su territorio, Barrios reconoció que hace unos años no se consideraba, pero «se va a convertir en un aspecto rutinario» en los procedimientos de administración del agua.
Sobre las iniciativas que se debaten entorno a una reforma a la Ley General de Aguas para 2020, dijo que «lo importante es cuidar que ninguna concesión de agua vulnere a la sociedad en aras de un fin privado», ya que «el agua es un bien común propiedad de la nación».
«Que evolucionemos a un sistema de concesiones justo, que no vulnere a la población en general, que no vulnere el derecho humano al agua, que no vulnere el derecho a un ambiente sano, y bajo esos principios el otorgamiento de concesiones deberá ajustarse en una serie de condiciones que implican el tiempo, y las transferencias», aseveró.
SANCIONES POR CONTAMINAR AGUA
–¿En qué consiste Conagua en Línea que acaban de lanzar este año?
–Conagua en Línea es un sistema digital electrónico para el trámite de todos los permisos y trámites administrativos que otorga la Comisión Nacional del Agua. Es un sistema muy importante, porque nos permite darle trazabilidad a todas las etapas del proceso de emisión de una concesión o de un permiso. Por el otro lado, nos otorga total transparencia en términos de que el usurario puede ver en qué parte del trámite va su solicitud. También nos permite ingresar sin intermediarios, y esto nos ahorra un problema muy importante que es la gente que vive de tramitar y que se convirtió en una industria muy lucrativa, y que se ha convertido en un problema grave para todos los usuarios.
Otra gran ventaja que mencionaría es que Conagua en Línea ofrece la oportunidad al usuario de identificar en tiempo real la disponibilidad del agua en la cuenca en la que está, entonces como usuario entro, si necesito agua en equis cuenca, veré si hay disponibilidad o no. Además, a nosotros internamente nos permite establecer las reglas para otorgar las concesiones, nos permite tener muy bien implementadas las políticas de prioridad en términos de asignación de agua.
–En cuanto a los mecanismos de control, ¿cómo la Conagua sanciona en el caso de las concesiones que se dan a empresas y que contaminen el agua?
–Nosotros tenemos un programa de inspecciones anual que lo enfocamos principalmente a las demandas ciudadanas. Es ahí donde nosotros realizando las visitas de inspección se revisa que cumplan con lo establecido en su concesión, en la Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, presencia de medidores, que cumplan con su permiso de descarga de aguas residuales, y con base en eso se les sanciona o no si están cumpliendo. En el caso particular de las industrias, tienen la obligación de reportar cada trimestre sus resultados de los análisis de laboratorio de la calidad de agua que están descargando. Eso se hace por un tercero, un laboratorio, y los resultados se mandan directamente a Conagua. Entonces nosotros internamente con eso se le presenta al usuario lo que tiene que pagar en término de derechos, porque las aguas residuales se pagan vía Ley Federal de Derechos. Y así se identifica cuánto están contaminando y cuánto tienen que pagar. En caso extraordinario, realizar una visita para identificar qué es lo que está sucediendo.
–¿En qué consisten estas sanciones?
–Hay todo un tabulador de sanciones. Una cosa es la sanción por infringir la Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, no tener medidor o por un evento de descarga que causa un daño ambiental, y en eso la Profepa también participa en el proceso. Y en términos de la Ley Federal de Derechos lo que se paga es por cuánto se excede de los límites de contaminantes que están en la norma.
CONSULTAS A PUEBLOS ORIGINARIOS
–Sobre los pueblos originarios, ¿la Conagua es una de las entidades que tiene que responsabilizarse al momento de dar las concesiones considerando sus derechos? Me refiero a la consulta libre, previa e informada.
–Sí. Esta Administración está siendo particularmente cuidadosa en atender todas las demandas y derechos de los pueblos originarios. Es algo que viene de unos años para acá, no es exclusivo del agua. El asunto de las consultas es algo nuevo en el país que se está empezando a ejercer y regular. El caso más reciente, que habla del compromiso de esta administración, es el proceso en los valles centrales de Oaxaca, en donde después de más de 10 años de un proceso de diálogo y de consulta con las comunidades se llegó a un acuerdo final en donde nosotros vamos a concesionar aguas directamente a los grupos originarios. Estamos llevando consultas en varios lados. Con los yaquis estamos también empezando un proceso de consulta. Es algo que se va a convertir en un aspecto rutinario, y por supuesto mantener prioridad en la asignación y protección de esos recursos.
–¿Y antes se hacía?
–Pues no. Yo soy reciente en la Conagua. Antes había habido algunas aproximaciones, por ejemplo, los yaquis tienen su título de concesión de agua desde hace muchísimos años y así algunos otros grupos. Es un proceso reciente de los últimos años para acá que hay que incorporar totalmente a los procedimientos de administración del agua y es lo que estamos trabajando.
LOS DECRETOS DE EPN
–Otra de las grandes dudas es sobre los decretos que se otorgaron en junio de 2018. ¿En qué consisten? ¿Esta administración las va a continuar, a pesar de que el Presidente hizo una promesa de que se podrían cancelar?
–Los decretos tienen la gran ventaja de que su objetivo es proteger agua para el ambiente y agua para la gente. Fueron desarrollados a partir de un proceso en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y de la academia desde hace muchos años. Es un proceso que tuvo casi 15 años de trabajo para irlas desarrollando, no fue una ocurrencia de la Administración anterior. En estos decretos se cuidó mucho proteger esa agua que se viene concesionando. En realidad sí hay un proceso de otorgar concesiones que por ley no puedes detener salvo que tengas instrumentos como las reservas de agua, reglamentos o vedas. Entonces la gran aportación de estos decretos es haber creado esas reservas. Ahora, se liberaron volúmenes que es lo que ha causado mucha confusión.
Se liberaron volúmenes que pueden ser concesionados para otros usos, entonces el compromiso de esta administración fue detener el otorgamiento de concesiones para otros usos hasta que no se sacaran reglamentos específicos. De ese volumen que queda es en realidad poco volumen: en promedio el 30 por ciento es el que se puede concesionar y el 70 por ciento queda protegido. Es un gran logro en términos de protección. Esta Administración emitió unos lineamientos el 1 de julio de este año para decir que de lo que queda vamos a definir un reglamento para ver cómo lo vamos a otorgar.
Lo importante es que es prioridad de esta Administración proteger el agua para la gente, para los grupos indígenas, grupos originarios, luego proteger el agua para el ambiente y ya una vez que esté protegido eso, entonces entrar a un proceso de concesiones donde quede perfectamente reglamentado cómo se van a dar esas concesiones. Lo importante de otorgar las concesiones es que estemos seguros que una concesión no vulnera a ninguna persona, su derecho humano al agua ni tampoco al ambiente.
LEY GENERAL DE AGUAS 2020
–Están surgiendo debates entorno a una reforma a la Ley General de Aguas para el próximo año. Mi pregunta es qué puntos son urgentes para reformar y si está de acuerdo con algunos colectivos en cuanto a poner foco en la legalidad de la transferencia de concesiones de un civil a una empresa y en cuanto al tiempo de concesiones dependiendo de si cumple la ley.
–El proceso de desarrollar una nueva ley es muy importante. Es un pendiente que tenemos como país desde 2013. En particular es muy importante porque es una Ley General de Aguas que va incluir a todos los niveles de Gobierno. La Ley de Aguas Nacionales incluye solo las aguas que son responsabilidad de la federación, pero el agua que está en los municipios, por ejemplo, los servicios de agua potable, no está en esa Ley. Entonces, la Ley General de Aguas va a cubrir todos los aspectos del agua en el país, de ahí su relevancia, y en particular el derecho humano al agua. Entonces es de gran trascendencia las pláticas, las discusiones y los procesos que se están teniendo en todo el país prácticamente.
En el ámbito de la administración federal de las aguas, que es lo que corresponde a Conagua, uno de los aspectos más sensibles es el sistema de concesiones. Ahí lo que es muy importante es que nosotros como país capitalicemos todas las enseñanzas que hemos tenido en casi 30 años de operar un sistema de concesiones. Hay muy buenas experiencias, hay malas experiencias. Entonces lo que es importante es que aprendamos, las identifiquemos y entonces evolucionemos a un sistema de concesiones justo, que no vulnere a la población en general, que no vulnere el derecho humano al agua, que no vulnere el derecho a un ambiente sano, y bajo esos principios el otorgamiento de concesiones deberá ajustarse en una serie de condiciones que implican el tiempo, y las transferencias. Pero lo importante es tener claro esos principios, ya los detalles varían mucho. Por ejemplo, una empresa requiere cierto tiempo y certeza jurídica para garantizar las inversiones que requiere hacer.
Entonces es muy difícil darle a una empresa una concesión por un año porque entonces sus inversiones que pueden ser de miles de millones de pesos no se ven protegidas. Necesitamos como sociedad entender hasta dónde se puede dar esa concesión, con qué rendición de cuentas una empresa debe obtener y cumplir con su concesión y cómo ciudadanos le damos seguimiento y vigilancia a ese proceso. Ahí es donde entrarán los detalles de la Ley y de sus reglamentos y es donde debemos de cuidar todos esos aspectos. Lo importante es cuidar que ninguna concesión de agua vulnere a la sociedad. Ese es el gran principio. El agua es un bien común, es propiedad de la nación y debemos de cuidar que no vulnere a la sociedad en aras de un fin privado.
–Si gusta agregar algo…
–Reiterar que el compromiso de esta Administración ha sido revisar todo el proceso de concesiones. Estamos trabajando en ello. Ya hay acciones importantes que se han tomado. El 1 de julio se publicó un Decreto presidencial que protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios. Como parte de este Decreto nosotros estamos en un proceso de caducidad de concesiones. Aquellas concesiones que ya terminaron su periodo, en muchos casos fue de 10 años o 30 años, que ya caducaron, tenemos identificadas alrededor de casi 80 mil concesiones que se van a caducar y esos volúmenes se van a proteger y destinar a uso doméstico. Es una acción que va en el sentido del compromiso con el agua para el derecho humano y para ir ajustando las concesiones.
