Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Congreso Veracruz, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, consideró que la Procuraduría estatal presentó las pruebas suficientes, para determinar la presunta participación de la Edil Sara Luz Herrera Cano en el homicidio de su secretario particular, por lo que inició el proceso de desafuero.
Los diputados Óscar Agustín Lara, Alfredo Aparicio Martínez, Diana Santiago Huesca, Tomás Montoya Pereyra, Loth Melchisedec Segura Juárez y Olga Lidia Robles Arévalo, todos integrantes de las comisiones unidas determinaron procedente atender la solicitud de la PGJ.
El Procurador de Justicia del estado de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza, había solicitado al Congreso local la separación inmediata de Sara Luz Cano de su puesto como Alcaldesa de Alvarado, tras imputarle el asesinato de su secretario particular Michel Sánchez Corro, quien fue visto por última vez el pasado 29 de julio.
De acuerdo con la prensa local, Flores Espinoza envió al congreso el oficio PGJ/DGIM/10176/2013 de la Investigación ministerial 107E/2013, para el desafuero de la alcaldesa, “privándola del fuero constitucional y separándola inmediatamente de su empleo, cargo o comisión, para quedar sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes en los términos del 36 párrafo primero de la ley 566 en cita”, dice el documento.
En el requerimiento del expediente de investigación que «exhibe» a Sara Luz Herrera tiene 628 hojas. La indagatoria es identificada con el folio 107E/2013 de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.
A las evidencias de la investigación se suma un disco digital de 4.7 GB, 120 mm, rotulado con la leyenda investigación 107E/2013, que contiene el video de grabación de la declaración ministerial de Luz del Carmen Santiago García, alias «La Chupadedo», en donde acusa a la Alcaldesa de haber ordenado el homicidio.
Luz del Carmen Santiago García fue detenida junto con Luis David Pérez Cruz y Jordy de Jesús Sedano García como presuntos responsables del homicidio de Michel Martínez Corro.
Al respecto, el Congreso consideró que «los elementos de prueba agregados a la petición de la Representación Social permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad de la servidora pública de referencia, por lo que amerita incoar el procedimiento».
De acuerdo con el procedimiento legislativo, el Dictamen Previo se turnó a la Secretaría General de la LXII Legislatura del Estado, para que ésta, a su vez, la remita al Pleno del Congreso del Estado y se integre a la Comisión Instructora para dar continuidad al desafuero.
