Ernesto Hernández Norzagaray
25/09/2015 - 12:02 am
A un año de Iguala
Cuando aparezca este texto se estarán prácticamente cumpliendo 365 días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de la ineficacia del gobierno para dar una versión creíble de lo ocurrido aquella tarde de verano. Desde entonces a esta fecha mucho se ha escrito y dicho […]
Cuando aparezca este texto se estarán prácticamente cumpliendo 365 días de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de la ineficacia del gobierno para dar una versión creíble de lo ocurrido aquella tarde de verano.
Desde entonces a esta fecha mucho se ha escrito y dicho desde el gobierno como una forma de consolidar lo que se ha llamado la “verdad histórica” que en realidad es la “verdad oficial”, si aquella que busca cerrar de una vez por todas cualquier investigación destinada a esclarecer los hechos dramáticos y que sus deudos directos asuman que sus hijos no volverán.
Sin embargo, las cuentas de cierre del gobierno, lejos están de satisfacer no solo a los padres sino a la opinión pública global que a través de los medios de comunicación siguen exigiendo qué se esclarezcan los hechos y los autores materiales como intelectuales sean sentados ante un tribunal de justicia que no esté pensando en la razón de Estado.
El gobierno federal ha dicho que tiene detenidos a decenas de funcionarios públicos y miembros de los cárteles que operan en Guerrero y que ahí se encuentran los culpables de la masacre de aquel 26 de septiembre. Que no hay que buscar en otro lado. Ni siquiera por omisión.
Lo cierto es que la duda persiste sobre el papel que tuvo el ex gobernador Ángel Rivero y los miembros de su equipo de seguridad pública, la omisión de los integrantes del ejército que estaban en un radio muy cercano de donde ocurrieron los hechos y en general el sistema de seguridad nacional.
Lo que resulta inaceptable para muchos es que la masacre se quiera presentar como un suceso del crimen organizado en colusión con algunos miembros de las policías locales, cuando los indicios apuntan a otras esferas del sector público.
El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha reventado la versión de que los muchachos fueron quemados en un basurero de Cocula técnicamente resulta insostenible y muestra la prisa por cerrar el caso que ahora tiene un nuevo ingrediente con el quinto autobús que no está en el informe de Karam, entonces en lugar de tranquilizar lo único que provoca es que aumente la sospecha de que no quiere castigar a los verdaderos culpables.
Más aun, expresa que ante este tipo de masacres el formato de solución es agarrar al que pase por ahí y montar una explicación oficial expedita, lo que se repite en varios estados de la federación.
Así sucedió en San Fernando, Tamaulipas, en Tlatlaya, Estado de México o Tanhuato en Michoacán pero también en casos más “domésticos” donde con extrema rapidez se culpa a familiares y el resto lo hacen los medios que difunden la noticias y acaban con el honor y la libertad que en el mejor de los casos son presuntos culpables.
En aquellos casos de notoriedad la explicación fue rápida y se cerraron los casos, ante la protesta de los deudos.
Pero, el caso de Iguala, ha mostrado no solo que esa tendencia a fabricar culpables está agotada para responder a unos medios de comunicación atentos de la opacidad de los gobiernos para la atención de víctimas sino para presentar a un gobierno eficiente y eficaz en el tratamiento de los problemas de violencia.
Los muchachos desaparecidos quizá por su juventud, su actitud irreverente frente a los poderosos, o porque encarnan demandas de los segmentos más empobrecidos de la sociedad mexicana y expresan la impotencia del gobierno mexicano para atender la creciente violencia que se ensaña con los más débiles ha provocado un eco mediático de gran resonancia fuera del país.
Y así, mientras el gobierno no dé una explicación confiable a través de organismos independientes y profesionales, difícilmente podrá quitarse esa tacha de su expediente de ineptitudes y complicidades.
Eso da cuenta de que difícilmente se pueda hablar de la modernización de nuestro país cuando existen rezagos que resultan insuperables bajo un esquema que excluye y tiene altas tasas de impunidad.
El trato del caso Igual entonces es muy parecido al ocurrido el primero de enero de 1994, cuando ocurrió el estallido zapatista en San Cristóbal de las Casas, no por la insurgencia con palos, machetes y escopetas calibre, o por la palabra convincente del llamado Subcomandante Marcos, sino por qué es la voz del México profundo de quienes no están considerados en los cambios modernizadores.
Así fue en los tiempos de Porfirio Díaz, con Miguel Alemán, Carlos Salinas y los tecnócratas que los han sucedido, y por qué las desigualdades persisten, resultan crónicas pues vienen de lejos.
Incluso, son insoportables para el poder.
Ellos quisieran vivir en el mundo de los logros macroeconómicos pero ahí está la terrible realidad, que se le ve, en el mejor de los casos, como un daño colateral doloroso pero irrelevante en sus metas de negocios.
No hace mucho tiempo, un analista como Héctor Aguilar Camín, decía que el Presidente Peña Nieto lo único que tiene claro es el destino de su gobierno qué pasara a la historia como modernizador aunque tenga una mala carta de navegación.
En fin, Ayotzinapa está ahí pulsando no solo por los 43, sino por las decenas de miles de muertes impunes, las desapariciones forzadas y sin un horizonte claro para todos.
El reclamo por los jóvenes de Ayotzinapa entonces nos compete a todos al margen del estatus social, creencias religiosas y políticas.
En definitiva, los 365 días transcurridos no han sido en vano, han alimentado la resistencia en segmentos de la sociedad y siempre eso será un estímulo para que otros se sumen para reclamar un México mejor.
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