Soto es una de las autoras del estudio de ONU Mujeres titulado «La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe hispano», que detalla las cifras de mujeres presentes en cargos políticos en los países latinoamericanos, y que recoge datos hasta el 1 de septiembre de 2015.

En Paraguay hay alrededor de un 16 por ciento de mujeres en cargos políticos, mientras que en Chile hay un 15 por ciento, en Guatemala un 13 por ciento y en Brasil, el país con menor representación pública femenina en la región, las mujeres ocupan el 10 por ciento de estos espacios, según el informe.

Las cifras están lejos de las de Bolivia, único país de la región que ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres en la política, con un 51 por ciento de representación femenina, o Cuba, con un 48 %, según datos del informe de ONU Mujeres.

«El porcentaje mínimo de representación para que las mujeres se constituyan en una verdadera masa crítica en la toma de decisiones políticas es del 30 por ciento», explicó Soto.

En el caso de Paraguay, las causas de la baja representación femenina tanto en el Parlamento como en gobiernos regionales y municipales son herencia de un sistema de «caudillos y liderazgos únicos», según Soto.

En este contexto, los cargos políticos son a menudo «vendidos al mejor postor» lo que, además de favorecer la corrupción, también deja afuera a más mujeres, ya que «sus condiciones económicas siguen siendo inferiores a las de los hombres», dijo la investigadora.

A estos hechos se suma la «cultura machista y patriarcal que impera en Paraguay», en la que «las mujeres son vistas como no aptas para la vida pública y relegadas a los espacios privados, especialmente a tareas de cuidados de personas dependientes como niños, ancianos o personas con discapacidad», expuso Soto.

Añadió que la ausencia de corresponsabilidad en los cuidados por parte de los hombres, el Estado y las empresas carga a las mujeres con todo el peso de estas tareas y lastra sus posibilidades de acceso a la vida pública.

«Solo las mujeres que tienen suficiente capacidad económica se liberan de estas tareas, pero las transfieren a otra mujer que es explotada: la trabajadora doméstica. No existen en Paraguay políticas públicas que permitan establecer un sistema estatal de cuidados», señaló la investigadora.

Por ello, Soto insistió en la necesidad de capacitar a más mujeres para que puedan diseñar políticas públicas con enfoque de género una vez alcancen puestos de responsabilidad política.

Paraguay promueve el debate sobre una Ley de Paridad Democrática para permitir la inclusión de más mujeres en espacios de decisión política en Paraguay, a través de la campaña «Somos la mitad, queremos paridad», respaldada por diversas organizaciones.