La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa mostró la incapacidad del Gobierno federal para investigar y la impunidad que carcome al Estado mexicano. Es una «situación crítica», coinciden especialistas.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).— A pesar de que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas perpetrada en Iguala, Guerrero, hace casi un año ha sido considerada por organismos internacionales como la más grave violación a derechos humanos en México en los últimos años, la conmoción que causó a nivel nacional e internacional de poco ha servido para atender efectivamente el problema de la desaparición y la desaparición forzada en el país.
Apenas el pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que en el país prevalece el deterioro en la atención al tema, que detectó desde 2011 cuando realizó una visita a México en la que alertó que la impunidad es frecuente en los casos de desapariciones forzadas, que los hechos no se esclarecen y que las víctimas no reciben una reparación adecuada e integral.
En su reporte presentado ese día en Ginebra, el Grupo de Trabajo apuntó que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos demostraba con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de este problema en el país.
Para los expertos de la ONU la gravedad del problema no se limitaba al hecho de la desaparición forzada de los normalistas, perpetrada entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, sino que se había exhibido también en las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, en el hallazgo de fosas clandestinas en diversas partes del país y hasta en las estadísticas oficiales que, aunque limitadas, mostraban una situación “particularmente crítica”.
El Grupo de Trabajo de la ONU también señaló que el reconocimiento discursivo –al que calificó de “incipiente”- sobre el problema de la desaparición forzada “no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel”.
Héctor Cerezo, del Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, y la Senadora panista Mariana Gómez del Campo comparten los señalamientos del Grupo de Trabajo de la ONU. Sin embargo, ambos esbozan que una consecuencia positiva de la visibilización que tuvo el caso fue que, frente a la presión nacional e internacional, el Gobierno mexicano delineó el camino para aprobar una Ley General contra la Desaparición Forzada.
La demanda de esa Ley ya tenía varios años en voz de organizaciones civiles y grupos de familiares de víctimas de desaparición forzada, sin que hubiera sido atendida por el gobierno. También el Grupo de Trabajo de la ONU había advertido, desde su visita en 2011, sobre la falta de una Ley General en el país que regulara todos los aspectos de esa problemática.
A pesar de que desde entonces la ONU había recomendado al Estado mexicano aprobar una ley a la brevedad, el Gobierno mexicano retomó la petición hasta que ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Un día después de que se cumplieran dos meses del hecho, el 27 de noviembre de 2014, el Presidente Peña Nieto anunció un decálogo de acciones en materia de seguridad y acceso a la justicia. Una de ellas era una iniciativa de ley para facultar al Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura.
Ésta se materializó el 30 de abril pasado y a partir de ahí se han presentado cuatro propuestas de Ley, sin que hasta la fecha éstas se hayan discutido y, eventualmente, aprobado alguna.
LEY, OPORTUNIDAD Y RIESGO
Entre 2012 y 2015 al menos 34 iniciativas sobre desaparición forzada han sido presentadas en el Congreso de la Unión, ya sea ante la Cámara de Diputados o ante el Senado de la República, de acuerdo con una revisión de la revista Contralínea. Cada una de ellas ha sido turnada al trabajo de comisiones para quedarse ahí, congeladas.
¿Qué haría diferente a las iniciativas que están por discutirse en el Senado?, se le pregunta a la Senadora Gómez del Campo, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y quien, junto con otras legisladoras de esa comisión, respalda una de las iniciativas de ley que serán discutidas y que fue elaborada por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
La panista dijo a SinEmbargo que el caso Ayotzinapa acelera para que se hagan las cosas, aunque reconoce que el tema debió haberse legislado desde hacía mucho tiempo. Ahora, añadió, la discusión va a darse en la tribuna legislativa y no deberá haber injerencias del Poder Ejecutivo para detener la aprobación de una Ley en la materia.
Gómez del Campo destacó que lo crucial de una ley general contra la desaparición forzada es que además de prevenir ese delito y proteger a las víctimas, debe establecer responsabilidades de las autoridades para investigar y sancionar a los perpetradores de desapariciones forzadas.
La iniciativa de ley que respalda Gómez del Campo, junto con otras Senadoras, contempla tanto a la desaparición forzada de personas –entendida como aquella que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado– como a la desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar, prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las víctimas de ambos delitos.
También establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Además propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida, a través de un proceso confiable, seguro y certero.
La iniciativa contiene también un apartado sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, cuyo propósito es reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a sus familiares.
Sin embargo, se trata sólo de una de las cuatro propuestas de ley que existen hasta ahora. Se espera que una quinta sea planteada por el Gobierno federal y, en esa medida, para Cerezo existe el riesgo de que haya una simulación. Consideró que existe el riesgo de que el Gobierno federal presente una Ley que no atienda a las exigencias planteadas por las organizaciones civiles y por instancias internacionales, sólo para salir del paso pero que sea letra muerta en la práctica. Eso, señaló, sólo abonaría a la impunidad que de por si prevalece en los casos de desaparición forzada existentes.
¿Y PARA LAS VÍCTIMAS?
Si un aspecto positivo de la visibilización del caso Ayotzinapa fue que presionó al Gobierno mexicano para promover una Ley General contra la Desaparición Forzada, en lo referente a la búsqueda de desaparecidos el informe de la ONU es completamente acertado, expresó Cerezo.
“Para las familias lo más importante es saber el paradero de sus seres queridos, [lo] que no ha sucedido, no sólo en el caso de Ayotzinapa sino en el 90 por ciento de los casos, en que las familias siguen sin saber dónde está su familiar, qué le pasó y por qué le pasó. Siempre es una deuda histórica que tiene el gobierno con los desaparecidos, no solamente los del 2006, sino desde la década de los setenta, ochenta”, dijo el defensor de los derechos humanos.
Otro elemento en que no se ha avanzado es en dar justicia, consideró, porque los responsables de desapariciones no han sido procesados y sentenciados en prácticamente ningún caso. “Cuando hay esta cantidad de impunidad el mensaje que se está mandando a los perpetradores es que pueden continuar con las desapariciones porque no va a haber una consecuencia legal”, expuso.
Desde la óptica de las víctimas habló Juan Carlos Trujillo, fundador del grupo Familiares en Búsqueda María Herrera y quien busca a cuatro hermanos desaparecidos. Él reconoció que el caso Ayotzinapa dio una nueva mirada al tema de la desaparición en México, que el Gobierno mexicano, dijo, había logrado desvanecer. Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas, el tema volvió a posicionarse como un asunto nacional, especialmente porque se exhibió la descomposición del Estado mexicano, señaló.
No obstante, para la demanda principal de los familiares de desaparecidos –que es encontrar a los suyos– poco efecto tuvo la presión que hubo sobre el Gobierno mexicano por el caso de los normalistas, pues no mejoraron los procesos de búsqueda.
“De manera institucional no hay respuesta, y no hay respuesta porque no hay voluntad. Que se instruya de los más altos niveles que se busquen a las personas no hay capacidad, no hay intención y no hay voluntad […] No han mejorado los procesos ni lo métodos de búsqueda”, expuso.
Trujillo dijo que si bien la lucha de los familiares de desaparecidos ha tenido logros, lo fundamental que es encontrar a sus familiares sigue sin cumplirse y de ello el caso de los 43 normalistas es el mejor ejemplo.
“En México no hay condiciones para buscar a nadie, por lo menos por parte del Gobierno federal, no así para las familias que han salido a buscar y han encontrado”, apuntó.
Respecto a los beneficios que la eventual aprobación de una ley general en la materia podría traer, Trujillo fue categórico al decir que se trata de una herramienta más, pero que es insuficiente para solucionar un problema tan complejo como es el de las desapariciones en el país, especialmente frente a la falta de voluntad de las autoridades, En lugar de eso, dijo, la transformación tiene que provenir de los ciudadanos.
Sobre ese tema, Cerezo apuntó que la visibilización del caso Ayotzinapa también sirvió para que la sociedad se sensibilizara y estuviera mejor informada sobre la desaparición forzada.
“También es un avance, nosotros creemos, que la sociedad esté entendiendo que la lucha por la presentación de nuestros desaparecidos o contra la desaparición forzada es una lucha que no solamente involucra a los familiares o a las organizaciones de derechos humanos, sino que debe de ser una demanda de la sociedad en su conjunto”.
