Durante su administración, Jorge Winckler fue señalado por supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo cual generó una escalada en los niveles de violencia en la entidad.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Jorge Winckler Ortiz, exfiscal General de Justicia de Veracruz, del 30 de diciembre 2016 al 3 de septiembre de 2019, fue detenido este día en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de permanecer prófugo de la justicia por más de tres años. ¿Pero quién es el exfuncionario?
Winckler Ortiz es cercano al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Dejó la Fiscalía en medio de acusaciones de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Durante su administración tuvo a su cargo casos como el de la masacre de Minatitlán, ocurrida el 19 de abril de 2019, en donde 14 personas fueron acribilladas por un comando cuando festejaban un cumpleaños y el ataque al bar Caballo Blanco, perpetrado el 28 de agosto de 2019, donde 30 personas perdieron la vida luego de que un grupo de individuos disparara y lanzara bombas molotov contra las personas que se encontraban en el lugar.
Su actuación frente ambos casos fue cuestionada por el Gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.
El 30 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Veracruz, que en aquel entonces era de mayoría panista y priista, aprobó el nombramiento de Jorge Winckler como Fiscal General del Estado por un periodo de nueve años (2016-2025) en sustitución de Luis Ángel Bravo, encarcelado en el gobierno pasado.
Su designación generó gran inconformidad en la entidad, pues sus críticos aseguraron que se trataba de una “herencia” del entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes y que era una jugada política del mandatario para protegerse la espalda.
Durante su administración, Jorge Winckler fue señalado por supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo cual generó una escalada en los niveles de violencia en la entidad.
Desde el inicio de su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Veracruz, Cuitláhuac García prometió que de ganar las elecciones en julio de 2018, iniciaría una investigación en contra de Winckler Ortiz por los constantes señalamientos en su contra.
Finalmente, el 3 de septiembre de 2019 el Congreso de Veracruz, con mayoría del legisladores de Morena —luego del triunfo electoral del partido guinda en el estado— determinó mover temporalmente del cargo a Jorge Winckler al asegurar que el exfuncionario no cumplía con el requisito de revalidación de confianza.
Tras el anuncio, el entonces Fiscal calificó la decisión de “ilegal” y responsabilizó de su seguridad y la de su familia al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En vista de las acciones violentas a través de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública cercó y tomó las oficinas de la Fiscalía General del Estado, incluso utilizando la violencia en contra de diputados y trabajadores de la Institución, hago responsable de mi integridad y la de mi familia al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, dijo Winckler en un comunicado.
El 5 de septiembre de 2019, Jorge Winckler obtuvo un amparo que lo protegía provisionalmente ante cualquier orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la solicitud fue desechada 24 horas después por el Juzgado Segundo de distrito del estado de Veracruz.
Días más tarde, un Juez de Veracruz giró una orden de aprehensión contra el exfiscal y al menos cinco de sus colaboradores por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro.
La orden de aprehensión también contemplaba al exfiscal Especializado en Personas Desaparecidas Luis Eduardo Coronel, al Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres, así como a Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández.
La orden de aprehensión girada contra Winckler Ortiz fue por la desaparición forzada de Francisco Zárate Aviña, quien señala al exfuncionario como responsable de haberlo mantenido privado de su libertad para que revelara la ubicación del exfiscal, Luis Ángel Bravo, para quien trabajaba como jefe de escoltas.
Seis meses más tarde, el 26 de marzo de 2020, Jorge Winckler fue separado definitivamente de su cargo luego de que el Congreso local aprobó por mayoría un Proyecto de Punto de Acuerdo puesto a consideración por la Junta de Coordinación Política.
El Proyecto obtuvo 33 votos a favor y 12 en contra, en él las y los diputados especificaron que Winckler Ortiz no cumplió con las tareas designadas en la Constitución para el cargo desde su nombramiento, el 30 de diciembre de 2016.
Lo aprobado por la LXV Legislatura veracruzana establece que, al no cumplir con sus labores, Jorge Winckler violó el derecho que tiene la sociedad de tener certeza de que quien ocupa el cargo de Fiscal es sometido evaluaciones y certificaciones.
“La observancia es condición para la realización del resto de los derechos fundamentales de la sociedad veracruzana”, señaló el Congreso en un comunicado.
De acuerdo con las y los diputados, Winckler Ortiz no aportó pruebas ni alegatos para defenderse de la presunta infracción desde el 3 de septiembre de 2019, cuando se aprobó un Acuerdo para determinar la separación temporal de su cargo como Fiscal.
Además de las acusaciones por secuestro, Jorge Winckler fue demandado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta dilatación de la justicia y ocultar órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial contra presuntos criminales.
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que el exfiscal de la entidad era un “auténtico delincuente” y que así quedó demostrado con la órdenes de aprehensión en su contra.
En tanto, Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del estado de Veracruz informó que se tienen indicios de que Winckler además de ocultar más de 150 órdenes de aprehensión durante los años 2017-2018 escondió en 2019 alrededor de 100 más.
El funcionario sostuvo que esta presunción derivó después de las capturas en flagrancia que ha efectuado la SSP donde las órdenes de aprehensión no han sido registradas en la Plataforma México, pese haber sido concedidas por un juez.
