La delincuencia y el crimen organizado han encontrado en el robo de este recurso un nuevo refugio, tras el combate que hizo el Estado contra el «huachicoleo» de combustible. ¿Qué puede pasar?
Por Ariel Noyola Rodríguez
Ciudad de México, 25 de julio (RT).- El Gobierno de México presentó a principios de julio un plan para crear una nueva empresa que estará a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gas Bienestar, con el objetivo de distribuir gas licuado del petróleo (LP, que se obtiene de la refinación y las plantas procesadoras de gas natural, compuesto de butano y propano) a un «precio justo».
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la empresa comenzará operaciones en octubre próximo en la Ciudad de México. Especialistas consultados por RT aseguran que la medida gubernamental responde al incumplimiento del compromiso de las empresas privadas de mantener bajo el precio del combustible y no aumentarlo más allá de la inflación.
De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación acumulada del gas LP en lo que va de este año alcanzó un 20.5 por ciento. Únicamente si se compara junio con respecto a mayo, el incremento fue de un 2.91 por ciento, el segundo producto con mayor incidencia en el nivel general de precios.
La propuesta del Gobierno es vender cilindros de gas LP de 20 y 30 kilogramos a precios bajos a través de una empresa administrada por Pemex, que mantuvo prácticamente sin cambios la cotización del hidrocarburo entre 2018 y 2021, mientras que en el sector privado el precio trepó de 18.22 a 20.94 pesos (entre 0, nueve y 1.1 dólares) por kilogramo.
Con vistas a conseguir su meta, sin embargo, la Administración de AMLO se enfrentará de manera irremediable a las ‘mafias gaseras’: grupos criminales que se dedican a vender gas LP robado de los ductos de Pemex y que, a ‘sangre y fuego’, han logrado hacerse con el control territorial del mercado, advierten trabajadores y empresarios del sector.
TOMAS CLANDESTINAS ROMPEN RÉCORD
El robo de combustible se ha convertido en un dolor de cabeza para el actual Gobierno. De hecho, cuando comenzó la Administración de López Obrador, en diciembre de 2018, una de las primeras acciones fue combatir el robo de petróleo, práctica popularmente conocida como «huachicol».
A pesar del descontento popular por el desabasto de gasolinas en distintos puntos del país —debido a la apertura intermitente de la red de ductos—, el Gobierno no dio marcha atrás y, en apenas unos meses, la estrategia logró disminuir el robo del ‘oro negro’, así como normalizar el suministro de gasolinas. Sin embargo, la delincuencia y el crimen organizado encontraron en el robo de gas LP un nuevo refugio.
«Del robo de gasolinas se pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentando este tipo de ilícito, y también lo del contrabando de gasolinas», declaró López Obrador en conferencia de prensa, el 6 de abril de este año.
El robo de hidrocarburos es un tema que preocupa a otros poderes de la Unión. A finales del año pasado, desde el Senado de la República se hizo un llamado al mandatario para articular una estrategia integral, con la participación de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de poner un alto.
El robo de hidrocarburos es un tema que preocupa a otros poderes de la Unión. A finales del año pasado, desde el Senado de la República se hizo un llamado al mandatario para articular una estrategia integral, con la participación de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de poner un alto.
El exhorto, presentado por la Senadora Indira de Jesús Rosales —del Partido Acción Nacional (PAN)—, ya advertía del peligro que se avistaba si no lograba detenerse el robo de este hidrocarburo: aumento de la inseguridad y la violencia, desplome de las inversiones productivas en el sector, así como la pérdida de miles de empleos formales.
De acuerdo con datos revelados por la legisladora blanquiazul, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto el denominado «gaschicol», como se le conoce popularmente al robo de gas LP, aumentó de forma exponencial. De 2012 a 2018 se registró un incremento de un 800 por ciento en las tomas del ducto principal de Pemex. Una situación inédita.
Las tomas clandestinas a lo largo del sexenio anterior se estiman en por lo menos 44 mil, con pérdidas millonarias para la denominada «empresa productiva del Estado». Bajo el Gobierno de López Obrador, el robo de gas LP no ha disminuido. En cuanto a 2019, se calcula una pérdida de 13 mil millones de pesos (unos 650 millones de dólares).
Y en 2020 el robo de gas LP alcanzó un nuevo récord, con pérdidas estimadas en más de 30 mil millones de pesos (unos mil 500 millones de dólares), un incremento de un 130 por ciento en comparación con 2019, según información proporcionada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
El grueso de los robos de gas LP se concentra en 10 estados: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.
La entidad con el mayor número de robos es Puebla donde, por cierto, gobierna el oficialismo. Durante el primer trimestre de este año, en este estado el delito de robo de gas LP aumentó un 42 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con un reporte publicado por el Instituto para la Gestión y Vinculación Municipal (IGAVIM), en los primeros tres meses de este año se registraron 537 tomas clandestinas en el estado, esto es, 161 tomas adicionales en comparación con 2020.
La «ordeña» de ductos es apenas una cara de la moneda de este delito. La otra es el establecimiento de mafias a lo largo y ancho del país, que se dedican a vender el gas LP robado a Pemex.
Consiguieron imponer su ley con base en amenazas, extorsiones y violencia. Hoy dominan la venta de gas LP en un número importante de colonias y municipios, y tienen contra la pared al Gobierno de la denominada «Cuarta Transformación».
MAFIAS GASERAS IMPONEN SU LEY
La distribución de combustibles es presa de la ola de inseguridad y violencia. Grupos criminales se han consolidado territorialmente y exigen el pago de una «cuota» a las empresas que se dedican a la venta de gas LP.
Si no se paga esta «cuota», similar al «derecho de piso» que piden los cárteles de la droga, los propietarios y empleados de las compañías corren el riesgo de ser víctimas de extorsión, secuestros, robos y, en el peor de los casos, asesinatos. Los chóferes de las pipas son quienes principalmente cargan con las peores consecuencias.
La Amexgas ya tiene identificadas a varias de estas mafias, entre las que destacan: Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Unión de Gaseros de Tecámac, Portatileros de Gas LP y Transporte en General, los ACME y el Sindicato Libertad. Las denuncias presentadas en contra de estos grupos de distribución ilegal han venido aumentando.
«Yo no le llamaría ‘sindicato’, no puede ser que a punta de pistola se exija una ‘cuota’, se exija un monto determinado y así como en este caso como en cualquier otro no se va a permitir», comentó en diciembre pasado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre las quejas contra el Sindicato Libertad, una de las «mafias gaseras» con mayor predominio en el Valle de México.
Rosío Vargas Suárez, consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad
El proyecto de Gas Bienestar tiene grandes desafíos porque el territorio mexicano está repartido entre los grandes grupos de gaseros e inclusive en algunas regiones hay influencia del crimen organizado.
Hasta el momento, sin embargo, no existe una estrategia concreta para desmantelar estas mafias. Lo único que anunció el Gobierno federal durante la presentación de la nueva empresa de distribución, Gas Bienestar, fue la participación de la Guardia Nacional, que se encargará de custodiar los camiones que transporten el hidrocarburo.
«El proyecto de Gas Bienestar tiene grandes desafíos porque el territorio mexicano está repartido entre los grandes grupos de gaseros e inclusive en algunas regiones hay influencia del crimen organizado», comenta a RT Rosío Vargas Suárez, consejera independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
Tomando en cuenta que Gas Bienestar comenzará operaciones en octubre próximo en la capital del país, las ‘mafias gaseras’ podrían seguir operando a sus anchas en el resto de las entidades de la República, aseguran trabajadores y empresarios del sector.
Explican que, si bien estas mafias no ejercen «gran influencia» en la cotización del hidrocarburo, que al final depende de los niveles de oferta y demanda, así como de factores externos (mercado internacional), en muchos casos ofrecen un precio inferior a los de las compañías que están legalmente establecidas. Aumentan o disminuyen el precio según su conveniencia, asegura Vargas Suárez.
«[Gas Bienestar] es un proyecto relevante porque se intenta poner orden en un ámbito en que los grupos dominantes del sector han impuesto su ley, se han repartido las regiones y han establecido sus precios que manejan a su conveniencia sin importarles las dificultades por las que están pasando las familias más desfavorecidas», indica la consejera.
Y es que, aunque el Gobierno de México anticipó que con la puesta en marcha de programas sociales se lograría desmantelar la delincuencia y el crimen organizado, desincentivando las «conductas antisociales», la realidad es que en la actualidad miles de familias dependen económicamente de esta ‘industria’ paralela.
A medida que se acerca el día de lanzamiento de la nueva empresa, crece la preocupación entre operadores. Temen que, tan pronto el Gobierno comience a participar en la distribución, las «mafias gaseras» desaten una ola violencia con tal de mantener el control territorial del mercado. Es una bomba de tiempo.
