«Ni el Instituto Nacional Electoral ni los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad. Los criminales son los mismos gobernantes,» escogidos a su vez por sus “dignísimos líderes”.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Luego del que el pasado 17 de junio el Vaticano diera conocer que están evaluando la posibilidad de excomulgar a los corruptos y a los mafiosos, este día la Arquidiócesis Primada de México recordó las palabras del Papa Francisco.
En el semanario Desde la Fe, la iglesia católica mexicana señaló que en México, la dignidad de los ciudadanos está siendo pisoteada por un grupo de gobernadores y funcionarios que han sido señalados por incurrir a estos actos, y con ello, las condiciones para un futuro mejor se reducen considerablemente, recordado las palabras del Papa Francisco.
«La conducta de gobernadores y funcionarios imputados en la comisión de delitos pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para su futuro».
Además, de acuerdo con este editorial el pontífice señaló que la corrupción en la sociedad daña directamente a las familias y condena a la justicia a su no ejecución.
«El Papa Francisco recuerda cómo la corrupción degrada la sana convivencia e impide la justicia que a todos corresponde».
En este tenor, la Arquidiócesis contrasto las palabras de Francisco con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se hizo hace algunos días «sobre la malversación de recursos federales otorgados a los Estados» y del cual acusó que lo más justo es que los partidos políticos respondan como terceros responsables de los gobernadores y funcionarios que actualmente enfrentan un proceso.
Ya que, denuncian, ese dinero que aún no se sabe su destino, pudo haber sido utilizado para el desarrollo de la sociedad y no para las arcas de los ex y actuales gobernadores acusados.
«El desvío impide saber cuál fue el destino de monumentales cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98.2 mil millones de pesos, mismos que habrían tenido que ser aplicados al desarrollo, infraestructura, deuda pública, seguridad social o provisiones salariales y económicas, en el período comprendido entre 2013 y 2015».
«Según la ASF, sólo cinco entidades concentran el 56 por ciento de los recursos desviados, mismas que descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad; se trata de Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca. Estos Estados han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas».
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Además criticaron la reformas para blindar a la política electoral pues, desde su perspectiva, el enemigo está dentro de su propio núcleo y no afuera como ellos piensan.
«Sin embargo, resultó que el enemigo estaba en casa. Así es, los partidos no se blindaron de las ambiciones corruptoras y desmedidas de gobernadores, cuyas administraciones dan evidencia contundente del nivel de degradación absoluta.»
Los derechos electorales para los gobernados, que se supone que deberían ser garantizados por el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, asevera la Arquidiócesis, no son dados e incluso los gobernadores son los criminales.
«Ni el Instituto Nacional Electoral ni los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad. Los criminales son los mismos gobernantes,» escogidos a su vez por sus “dignísimos líderes”.
Ante estos hechos los electorados muestran más desconfianza para las elecciones Presidenciales del próximo año por la «desconfianza creciente hacia un sistema de partidos en irrefrenable caída y descomposición», que además la propia sociedad se «niegan a responder de las atrocidades cometidas por sus gobernadores que, al amparo de sus partidos, devastaron las economías de los Estados del país».
«Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso. Lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común».
