Activistas de la comunidad LGBTI presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a la Unidad para la Reforma Política sus propuestas para que sean incluidas en la redacción de la Constitución capitalina en materia de derechos a la salud, educación, trabajo y justicia. Señalaron, además, que de acuerdo a una encuesta sobre discriminación sexual laboral realizada por ellos al 20 por ciento de las personas de este comunidad se les cuestionó su orientación sexual durante la entrevista de trabajo; al 14 por ciento les negaron el empleo por la misma; al 10 por ciento lo despidieron por esa razón; el 55 por ciento dijo que pocos o nadie de su entorno laboral saben sobre su orientación, y uno de cada tres encuestados declaró haber sido víctima de discriminación por parte de sus jefes o compañeros.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- La Alianza Ciudadana LGBTI presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a la Unidad para la Reforma Política un documento con propuestas sobre derechos a la salud, educación, trabajo y justicia de la comunidad que pidieron sean plasmados en la redacción de la Constitución capitalina.
Polo Gómez, miembro de Inspira Cambio, expuso que en México los programas de salud sexual reproductiva están diseñados para hombres y mujeres con una orientación heterosexual y no consideran la reproducción asistida.
Por ello pidió que la Carta Magna contemple campañas para la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTI) sobre el uso de drogas inyectables; campañas específicas sobre cáncer de próstata y mama; diagnóstico oportuno y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como espacios de atención médica libres de discriminación.
Sobre el derecho a una educación sexual integral, Daniel Castillo, integrante de UDiversidad, solicitó que los legisladores aborden una educación sexual no biologisista, apoyo a personas víctimas de bullying homofóbico, capacitación de docentes y una educación incluyente, libre de prejuicios y que reconozca los derechos universales, entre ellos, los sexuales.
En cuanto a los derechos laborales, por parte de Espolea, Tania Martínez presentó datos sobre una encuesta de esa asociación aplicada en la Ciudad de México, la cual revela que:
Al 20 por ciento de las personas LGBTI consultadas les cuestionaron su orientación sexual durante la entrevista de trabajo; al 14 por ciento les negaron el empleo por su orientación sexual; al 10 por ciento lo despidieron por esa razón; el 55% dijo que pocos o nadie de su entorno laboral saben sobre su orientación, y uno de cada tres encuestados declaró haber sido víctima de discriminación por parte de sus jefes o compañeros.
Con respecto a la justicia, Daniela Vázquez, parte de la Red de Juventudes Trans, exigió que la constitución capitalina garantice el acceso a la justicia sin distinción. Demandó establecer que el Sistema Penitenciario, en su Ley de Reclusorios, integre la terminología orientación sexual e identidad de género.
Asimismo, dijo, en el apartado de libertad de expresión se debe prohibir discursos de odio basados en la orientación sexual que inciten daño contra LGBTI.
Los crímenes de odio, requirió, deben tipificarse de tal manera que los asesinatos a trans se incluyan como feminicidios.
Vázquez, junto con Josefina Valencia -de Clóset de Sor Juana-, pidió que en la redacción de la Carta Magna se contemple la terminología: diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género, términos reconocidos por convenios internacionales. Además, la abreviación LGBTI solo debe contemplar una letra T, ya que ésta incluye a transexuales, transgénero y trasvestis.
Roberto Baeza, de Fundación Arcoiris, también exigió que como parte del «derecho a la ciudad», las personas de la comunidad puedan acceder a créditos de vivienda, arrendar vivienda sin discriminación y formar parte de la agenda cultural mediante participación en manifestaciones artísticas.
Al término de la exposición de propuestas de las organizaciones que conforman la Alianza Ciudadana LGBTI, Víctor Domínguez Loera, miembro de la Unidad para la Reforma Política, concluyó que el grupo redactor no va por mal camino.
«De las propuestas que se han mencionado, prácticamente me atrevería a decir que el 100 por ciento están e incluso hasta en la terminología», dijo.
En la parte de igualdad y no discriminación, afirmó, está expresado la identidad de género y la orientación sexual, y se agrega la expresión de género.
Respecto a los derechos civiles como el matrimonio, «es un tema que está contemplado y no puede haber retroceso».
Finalmente, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Clara González reconoció que la presentación del documento de propuestas es un primer paso y se le dará seguimiento.
