Madres y parientes de desaparecidos se han dirigido a la comunidad de Tetelcingo, Morelos, con la esperanza de que entre los 116 cuerpos encontrados encuentren a sus seres queridos. Sin embargo, apenas a días de que iniaciaran las excavaciones, ya existen acusaciones de que la Fiscalía de Morelos no está cumpliendo con los 20 puntos del protocolo acordado por un grupo interdisciplinario para sacar e identificar los restos.
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Familiares de desaparecidos denunciaron su descontento con el proceso de exhumación de osamentas en las fosas de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. La Fiscalía estatal afirma que los restos de al menos 116 personas se encuentran en el sitio aledaño al panteón de “Las Cruces”.
Desde el domingo, familiares de personas desaparecidas se acercaron a la fosa de la Fiscalía. “Nosotros estamos cercados de todo. Venimos a descartar que sean nuestros hijos, pero también a ayudar a otras madres. Porque esos cuerpos tienen nombre, hay que buscarles su identidad”, dijo Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, quien desapareció el 20 de febrero del 2011, en Nuevo León.
Los trabajos iniciados este lunes comenzaron con tropiezos, después de que las familias y los peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), manifestaran su descontento con la máquina llevada el martes por la Fiscalía para escarbar, un trascabo de grandes proporciones.
“Se supone que ayer iban a comenzar a las seis de la mañana. Se retrasó eso porque ellos faltaron a los protocolos, trajeron una pala mecánica muy grande. Obviamente los familiares no quisimos que la metieran porque podían lastimar los cuerpos. Entonces, tuvo que venir el Fiscal hasta acá, y ya él entendió, vino en otra actitud”, dijo Manzanares.
Hasta el este miércoles, al menos quince embalajes fueron extraídos de la fosa. Después estos cadáveres pasarán a ser identificados por el campamento instalado en el lugar. Familiares han dicho que, de acuerdo con el dueño del terreno, existen tres fosas, de las cuales dos están claramente ubicadas.
Los padres no han podido ingresar a los trabajos, pero han detallado una serie de anomalías en lo que va del proceso: “El Fiscal ha puesto muchos ‘peros’, nos están poniendo muchas trabas. Los familiares sí estamos muy molestos”, dijo Manzanares.
La falta de apoyo de la Fiscalía para montar un campamento completo donde trabajen peritos, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha sido evidente, dijo Manzanares.
“Se dijo que habían puesto una lona, en vez de una carpa. Y mencionaba el director de la UAEM que parecía que iban a hacer una barbacoa de pueblo, y no a exhumar unos cuerpos. Ahora en la mañana tuvimos trabas, porque se supone que aquí iban a lavar los restos, y hacer las muestras. Pero los trabajos iniciaron hasta las 12 de la tarde, en vez de a las seis de la mañana”, explicó la madre.
VIOLACIÓN DE PROTOCOLOS
La Fiscalía de Morelos adelantó el 20 de mayo un protocolo para la exhumación de los restos con 20 puntos.
Sin embargo, éste se incumplió parcialmente porque las autoridades tuvieron dificultades para hallar la fosa.
“Se comenzó a escarbar donde no era. Entonces, se perdió mucho tiempo. Nos han dicho que serán alrededor de tres semanas, pero yo no creo” dijo Manzanares; por otro lado, las autoridades de la fiscalía refirieron que habían empezado a cavar en la parte de en medio de la fosa y que no encontraron nada, por lo que se movieron hacia los extremos de un área de 40 metros.
El Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, amagó este lunes con cancelar las diligencias porque el protocolo no había sido respetado.
“Ese no es un trato digno para las víctimas”, sostuvo el Rector, quien solicitó vía telefónica al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, acudir al sitio, pues de lo contrario “se radicalizaría la situación”, que ha contado en las cercanías con la presencia de los familiares.
Los cuerpos fueron trasladados a la fosa en el 2014, desconocida por la ciudadanía hasta que una madre, María Concepción Hernández, halló que su hijo, asesinado en el 2013, fue sepultado en el área.
Los restos de Oliver Navarrete Hernández, a pesar de estar plenamente identificado, fueron inhumados de manera ilegal en la fosa en marzo de 2014, lo que constató irregularidades en el proceso llevado a cabo por la Fiscalía estatal.
De acuerdo con la versión de las autoridades, sin considerar el caso de Navarrete, las 116 cadáveres en la fosa corresponden a cuerpos que estaban en el Servicio Médico Forense entre el 2010 y el 2012. Y que por la falta de reclamo de sus familiares, y continua descomposición, fueron enterrados ahí.
Marco Aurelio Palma, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, apuntó que el problema las fosas en la entidad ahora se ha hecho más evidente en Cuautla.
“No han podido dar una respuesta inmediata, y los familiares han tenido que tomar la justicia por su propia mano ante la negación de los gobiernos a investigar de forma debida. Básicamente, la desaparición de sus familiares, no se descarta incluso que sean de otros estados”, refirió.
