Mientras la suspensión contra un tramo del Tren Maya obtenida por Xpujil está pausada por la emergencia sanitaria, la construcción de la obra insignia del sexenio sigue, a pesar del riesgo por el coronavirus, acusaron organizaciones mayas, que preparan más recursos jurídicos.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Durante la fase 3 del COVID-19, el Gobierno federal continúa con el proyecto del Tren Maya, a pesar de que la comunidad de Xpujil, Campeche, obtuvo una suspensión contra un tramo de la obra de infraestructura más importante del sexenio, y mayas alistan más recursos jurídicos por la violación a estándares internacionales sobre su derecho a la consulta indígena, por su alto impacto ambiental en una zona rica en diversidad biológica y cultural, y ahora por el riesgo a los trabajadores y comunidades debido a la pandemia.
«Se va a continuar con esta cuestión jurídica desde diferentes pueblos de la Península de Yucatán para seguir defendiendo el territorio y la vida buscando frenar este megaproyecto que está violentando sistemáticamente nuestros derechos. Seguramente muy pronto vamos a tener nuevos amparos», dijo Ángel Sulub, defensor en Quintana Roo. «No existe una Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto en general, no contamos con esa información. Lo que se presenta es vago».
Naayeli Ramírez, de la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, no descartó que surjan nuevas solicitudes de amparo, pero no hay suficientes abogados para apoyar a las comunidades campesinas e indígenas, matizó. Desde la publicación de su pronunciamiento contra el Tren Maya han sido contactados en búsqueda de apoyo.
«Algunos quejosos afirman que las personas que hacen los censos entran a sus predios sin permisos y otras quejas de comunidades agrarias son porque la Procuraduría Agraria pide asambleas para otorgar poderes de dominio y administración a los comisarios, los cuales no se pueden otorgar. Promueven ambiente de ilegalidad e impunidad. Y el avance del amparo en Xpujil ha sido muy lento; no los están dejando ahora interponer quejas ni presenciar evidencia. Todo está detenido por la pandemia, mientras el Tren sigue. Es muy penoso», expuso Ramírez.
Desde el 6 de abril está publicado en el Diario Oficial de la Federación que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transístmico y este tren.
Esta semana el consorcio Mota-Engil, en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh, V Eyasa y Gavil Ingeniería, ganó un contrato por 15 mil 538 millones de pesos para el tramo I de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). En estos 232 kilómetros se van a rehabilitar y mejorar vías existentes del Ferrocarril Chiapas-Mayab.
Y del 13 al 20 de abril, entonces con más de 8 mil casos de coronavirus, ONU-Habitat –en coordinación con Fonatur y el Gobierno de Campeche– realizó entrevistas telefónicas o personales de casi una hora «con medidas de seguridad sanitaria» a residentes aledaños a las vías del tren, en las colonias Camino Real, Bellavista, La Ermita y Santa Lucía, para conocer opciones preferenciales ante una posible relocalización. Además el 53 por ciento de tierra del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales. «Los censos y las entrevistas son parte de un programa de trabajo que tenían diseñado, pero no hemos encontrado ningún sustento legal ni tampoco la prohibición explícita», dijo Naayeli Ramírez.
Sulub agregó que «Naciones Unidas tendría que mostrar una postura conforme a los derechos en todas sus oficinas. La creación de nuevos ‘polos urbanos de desarrollo’ a lo largo de las estaciones del Tren constituyen una gran amenaza para las comunidades; aún no están resueltos los problemas de rellenos sanitarios ni manejo de residuos sólidos…».
Y las Asambleas Informativas han sido canceladas, justo por la pandemia. Para Pedro Uc, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, con localidades por donde estarán las estaciones, da lo mismo porque más que información clara, «es propaganda».
PIDEN SUSPENDER HASTA UNA CONSULTA REAL
La Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán manifestó que resulta «preocupante» que frente a la emergencia sanitaria a nivel mundial el Gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el Tren Maya, a pesar de que la construcción de más de mil kilómetros en cinco estados y el desalojo de personas «no es esencial» en el contexto de la actual pandemia.
«Esta determinación pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo», acusaron las organizaciones, colectivos y comunidades conformantes de la Red de poblados de Cancún hasta Palenque, de Bacalar a Escárcega.
La justificación de Fonatur para seguir es que la construcción de los primeros cinco tramos generará cerca de 80 mil empleos en lo que queda del 2020 para la región del sureste de México.
«Hasta el momento hay información de que beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social», reculan las organizaciones y llaman al Presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender la obra y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, iniciar un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas.
También urgieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emitir las medidas cautelares pertinentes para solicitar que se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto.
«EL GOBIERNO SE APROVECHA PARA AVANZAR»
Continuar con la construcción del Tren Maya, manifiesta la Red de Litigio, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto. Ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto.
«El Gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de una Jueza Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul (Xpujil) y Candelaria», acusan.
En enero una Jueza otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) una suspensión por el amparo 12/2020 solicitado en Campeche que pidió frenar avances en toda la obra, por los incumplimientos del proceso de consulta indígena con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proceso participativo realizado por el Gobierno federal a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no fue una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
«Esta consulta no es vinculante y es una garantía endeble. Peleamos para que se respeten nuestros derechos de vivir en un medio ambiente sano, que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones entorno a las formas de desarrollo que queremos en nuestro territorio y eso salvaguarde nuestra lengua y formas de vida», aseguró el defensor maya Pedro Uc, quien recibió a su celular amenazas de muerte un día después de esta consulta de finales de 2019.
Pero Fonatur impugnó ante el Tribunal Colegiado, por lo que se acotaron los alcances del recurso jurídico: «la suspensión anterior afectaba cualquier obra en los casi mil 500 kilómetros de la ruta. Ahora, la jueza acotó la suspensión solo a obras nuevas en los límites geográficos de la comunidad de Xpujil [donde habitan los 18 solicitantes]».
Días después en marzo, más de 12 mil firmas de pobladores de 15 municipios de Chiapas respaldaron el amparo del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Sin embargo, las audiencias se han suspendido por la presencia del coronavirus.
«Confiamos en que se demuestre con las pruebas presentadas la violación al derecho de consulta indígena que se realizó con un proceso ciudadano en diciembre», dijo Ángel Sulub, defensor en Quintana Roo. «Es un grave error porque el amparo se presentó en contra de toda la implementación del proyecto en todos los tramos, no solo uno, por lo que se están violentando sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios».
Asimismo, acusan, es imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por lo que se suma a la opacidad y falta de información con la cual «el Gobierno federal ha manejado esta obra».
DEFORESTACIÓN Y DESABASTO DE AGUA
Las organizaciones han insistido en la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que el Tren Maya acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas.
El proyecto del Tren Maya se planea en una zona con selvas, manglares, sabanas, petenes, cenotes y dunas costeras, hogar de flora y fauna en algún riesgo. Por ello, su construcción implica la deforestación de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas, alertó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Las comunidades de Calakmul padecerán bastante. Xpujil, donde viven los amparados, son la cabecera de este municipio de Campeche. Se prevé desabasto de agua, no tienen servicio de recolección de residuos, por lo que se acumularían y vivirá presión a la zona arqueológica por incremento de visitantes de 40 mil a 3 millones estimado.
El CEMDA también advierte sobre la generación de ruido que puede afectar particularmente la orientación de los murciélagos, un impacto en Áreas Naturales Protegidas y pérdida de hábitat, fragmentación, atropellamiento y bloqueos de paso de fauna.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al emitir su opinión consultiva OC-23/17, determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y asegurar el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han satisfecho en el proyecto denominado Tren Maya y cuyo cumplimiento se hace imposible en las actuales circunstancias de contingencia sanitaria.
