La LXIII legislatura del Congreso de la Unión se ha visto marcada por la ausencia de legisladores que, en tiempos electorales, han ido en búsqueda de otros cargos de elección popular y se han ausentado para asistir a actos de campaña, lo cual ha ocasionado la falta de quórum.
Sin embargo, este jueves han convocado a los legisladores para votar una serie de iniciativas del Partido Verde que, de acuerdo con especialistas, activistas y políticos de oposición, resultaran dañinas para el futuro del medio ambiente y los derechos humanos de los mexicanos.
Se trata de Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que, afirman los opositores, le da al Gobierno federal manga ancha para terminar de poner en manos de privados la riqueza natural del país, por encima incluso de la opinión y derechos de los pobladores originarios.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- A pesar de las demandas de la sociedad civil y especialistas en materia ambiental, la reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dieron un paso más para convertirse en una realidad. Ambas iniciativas tienen en común que son impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y son dañinas para el sector medioambiental.
La LXIII legislatura del Congreso de la Unión se ha visto marcada por la ausencia de legisladores que, en tiempos electorales, han ido en búsqueda de otros cargos de elección popular y se han ausentado para asistir a actos de campaña, lo cual ha ocasionado la falta de quórum. No obstante, este jueves, se prevé se apruebe una serie de iniciativas que incluye algunas que resultan dañinas para el medio ambiente y los derechos humanos.
Ayer, en la Cámara de Diputados, con 264 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones se avaló el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con lo que es turnado al Senado de la República.
Dicha reforma incorpora el artículo 27 Bis que le da la facultad al Presidente de la República –en este caso Enrique Peña Nieto– de designar a los cinco vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia, con lo que, alertó la Alianza contra el Fracking, se le da poder al Gobierno federal en turno –desde las más altas esferas– para evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el país, pues los cargos tienen una duración de siete años, así que el actual mandatario decidiría quiénes estarían al frente durante la siguiente administración.
En entrevista para SinEmbargo, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking, alertó sobre los efectos negativos que se avecinan.
«Las empresas de hidrocarburos son desafortunadamente famosas por sus actos de corrupción y de desprecio al futuro climático del planeta. Son ampliamente conocidos los escándalos de Odebrecht y Exxon Mobil. La propuesta para modificar la Ley de la ASEA no toma provisiones para evitar el conflicto de interés en el Órgano de Gobierno propuesto, ni para evitar la famosa puerta giratoria entre el sector público y privado que lejos de proteger el ambiente asegura la operación empresarial a costa de las comunidades».
La activista pronostica que con la cercanía del fin de sesiones, la reforma sea aprobada este jueves o se convoque a periodo extraordinario.
«Con las prisas de fin de sesiones, podrían tratar de sacarla esta misma semana o convocar a periodo extraordinario», dijo.
Por ello, Campero hizo un llamado a los legisladores a estudiar el dictamen y a que «hagan lo que es su obligación: consultar de forma amplia a especialistas y comunidades afectadas por la contaminación de hidrocarburos».
LEY FORESTAL VIOLA DDHH DE INDÍGENAS
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, votó a favor de la minuta de la Ley Forestal, con lo que se prevé mañana sea votada en el Pleno. De ser aprobada mañana, sería turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La nueva Ley abroga la publicada en el DOF el 25 de febrero de 2003.
La Comarnat está integrada por 29 diputados: doce de ellos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido Acción Nacional, tres del PVEM, tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno de Movimiento Ciudadano (MC) y uno más de Nueva Alianza (NL).
Ante este panorama, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), la Red Indígena de Turismo de México (RITA), la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios del Estado de Oaxaca (UESCO), además de Bosques y Gobernanza manifestaron su rechazo a la Ley principalmente por la violación a los derechos humanos que representa y por la omisión de la consulta a pueblos indígenas.
Sin embargo, también reconocieron que algunas demandas de la sociedad civil fueron atendidas, entre ellas, la vulneración de derechos sobre pago por servicios ambientales, la disminución de las funciones del Consejo Nacional Forestal (CONAF), la degradación del papel del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano y alentar el rentismo a través de la transmisión de autorizaciones de programas de manejo forestal.
Desde hace varios meses, las organizaciones han solicitado reiteradamente someter a consulta con las comunidades indígenas los contenidos de la Ley Forestal, pero jamás recibieron respuesta.
Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, lamentó «que este proceso finalmente se vaya a concluir sin haber concedido una respuesta a la solicitud de consulta que se hiciera formalmente en el mes de marzo […] No hubo voluntad política para respetar un derecho humano básico de las comunidades indígenas y equiparables, que es la consulta».
«Las comunidades, los ejidos y los pequeños propietarios no están teniendo la oportunidad de opinar directamente sobre una Ley que les afecta en sus medios de vida. Es grave el precedente que se sienta con este proceso legislativo que está viciado de origen», añadió en entrevista para este medio de comunicación.
El activista alertó que entre los retrocesos que presenta esta nueva Ley se encuentra la eliminación del objetivo general V de la Ley vigente, el cual le da preferencia a las comunidades indígenas para el uso y aprovechamiento de los ecosistemas forestales.
Asimismo, puntualizó, se permite la colecta de recursos biológicos forestales y a las patentes y certificaciones de recursos genéticos forestales, que, desde el punto de vista de la Red Mocaf, «abre la puerta a la biopiratería y al despojo de las comunidades».
La biopiratería, explicó, es el aprovechamiento y uso de recursos biológicos, genéticos y forestales por parte de terceros, para fines comerciales, de investigación y biotecnología, sin tener el consentimiento previo de los pueblos indígenas, quienes son los guardianes de la biodiversidad.
«Me parece que [la Comarnat] no valoró adecuadamente la importancia que tiene el respeto de los derechos a pueblos indígenas, me parece que están actuando con un sentido pragmático. Si bien se incluyeron propuestas de la sociedad civil, no podemos aplaudir que la incorporación sea violentando los derechos de nuestros compañeros y nuestros representados», destacó.
