Un grupo del Parlamento Europeo está fuertemente preocupado por las violaciones a los derechos humanos registradas en México, por lo que piden congelar la negociación del acuerdo comercial bilateral. La gota que derramó el vaso, dijeron, fueron los asesinatos en marzo de tres periodistas en México. «Ya suman 28 durante el mandato de Peña Nieto», dijeron los eurodiputados.
Por Gabriela Jiménez
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo/EconomíaHoy).- La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la partida de Reino Unido de la Unión Europea han establecido el marco para que México y la Unión Europea revisen el Tratado de Libre Comercio que sostienen desde 1999. Ante esta situación, un grupo del Parlamento Europeo está fuertemente preocupado por las violaciones a los derechos humanos registradas en México, por lo que piden congelar la negociación del acuerdo comercial bilateral.
En entrevista para EconomíaHoy, Estefanía Torres, Diputada del partido español Podemos en el Parlamento Europeo, señaló que existe alarma en su agrupación por la cada vez más grave situación de los derechos humanos en México y la poca atención que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) pone al asunto, así como la poca transparencia con la que se realizan las negociaciones del Tratado que regula el intercambio con el segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos.
«Creemos que tenemos una deuda histórica con América Latina y el pueblo español tiene una deuda histórica con México, porque México ha acogido a nuestros paisanos, a nuestra gente, cuando se tuvo que ir de España huyendo del régimen franquista y el pueblo que nos acogió fue el mexicano», dijo Torres.
Hasta 2016 la Unión Europea había generado inversiones en México por 170 mil millones de dólares, principalmente en los sectores de manufactura, servicios financieros y el campo, mientras que el intercambio comercial de productos mexicanos con el grupo de 28 naciones alcanzó 61 mil 691 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.
España por su parte es el séptimo socio comercial de México y su segundo mayor inversionista a nivel mundial con 5 mil 800 empresas establecidas en territorio mexicano, de acuerdo con la embajada Española en México.
A principios de abril, tras concluir la tercera ronda de negociaciones para la actualización del TLCUEM, Estefanía Torres y los diputados de Podemos que forman parte de la Comisión para las Relaciones entre México y la UE del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en la que demandó la congelación de las relaciones comerciales entre México y la UE ante el «grave deterioro» de los derechos humanos, especialmente en lo concerniente al alto número de periodistas asesinados en México en los años recientes.
«Lo que está en juego es la actualización de un acuerdo comercial que en principio parece que va a dejar muy en entredicho las cláusulas de respeto a los derechos humanos. Ya nos parecía especialmente grave que se siguiera adelante con este acuerdo al margen de lo que sucede en el país. La gota que derramó el vaso fueron los asesinatos en marzo de tres periodistas en México», señaló Torres, en referencia a Ricardo Monlui, Moisés Sánchez y Miroslava Breach. «Ya suman 28 durante el mandato de Peña Nieto».
El grupo exige que la versión final del TLCUEM contenga garantías de respeto a los derechos humanos por parte de las corporaciones que hagan uso de él.
Las expectativas de Torres sobre el efecto de la carta no pueden calificarse de optimistas. «Esperamos que al menos nos den una explicación de por qué no se van a congelar las relaciones comerciales. Creemos que por desgracia no va a ser así porque tanto las instituciones europeas como el gobierno mexicano parecen estar más por la labor de poner en marcha acuerdos de libre comercio que van en la misma línea del TTP y el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá) que en respetar los derechos humanos».
Durante la visita de los integrantes de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo a México, su presidente, Bernard Lange, habló a este medio sobre la importancia de tener políticas anticorrupción, estado de derecho y respeto a los derechos humanos en el centro de las negociaciones para la «modernización» del Tratado, un término que, pese a estar en el discurso de ambas partes, ha sido poco explicado.
«Cuando hablan de modernización, lo que quieren decir es que habrá tribunales de arbitraje privados que resuelvan conflicto, que no van a tener que ver con las instituciones públicas y que van a resolver conflictos entre grandes corporaciones y Estados, pero en tribunales privados».
ADEMÁS
La eurodiputada recordó casos en los que grandes corporaciones han demandado a Estados cuando consideran que sus leyes les perjudican, como el de Uruguay, en el que la tabacalera Phillip Morris demandó por 25 millones de dólares al Estado por considerar que sus políticas antitabaco perjudicaban comercialmente a la empresa. En este caso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, dio la razón a los uruguayos.
Otro sonado caso ocurrió en Egipto, en donde la empresa francesa Veolia demandó al país por 116.6 millones de dólares por considerar dañina a sus intereses el alza del salario mínimo que acababa de aplicar.
Estos y otros casos generaron amplia polémica cuando se discutía el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, entre la Unión Europea y Estados Unidos) y durante las negociaciones para el Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, que involucraba a 12 economías, incluyendo a México), acuerdos que fueron duramente criticados por establecer este tipo de tribunales especiales y por la falta de transparencia sobre las cláusulas negociadas.
En el caso del TLCUEM, Torres asegura que incluso la información que llega a las diputadas y diputados europeos es opaca.
«No tenemos apenas conocimiento del contenido puntual del tratado, no nos fluye la información. No hay transparencia total, la ciudadanía no conoce cuáles son los pros y los contras de los acuerdos, lo que me parece especialmente grave. Con el TTP y el CETA hubo un secretismo total. Ya no se trata solo de que los diputados tengamos la información, sino de que la tenga la ciudadanía, porque este tipo de acuerdos comerciales marcan el presente y el futuro de generaciones enteras y que la sociedad no lo sepa es muy grave».
Torres afirma que la delegación de su grupo parlamentario manifestó estas preocupaciones el pasado febrero, cuando la Comisión a la que pertenece visitó nuestro país, pero la respuesta del gobierno mexicano no fue la que esperaban, empezando por el hecho de que la visita contempló un solo día en la Ciudad de México y el resto en Mérida, Yucatán.
A la eurodiputada, que realizó sus estudios de maestría en México, esta situación le pareció curiosa. «Cuando vas en una visita oficial te llevan a una realidad absolutamente paralela que no tiene que ver con la que vive el pueblo cada día».
El trato, asegura, «fue correcto», no obstante al pedir más información sobre las cláusulas del Tratado relacionadas con la protección de los derechos humanos en México, la conversación se desvió. «Enseguida se ponen primero los intereses comerciales y hubo mucha insistencia en hablar de Trump y del muro que pretende construir con México, y no para hablar de los problemas internos de México».
Hasta el momento la carta enviada por Torres no ha generado respuesta o pronunciamiento alguno por parte de las autoridades mexicanas, y deberán pasar por lo menos dos meses desde su emisión para obtener una respuesta por parte de Federica Mogherini, lo cual lleva las fechas hasta junio, mes en el que se llevará a cabo la cuarta ronda de negociaciones del TLCUEM, así como elecciones para gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. «Si coincide la ronda de negociaciones con la elección en determinados estados seguro habrá algún tipo de interés por ahí», dijo Torres.
Por lo pronto, la eurodiputada sostiene que su partido tiene «una línea política muy clara con México, que es la defensa de los derechos humanos. Primero las personas y luego las multinacionales». Asegura que si en México continúa en aumento el número de desaparecidos y no se pone un alto a la impunidad «lo vamos a seguir denunciando, independientemente de quién esté en el gobierno».
