Las disputas del Gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) terminaron por afectar la confianza entre los padres de los estudiantes hacia las autoridades que llevan el caso. Desde que desaparecieron los estudiantes han pasado una serie de incidentes y contradicciones en los que se ataca a quienes cuestionan la versión oficial. ¿Qué proponen los padres ahora que se va su último interlocutor con las autoridades?
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Con la partida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se cayó el último puente de comunicación entre las autoridades de justicia y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes hicieron ver que su desconfianza creciente hacia el Gobierno federal se basa en la manipulación que este ha hecho del caso.
Los padres de los estudiantes son recibidos una vez al mes por la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer avances sobre el caso. Y aunque el Gobierno ha reiterado su compromiso por conocer la verdad, las familias acusan que las reuniones privadas siempre han estado llenas de reveses.
El último encuentro con las autoridades de justicia se realizó el pasado 14 de abril.
“La información no ha sido para nosotros con credibilidad. Sentimos, como lo ha demostrado el GIEI, que hay muchas cosas que la PGR en su indagatoria no muestra en el expediente. No creemos en todo lo que nos dicen y eso ha aumentado la desconfianza”, expuso Nicolás Andrés Juan, papá del estudiante Édgar Andrés Vargas, quien sobrevivió a un disparo en la mandíbula.
Pese a la ausencia de autoridades del Gobierno federal en el último informe del GIEI, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos Torres, ofreció una conferencia de prensa el domingo en la que hizo énfasis en los familiares.
«Estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo, saber qué pasó con los jóvenes y castigar a cada uno de los responsables”, expuso el funcionario.
Sin embargo, esta disposición pública no se ha visto en el trabajo que deberían de hacer las autoridades de justicia y eso nos aleja cada vez más de ellos, refirieron los padres de los normalistas.
“Públicamente nos dicen una cosa, y luego hacen otra. Yo creo que no ha habido ninguna respuesta y lejos de decir estamos investigando, no mencionan nada. Si se está siguiendo una línea de investigación para ver quién disparó a Edgar o por qué los militares actuaron así no sabemos. No hay nada, no existe”, dijo Andrés.
LOS PUENTES DERRUMBADOS
A 19 meses de los hechos ocurridos en Iguala, el Gobierno se ha encargado de romper posibles acercamientos para conocer la verdad de los hechos, dijeron con descontento miembros del comité estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, escuela en la que estudiaban los desaparecidos.
“La Procuradora Arely Gómez nos ha dicho que la investigación va a continuar después de que el GIEI se retire. Lo canijo es que no creemos en lo que nos vengan a contar ahora la PGR. Ése es el detalle. Ya nos intentaron ver la cara desde un principio, con las fosas clandestinas que fueron encontrando, que afirmaban que 17 normalistas ahí estaban”, dijo Ángel Mundo Francisco, secretario general de la Normal de Ayotzinapa.
Agradecidos con las recomendaciones del GIEI, los padres sostuvieron que fueron los expertos internacionales quienes develaron distintas manipulaciones de las autoridades en el caso.
Las discrepancias entre el GIEI y el Gobierno federal se extendieron a lo largo de la estadía de este grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició sus trabajos en marzo del 2015.
La primera tensión sucedió ese mismo mes, cuando el grupo solicitó entrevistar a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que pudieron haber estado implicados en la desaparición de los normalistas.
Pese a que en junio el GIEI externó su preocupación por no haber obtenido respuesta, la solicitud de entrevistar a los militares aún sigue desatendida.
“Yo considero que nos han hecho a un lado al no conocer, quizá porque están involucrados los militares ahí”, planteó Nicolás Andrés a SinEmbargo.
La falta de consenso sobre la principal hipótesis del Gobierno, que sostiene que los estudiantes fueron calcinados en un basurero de Cocula, en Guerrero, se hizo evidente el 6 de septiembre del año pasado, cuando el GIEI descartó, después de un peritaje, que fuera posible llegar a esa conclusión con los datos existentes.
El basurero y la versión de la incineración de los estudiantes se tornaron en temas en los que el Gobierno no ha estado dispuesto a ceder. En noviembre, el GIEI hizo un anunció en el cual consideró innecesaria la realización de un nuevo peritaje, pero aceptó colaborar en él.
Estas tensiones entre la PGR y el GIEI se desencadenaron el 1 de abril de este año, cuando la institución dio a conocer los resultados preliminares del peritaje en el basurero de forma unilateral. Al menos 17 estudiantes fueron calcinados ahí, afirmó éste.
El GIEI no sólo lamentó la decisión exclusiva de la PGR de dar a conocer esta información parcial, sino que demeritó los resultados por sacar conclusiones sobre la reacción de cuerpos humanos al fuego, cuando el peritaje fue meramente sobre el comportamiento del fuego.
La controversia por el basurero Cocula se mantuvo hasta el último informe del GIEI al mostrar un video en el que aparece Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), visitando las inmediaciones del Río San Juan, un día antes de la aparición de los restos que se acusaron pertenecer al normalista Alexander Mora.
El hecho levantó serias suspicacias dentro de los padres de familia.
“Qué estaba haciendo un día antes en Cocula. Sembrando las pruebas. Qué estaba haciendo en ese día. Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó con indignación César González Contreras, uno de los padres.
FILTRACIONES Y DENUNCIAS
Las filtraciones a la prensa y los ataques a las CIDH no sólo desgastaron la relación del GIEI con las autoridades, sino que restaron la credibilidad que los padres tenían sobre las últimas.
El 10 de noviembre, diversos medios de comunicación revelaron una supuesta infiltración del grupo criminal Los Rojos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como la presunta irrupción de otro grupo, Los Ardillos, en las instalaciones de la escuela, con el fin de secuestrar a estudiantes vinculados con los primeros.
La versión fue rechazada por Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 desaparecidos. Y algunos otros como el representante estudiantil de Ayotzinapa Omar García sostuvieron que el incidente sólo comprobaba las intervenciones telefónicas a las que están sometidos los familiares y activistas del caso.
En un hecho similar, el 13 de abril se dio a conocer en redes sociales un audio en el que el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, supuestamente los llamó «indios piojosos» por negarse a recoger sus cobijas y lavar sus platos durante un recorrido, se dio a conocer en redes sociales. Rosales negó la autenticidad de la grabación y los padres le reiteraron su respaldo.
En cuanto al desprestigio al cual fue sometida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto negó en octubre y marzo informes que apuntalaban una crisis de derechos humanos en México.
Algo que fue visto por la organización Amnistía Internacional (AI) como un mal recibimiento a las críticas, y que sufrió una agravante en marzo, cuando la PGR abrió una investigación en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, después de que el abogado José Antonio Ortega acusara al grupo de expertos de realizar un fraude por cobrar millones de dólares para trabajar en una investigación sin avances.
Una denuncia condenada por AI y organizaciones sociales de derechos humanos, que un mes más tarde se enteraron sobre la decisión de la PGR de desecharla.
¿QUÉ VIENE?
Con el propósito de continuar las líneas de investigación no agotadas, los padres de familia, junto a sus abogados, acordaron impulsar la petición ante la CIDH de que se instale un mecanismo de seguimiento a los avances del caso.
“Un mecanismo especial de seguimiento, de visitas periódicas, reuniones de alto nivel con el Estado, acceso a la información de manera de fuente directa y no sólo a través de cateos”, dijo Mario Patrón, director del Centro ProDH.
El mecanismo estaría comprendido por tres objetivos: supervisar las medidas cautelares para investigar los hechos, buscar y encontrar a los 43 estudiantes desparecidos, y atender a las víctimas.
“Estamos solicitando en concreto que el Presidente de la CIDH [James Cavallaro] que a su vez es relator de México, sea directamente el encargado del mecanismos de seguimiento, y estamos pidiendo que uno de los expertos del GIEI pueda formar parte de este mecanismo”, detalló Patrón.
En su último informe el GIEI planteó distintas preguntas, que ahora los padres esperan que las autoridades de la PGR terminen de esclarecer.
«Está claro que ya no sólo quedó en el informe cuestionada la verdad histórica, sino todo el expediente, y todo su sistema de justicia. Hoy está en juego la voluntad política del Estado y que la CIDH establezca un mecanismo de seguimiento», dijo Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
Asimismo, padres y organizaciones esperan que se aclare de inmediato el papel que desempeñó Tomás Cerón en el desarrollo de las investigaciones: «Estaríamos hablando de diligencias que no están integradas en la averiguación previa, y por lo tanto son violatorias de todo proceso. Los padres ya lo solicitaron a la PGR en términos de investigación», opinó Patrón.
