El Grupo de Expertos de la CIDH planteó en su informe final cómo la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha estado plagada de irregularidades y omisiones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). El documento de más de 600 páginas habla sobre casos de tortura en las personas detenidas por la desaparición de los estudiantes y sugiere que en las escenas del crimen, como fue el caso del basurero de Cocula y las inmediaciones del Río San Juan, se pudo haber sembrado evidencia. También acusa el bloqueo por parte del Gobierno de México a su investigación como fue el impedimento para entrevistar a implicados y a los militares presentes esa noche y las negativas para atender líneas de investigación. El reporte habla sobre un ataque coordinado entre policías y criminales, confirma que Ejército y Policía Federal supieron lo que ocurría aquella noche, rebate la versión oficial sobre lo ocurrido a los 43 jóvenes y, plantean distintos medios extranjeros, pone en duda no sólo la investigación, sino también la credibilidad del Estado mexicano.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sólo plantea dudas sobre la «verdad histórica»; además pone sobre la mesa la credibilidad del Estado mexicano sobre lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, Guerrero, coincide la prensa extranjera más influyente en sus ediciones de este lunes.
«Las conclusiones del grupo de expertos no solo cuestionan la versión oficial, también son un golpe a la credibilidad del sistema de justicia penal del país. Este ha sido blanco de constantes críticas por su gestión en un episodio que simboliza los fallos y la corrupción del aparato estatal mexicano», escriben Kirk Semple y Elisabeth Malkin en el diario estadounidense The New York Times, que la semana pasada publicó una entrevista con los expertos en la que se denunciaron las trabas impuestas por el Gobierno mexicano para su investigación.
Katy Watson, corresponsal de la BBC en México y Centroamérica, coincide en el golpe asestado a la credibilidad del Gobierno mexicano:
«El trabajo de los expertos inició en marzo de 2015 a petición de las familias de las víctimas -una misión que fue aprobada por el Gobierno. Seis meses más tarde publicaron su primer informe cuestionando la versión oficial de los hechos -una versión que el Gobierno había llamado la ‘verdad histórica’. Este segundo y último informe pone de nuevo la investigación del Gobierno en la mira. Los expertos dicen que han encontrado pruebas de tortura entre muchos de los que fueron detenidos por la desaparición de los estudiantes. También dicen que se encontraron con el obstruccionismo de las autoridades, que frustraron sus esfuerzos para llegar al fondo de lo que sucedió. Más de un año y medio después de la desaparición de los estudiantes no estamos cerca de saber lo que realmente sucedió esa noche, pero una cosa es cierta: la credibilidad del gobierno de México está más en duda que nunca».
Jan Martínez Ahrens, corresponsal de El País, escribió en el diario español que el GIEI se despide «con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano». Dice que a lo largo de las 608 páginas, este equipo «detalla las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del Alcalde de Iguala y sus policías municipales, las ‘conductas omisivas de los funcionarios públicos’ han quedado sin investigar».
El diario británico The Financial Times consigna a su vez, en una nota publicada por su corresponsal Jude Weber, que el «tan esperado informe internacional ha publicado las acusaciones de tortura y la información errónea en relación con la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014, amontonando la presión sobre el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto después de meses de indignación por el escándalo».
El Financial Times menciona que mientras el Gobierno de México afirma que los estudiantes fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a una banda de narcotraficantes para ser quemados en un vertedero de basura, el grupo de expertos mencionó en su informe final que al menos 17 personas fueron torturadas para corroborar esta versión además de la serie de aparentes inconsistencias detectadas, como lo es un mensaje de texto de un estudiante enviado una hora después de que supuestamente los jóvenes murieron.
El diario norteamericano The Washington Post destaca por su parte cómo el crimen contra los normalistas define el estado de los derechos humanos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. «Las circunstancias confirmados hasta el momento han puesto de relieve cómo los funcionarios del gobierno y la policía han sido comprados por los carteles de la droga y sirven en su nombre. Se ha puesto al descubierto la incompetencia de los investigadores, que no han sabido proteger la escena del crimen y manejar apropiadamente las pruebas».
«Por encima de todo», agrega el Post, «el crimen ha puesto en duda la voluntad de las autoridades federales para descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a los estudiantes o si en su lugar eligieron inventar una narrativa falsa de poner el caso a descansar».
En las páginas de The Wall Street Journal, los periodistas José de Córdoba y Duddley Altahus describieron el contenido del «informe mordaz»; dijeron que el documento del GIEI detalló cómo «los obstáculos constantes puestos por el gobierno mexicano, y el uso generalizado de la tortura en las investigaciones criminales, sabotearon su investigación».
«Los cinco expertos dijeron que no podían determinar el destino de los 43 estudiantes. Sin embargo, dijeron que no hay evidencia para apoyar la tesis del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero de basura», publicó The Wall Street Journal.
El diario The Guardian refiere que en el «devastador informe» entregado por el Grupo de Expertos quedaron consignadas las «inconsistencias, errores y omisiones en la investigación oficial del Gobierno, junto con la evidencia de que los sospechosos fueron torturados». El periodista David Agren da cuenta en el medio británico de los señalamiento hechos por el GIEI contra el Gobierno de México, al que acusó de no cooperar plenamente con la investigación «y de permitir una campaña de difamación para atacar a su trabajo en un intento de desacreditar el informe final y acosarlos fuera del país».
La publicación refirió que la ausencia de funcionarios públicos mexicanos durante la presentación del informe «fue otra señal de las tensas relaciones entre el Gobierno mexicano y la CIDH, que en los últimos meses se encontró con una avalancha de historias poco favorecedoras en las publicaciones afines al presidente y su partido. El grupo incluso tenía a su secretario ejecutiva investigado por los fiscales mexicanas por el mal manejo de fondos públicos, alegaciones que posteriormente fueron encontrados sin fundamento».
Mientras que The Independent resaltó que las acusaciones de los detenidos sobre haber sido víctimas de tortura «podrían dañar la posibilidad de condenar a los sospechosos» y resaltó que de acuerdo a las leyes mexicanas, los testimonios que hayan sido obtenidos bajo esas condiciones no deberán ser tomados en cuenta.
El medio inglés recordó además que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que ya investiga el caso de 31 personas se dijeron víctima de tortura.
