Cinco funcionarios del Gobierno federal sumaron críticas en los últimos meses por enfrentar y desestimar las conclusiones y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, y que claramente derrumbaron la «verdad histórica» con la que la PGR de Jesús Murillo Karam pretendió la investigación. La rispidez que el GIEI y el Gobierno federal mantuvieron en las últimas semanas, dicen analistas, se originó en una cerrazón coordinada desde las oficinas de estos funcionarios, a los que los mismos expertos se enfrentaron públicamente en diferentes momentos.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer su último informe en torno a su investigación sobre el caso Iguala y, como ha sucedido en las últimas semanas, acusaron la cerrazón y la falta de colaboración mostrada por algunos funcionarios del Gobierno federal.
El GIEI denunció también una falta de voluntad del Gobierno de México para alcanzar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, y lanzó una alerta sobre la fracturación del expediente, lo que además, afirmaron, ha alimentado la impunidad.
Al término del informe, que fue presentado ayer en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto y al resto de las autoridades mexicanas a continuar trabajando en la búsqueda de los 43 normalistas y a atender las recomendaciones del GIEI.
Cavallaro lamentó el que el Gobierno de México haya impedido la renovación del mandato de los expertos pese a que los objetivos planteados entre el Gobierno y la CIDH, la localización de los normalistas, no se alcanzaran. El presidente de la Comisión Interamericana también lamentó el que ninguna autoridad federal estuviera presente en la presentación del informe.
Entre los funcionarios federales más cuestionados por su actuación de cara a las críticas del GIEI destacan los siguientes:
TOMAS ZERÓN DE LUCIO
Actual Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a ese puesto en septiembre de 2013, nombrado por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam.
Zerón de Lucio fue uno de los colaboradores más cercanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. El 18 de mayo de 2007 fue cesado de la Coordinación de Control Policial de la Policía Federal Preventiva, luego de los errores registrados el 16 de mayo en Cananea, Sonora, en una incursión a un convoy criminal que dejó 26 muertos, luego de un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios.
SU PAPEL EN AYOTZINAPA
Considerado el principal defensor de la “verdad histórica” del ex Procurador Murillo Karam, en febrero pasado fue señalado por el GIE por deformar y falsear declaraciones de inculpados y filtrarlas a los medios masivos con propósitos diversionistas, y fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso.
Además, de acuerdo con los expertos, Zerón de Lucio trató de posicionar en la opinión pública una quinta versión sobre los hechos: que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, dada la falta de solidez de la “verdad histórica”.
Sin embargo, el 7 de septiembre de 2015, un día después de la presentación de un informe del GIEI, el propio Tomás Zerón dijo que las conclusiones de ese grupo no daría pie a una nueva investigación, y que seguirían trabajando sobre la versión del ex Procurador Murillo que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. “Para nosotros es una verdad, que seguimos trabajando, que seguimos alimentando”, planteó.
“Lo tenemos sustentado y los peritajes realizados por los expertos de la Procuraduría General de la República y que obran en los expedientes son contundentes y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fueron quemadas un gran número de personas la noche del 26 y 27 de septiembre”, expuso.
EBER OMAR BETANZOS TORRES
Es el actual titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, puesto en el que fue nombrado por la Procuradora Arely Gómez González el 19 de mayo de 2015.
En 2014, Betanzos Torres fue asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la elaboración y estudio de tesis jurídicas, ya que formaba parte del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial.
Entre los años 2000 y 2006 ocupó diversos cargos dentro de la ponencia del ministro retirado, Mariano Azuela Güitrón, con quien se desempeñó como Oficial Auxiliar, Secretario Privado, Secretario Técnico, Secretario de Estudio y Cuenta, así como Asesor de Mando Superior. Azuela Güitrón es uno de los ministros que entre 2004 y 2005 avaló el proceso de desafuero en contra del entonces Jefe de Gobierno capitalino y actual líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
SU PAPEL EN AYOTZINAPA
En octubre de 2015, el funcionario celebró la prórroga de seis meses aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes extendiera hasta el 30 de abril del 2016 sus investigaciones por el caso Iguala.
Sin embargo, Betanzos aclaró que el GIEI no podría realizar entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, aunque en caso de que existieran nuevas líneas de investigación, serían llamados a declarar por el Ministerio Público. También cerró la posibilidad de que el GIEI pueda realizar inspecciones en los cuarteles militares. “No hay elemento que nos lleve a ese punto”, afirmó.
El pasado 1 de abril, el funcionario avaló los resultados de un tercer peritaje en el basurero de Cocula, Guerrero, donde se estableció que al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar. El GIEI expuso en un comunicado que el mensaje de la PGR fue unilateral, no enteró al grupo de expertos y se faltó a acuerdos previos. También sostuvo se acordó con la dependencia federal que el peritaje se llevará a cabo de común acuerdo, así como la elección y forma de hacerlo.
Al respecto, Betanzos dijo un día después que las quejas del GIEI no procedían, pues se habían cumplido todos los acuerdos “al pie de la letra”.
Además, expuso, el GIEI sabía que el representante del grupo de expertos en fuego, Ricardo Torres, daría el mensaje a medios para informar que en el basurero de Cocula hubo un evento de fuego controlado de grandes dimensiones, pero el Grupo decidió no participar.
En el acuerdo suscrito sobre el estudio de fuego “también hay una comunicación dentro de ese mismo documento donde se refiere que se privilegia no sólo la comunicación y la información a los padres, sino privilegiar cualquier entrega de los resultados”, planteó.
El 7 de abril enfatizó que la labor del GIEI en México terminaba el 30 de abril y que no habría más extensiones a su trabajo.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES
Desde el 1 de diciembre es Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Semanas antes se desempeñó como asesor Jurídico del Equipo de Transición de Enrique Peña Nieto, entonces Presidente electo.
En 2011, fungió como Coordinador Jurídico en la campaña a la gubernatura del actual Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Además fue Diputado local en la LVIII Legislatura del Estado de México, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Durante la gestión del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa fungió como coordinador de Asesores de la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia donde también prestó sus servicios como asesor en el sexenio encabezado por Vicente Fox Quesada.
También participó en la firma de abogados Consultoría, Litigio, Gobierno (CGL), donde compartió con Alberto Bazbaz Sacal, ex Procurador de Justicia del Edomex en el Gobierno de Peña y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya con Peña como Presidente.
Una de sus primeras batallas ganadas en el actual sexenio fue el arresto de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, de la mano del propio Bazbaz Sacal.
Además se le atribuye la definición de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las objeciones y 80 cambios formuladas por Castillejos Cervantes al contenido del anteproyecto de Ley redactado en el Senado de la República omitieron los reclamos formulados por los comisionados del IFAI –ahora INAI– y los representantes de las ONG, que defienden el derecho a la información y la apertura de archivos oficiales.
SU PAPEL EN AYOTZINAPA
Especialistas y padres de los 43 normalistas han señalado que detrás de las diferencias que se abrieron entre la PGR y el GIE está el Consejero Jurídico de la Presidencia, a quien el periodista Ricardo Raphael describió en una de sus columnas del diario El Universal como un “hombre ambicioso que quiere ocupar el lugar de la Procuradora Arely Gómez y para lograrlo está dispuesto a todo, inclusive a despedazar la reputación del país”.
Apenas el 4 de abril, Raphael escribió: “… La confianza permaneció intacta entre los actores hasta el día anterior en que, de manera unilateral, funcionarios de la PGR traicionaron las cláusulas de dos convenios distintos. Alguien por encima de la procuradora Arely Gómez decidió que ya era tiempo de reventar esa confianza. Instruyó para que se quebrara el pacto de confidencialidad, para que la información fuese dada a conocer sin consenso de los peritos, sin la participación del GIEI y sin haber avisado a los familiares de las víctimas. ¿Qué ganancia se obtuvo? Incendiar la credibilidad de los involucrados en el acuerdo, sobre todo de aquellos sinceramente empeñados en combatir la impunidad de la tragedia. Sin duda el daño mayor es para las instituciones del Estado mexicano. No propongo aquí que este atropello haya sido instruido por el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN), pero tengo la sospecha fundada de que detrás se halla el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes”.
A Castillejos Cervantes se le ha criticado incluso el uso de “activistas” o “luchadores” sociales, como es el caso de Isabel Miranda de Wallace, para atacar no sólo a los integrantes del GIEI y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino recriminar en foros públicos las críticas al Gobierno federal realizadas por el Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan E. Méndez. También, se comenta entre analistas políticos, es uno de los funcionarios federales con mayor presencia de fieles en altos cargos de la Procuraduría General de la República, por lo que no pocos lo ven como el próximo Fiscal del Gobierno peñista.
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
Desde el 1 de diciembre de 2012 es el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Siempre afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha desempeñado, entre otros cargos, como Diputado federal [de 2003 a 2005] y Gobernador de Hidalgo [2005-2011].
En 2005 liquidó la Normal Rural Luis Villareal, con 81 años de existencia, bajo el argumento de que no se necesitaban maestros rurales.
SU PAPEL EN AYOTZINAPA
Fue el primero en comunicar que existía una línea de investigación, desde la Segob, que apuntaba a la infiltración de grupos del crimen organizado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los jóvenes dijo: “Es lamentable y hay que superarla, pero con acciones y trabajo”.
En la medida que crecía la demanda para que los expertos del GIEI pudieran interrogar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, salió al paso y expresó que “de acuerdo a nuestros leyes los militares no pueden presentarse ante el Ministerio Público”.
Ha cuestionado los estudios independientes que cuestionan la posibilidad de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
En diciembre de 2015 admitió de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y la fuga del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera habían sido las dos crisis más importantes del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN
Desde el 23 de abril de 2015, ya bajo un Gobierno priista, es Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Durante años fue un priista ligado a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, actualmente presa. En 2006 fue designado por el Partido Nueva Alianza (Panal), como candidato a la Presidencia de la República.
Durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa fue Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
SU PAPEL EN AYOTZINAPA
En los últimos meses se ha convertido en el intermediario entre el Gobierno federal y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Fue el encargado de anunciar que a partir del 1 de mayo el Gobierno Mexicano dejaría de financiar las actividades del GIEI. Ha dejado en claro que la facultad de investigar la desaparición de los normalistas es “exclusivamente” del Ministerio Público.
El pasado 14 de abril exigió a los expertos de la CIDH presentar conclusiones y recomendaciones sobre el caso; dos días después, durante su última reunión con los padres, reiteró que continúa la búsqueda de los estudiantes; sin embargo, el representante legal de padres, Vidulfo Rosales Sierra, ha puesto en entredicho tanto este compromiso.
“[La CIDH] No tiene facultades para investigar, no las tiene con el GIEI, el GIEI es un coadyuvante del Ministerio Público, pero la tarea de investigación la corresponde únicamente al Ministerio Público”, dijo en entrevista radiofónica.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
El 3 de marzo de 2015 llegó al relevo de uno de los hombres más importantes del Grupo Hidalgo, el ex Procurador Jesús Murillo Karam. De acuerdo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, activistas e incluso algunos miembros del GIEI su llegada marcó un cambio de actitud en el Gobierno y la posibilidad de que se rompiera la inercia que insistía en sostener la verdad histórica. Pero desde adentro y desde afuera de su oficina poco a poco fue dinamitada, debilitada.
Arely Gómez podía salir un día a aceptar las recomendaciones de organizaciones internacionales o del propio GIEI y apenas unas horas después, los autores de la investigación de Murillo Karam se presentaban en la prensa a plantear no una actitud del que escucha, sino de confrontación. El más evidente operador del grupo que ha dinamitado a la Procuradora, es Tomás Zerón. Hay noticias públicas y otras en privado que confirman que se ha movido, obviamente con apoyo, para confrontar a la CIDH y poner en entredicho la actitud negociadora de la misma Fiscal. Algunos opinan que el hecho mismo de que Eber Omar Betanzos ya sea parte del grupo de choque contra el GIEI, cuando llegó por ella a la Procuraduría, es un síntoma de su debilidad. Otros ven además una operación directa desde la Consejería Jurídica de la Presidencia para debilitarla porque hay otros planes que se atraviesan en el camino: el Gobierno de Enrique Peña Nieto está ante la posibilidad de dejar a un Fiscal por ocho años que los equipos duros de la administración federal no quieren que quede en manos de la actual Procuradora.
