Las y los diputados presentarán una controversia ante la SCJN porque consideraron que el Congreso de Tamaulipas no tiene facultades para ignorar lo que decida el Congreso de la Unión respecto al desafuero del Gobernador García Cabeza de Vaca.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas, tras considerar que los legisladores locales protegieron al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante el proceso de desafuero que enfrenta en la Sección Instructora.
El pasado 2 de marzo el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo en el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación en los juicios de procedencia, con ello, se le dan atribuciones a la legislatura local para que tenga la última palabra en un juicio de desafuero, independientemente de los resolutivos de la Cámara de Diputados.
Las y los diputados argumentaron que permitir que el Congreso del Estado de Tamaulipas lleve a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia implicaría dejar sin efecto el procedimiento contra el mandatario en el Congreso de la Unión.
Consideraron que la situación no puede ser posible porque artículo 111 de la Constitución Política, determina que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son inatacables.
“Lo que implica que la resolución que emita la Cámara de Diputados, en dichos procedimientos no aceptan medio de impugnación alguna incluido el juicio de amparo por lo que, si bien esas resoluciones tienen efecto declarativo, es necesario remitirlas al Congreso local para que inicie el procedimiento de ejecución a efecto de poner a disposición de la autoridad ministerial al servidor público de mérito”, argumentó la Cámara de Diputados esta tarde en un comunicado.
Las y los legisladores insistieron en que el Congreso de Tamaulipas no tiene facultades para regular una homologación del procedimiento de declaración de procedencia penal contra servidores públicos.
El caso contra el Gobernador aún se discute en la Cámara de Diputados. El mandatario compareció desde el 22 de marzo ante la FGR, en calidad de indiciado, durante una diligencia donde negó ser responsable de los cargos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
