El Tren Interurbano México-Toluca fue una de las pocas obras heredadas por la administración de Enrique Peña Nieto que salió victoriosa tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a pesar de que al igual que el Aeropuerto, por ejemplo, también acumula una serie de observaciones sobre una mala construcción, retraso y sobrecosto, además de oposición de habitantes de las zonas por donde pasará.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 que el Tren Interurbano México-Toluca, obra que echó a andar Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de Enrique Peña Nieto, presenta diversas irregularidades que en ese periodo le costaron al erario federal 745 millones 476 mil 500 pesos.
Esa suma de fallas detectadas se integra por obra que se hizo y que no está contemplada en el proyecto original; por no acreditar los costos de los materiales; porque se ha contratado a más personal del que ya se había pagado y se pagó por incumplimiento de responsabilidades de contratistas.
También se encontraron diferencias entre las plantillas de concreto y las pilas de cimentación; se pagó obra que no tenía qué ver con el proyecto; hay diferencias en los trabajos de excavación y sobre todo “deficiencias de calidad en la ejecución de diversos puntos en los edificios de talleres y cocheras, así como en la adquisición de predios fuera del derecho de vía”.
En esta obra están inmiscuidos el Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Gobierno de la Ciudad de México, las autoridades delegacionales y el Gobierno del Estado de México.
El proyecto del Tren Interurbano tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el corredor de la zona metropolitana del Valle de Toluca mediante la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 kilómetros, de los cuales 40.7 kilómetros corresponden al Estado de México y 17 a la Ciudad de México, y un ancho de derecho de vía de 16 metros. Una vez concluido conectará a la Ciudad de México con la capital mexiquense.
El Tren Interurbano atraviesa los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, y en su tramo en la Ciudad de México, las ahora alcaldías de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.
Además, el proyecto contempla la construcción de dos estaciones terminales, cuatro estaciones intermedias, un taller de mantenimiento y un área para cocheras.
Desde que inició la construcción, habitantes de los estados implicados iniciaron una serie de protestas por los daños que la obra comenzó a ocasionar. Denunciaron que la obra carece de un protocolo adecuado de prevención de riesgos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un informe en el que concluyó que la SCT incurrió en falta de información, una mala e incompleta planeación, sobrecosto hasta ahora de 21 mil millones de pesos y un retraso, por lo que calificó que la obra dejó de ser socialmente rentable.
Los vecinos han sufrido el acceso a la información y poco a poco la han ido recabando. En ese mismo proceso han documentado las razones por las que señalan que la obra no debe construirse ahí.
LO RECABADO POR LA ASF
El daño al erario por 745 millones 476.5 mil pesos se ocasionó por 27 millones 161 mil pesos por obra que se hizo distinta a como se establecía en el contrato sobre los trabajos de suministro, traslado y montaje de banquetas y 68 millones 233 mil pesos porque no acreditaron los desperdicios del precio fuera de catálogo suministro y colocación de cable de media tensión.
Otros 8 millones 897 mil pesos por seis obras fuera de catálogo en los que se incluyó personal y equipo de laboratorio cuando ya se encontraban incluidos en el contrato original y 77 millones 486 mil pesos, por la incorrecta autorización de una segunda planta de dovelas (piedra labrada) para incrementar la producción de dovelas cuando los atrasos fueron por causas imputables a la contratista.
Una de las observaciones de más alto costo fue porque no se respetaron los precios establecidos en el contrato en la integración de dos precios unitarios fuera de catálogo referentes a trabajos de excavación de la tuneladora y de preliminares de excavación. Ahí se fueron 177 millones 843 mil pesos.
Otros 25 millones 304 mil fue porque no se acreditó el suministro de refacciones y otros 2 millones 038 mil por los intereses generados del pago de refacciones no suministradas.
Otra de las de más alto costo, por 108 millones 476 mil pesos, fue por la incorrecta integración de tres precios fuera de catálogo y diferencia de volúmenes para los trabajos de excavación, formación de capa de capilaridad y recubrimiento primario y acabado del acero estructural.
Por mala calidad en el piso elevado para el exterior se perdieron 248 mil pesos; 24 millones por la adquisición de predios fuera del derecho de vía y sin documentación soporte; 94 mil pesos por el pago de los días domingo del personal de servicios de asesoría ya incluidos en la integración del salario real y 28 millones 705 mil pesos, por diferencia de volúmenes en las cantidades de obra pagada referentes a los trabajos de plantillas de concreto y pilas de cimentación.
Otros 3 millones 158 mil pesos se malgastaron por trabajos de mala calidad en talleres y cocheras, ya que se observaron filtraciones entre el muro prefabricado, los registros eléctricos de concreto no cumplen con los niveles de proyecto y por los tramos de carpeta asfáltica que no cumplen con la normativa.
Finalmente, la observación más costosa fue por 193 millones 827 mil pesos, por autorización de pagos que no se relacionan con el programa de construcción del proyecto.
En total, esta auditoría arrojó 22 observaciones, de las cuales dos fueron solventadas con documentación que presentó la SCT y las otras 20 generaron: dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 18 Pliegos de Observaciones. En el transcurso de la revisión, la ASF informó que sólo logró recuperar 25 millones 439mil 531 pesos.
