Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El Sistema Nacional Anticorrupción parece tener ya un camino sin obstáculos en la Cámara de Diputados, tras dos años de discusiones en el Congreso. Con un tibio apretón de manos y con sonrisas muy forzadas los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática sellaron el acuerdo para destrabar el proceso legislativo.
A pesar de que los temas más polémicos aparentemente quedaron superados, como el tema de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la facultad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las participaciones federales, existe un asunto que no quedó claro ni siquiera para los legisladores: el tema de si se podrá sancionar a políticos que hayan incurrido en actos de corrupción antes o después de que entre en vigor la reforma.
En la reforma constitucional, que se aprobará en las próximas horas, se ampliará de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves de los servidores públicos, a fin de que puedan ser juzgados incluso después de que terminen sus cargos.
Actualmente muchos de esos casos quedan en la impunidad porque prescriben a los tres años, y tan solo la Auditoría Superior de la Federación ocupa dos años en recabar datos y presentar los resultados de la fiscalización de la cuenta pública por lo que el tiempo prácticamente se agota en la auditoría.
Esto llevó al coordinador de los diputados panistas, Ricardo Anaya Cortés, a asegurar con ánimo triunfalista “Que nadie se confunda, no habrá borrón y cuenta nueva, quien haya cometido actos de corrupción en el pasado, sí podrá ser juzgado con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó.
E incluso recalcó “quien haya desviado recursos, para decirlo más claro, quien haya robado recursos públicos el año pasado, por supuesto que será sujeto de responsabilidad con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. No hay borrón y cuenta nueva”.
La declaración daba por entendido que podrían juzgarse recientes y viejos casos de corrupción de militantes de todos los partidos políticos e integrantes del Gobierno federal, como los contratos entregados a Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño original de la “casa blanca” de la esposa del Presidente, Angélica Rivera Hurtado, o de la casa de Malinalco del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
No obstante, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador del PRI y principal negociador de este Sistema, aclaró que la reforma no tiene dedicatorias e incluso sostuvo que la ampliación se refiere sólo a faltas administrativas graves y no a delitos penales.
“La prescripción señalada en la Constitución es para faltas administrativas, la prescripción en materia penal está precisa en los códigos penales y varía según el tipo de delito, que es distinto a la parte eminentemente administrativa”, afirmó el priista.
El legislador pidió no confundir de forma “perversa” la interpretación de faltas administrativas con delitos, los cuales mantienen los mismos plazos de prescripción que están establecidos en el Código Penal.
“En materia penal seguirá el mismo cause que se ha tenido en esta materia, y habrá que analizar cada tipo en específico, una vez que se revise el contexto, porque en materia penal no se puede igualar cualesquier tipo de delito, sería un contrasentido y sería 100 por ciento inconstitucional”, dio el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
Lo que sí será un avance, dijo, es que desde ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá denunciar al tribunal administrativa cualquier falta grave que detecte, a diferencia de lo que sucede hoy que tiene que avisar a los órganos de control interno, para que estos procesen las denuncias correspondientes.
EL SISTEMA, MÁS ALLÁ DE UN CONSEJO
A propuesta de la oposición en la Cámara de Diputados y de organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se pasó de la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción a conformar un Sistema Nacional Anticorrupción.
“Esto refleja que cada vez hay una sociedad mucho más activa, pendiente de las discusiones que hay en el Congreso, en donde incluso la sociedad ha aprendido a señalar con toda claridad esos intentos de resistencia y a aumentar el costo político a quienes no quieren otorgar los cambios en materias fundamentales del país”, afirmó el Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Evalúa.
El Sistema Nacional Anticorrupción tiene tres ejes fundamentales: prevención, investigación y sanción.
En el eje de prevención se fortalece a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control de de todas las dependencias y organismos públicos.
En el eje de investigación se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación. A diferencia de lo que sucede actualmente, la ASF tendrá la facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.
Asimismo podrá fiscalizar en tiempo real por denuncia de actos graves de presunta corrupción; y tendrá facultad de auditar los fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos.
Podrá iniciar procedimientos por actos o faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y podrá denunciar ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción los delitos que encuentre en su investigación.
Presentará informes individuales de auditorías, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, fecha en que presentará un Informe Público General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
En el eje de sanción, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa, un tribunal autónomo responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción.
Los órganos de control interno investigarán y sancionarán faltas administrativas leves, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa sancionará las faltas administrativas graves, que sean investigadas por la ASF y los órganos de control interno.
Asimismo se establece la figura de “extinción de dominio” para los casos de enriquecimiento ilícito.
Finalmente se establece un sistema nacional de combate a la corrupción compuesto por un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
De esta manera quedó desechada la propuesta del PRI para crear el Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual sería presidido por el Presidente de la República.
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Uno de los temas que causó más polémica fue que los diputados revivieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto la redujera y propusiera su desaparición para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Incluso la minuta enviada por el Senado de la República iba en el mismo sentido de desaparecer a la SFP con el propósito de crear un zar anticorrupción.
Por iniciativa del PAN y a propuesta de organizaciones de la sociedad civil, se decidió fortalecer a la Secretaría de la Función Pública como órgano de control interno del Gobierno federal.
Ya el Presidente Peña Nieto había dado muestra de ir en sentido favorable con la propuesta planteada por los panistas en noviembre del año pasado, cuando el pasado 2 de febrero nombró como titular de la dependencia a Virgilio Andrade, para que investigara los presuntos actos de corrupción en su gobierno.
En la discusión del proyecto el PRI rechazó la posibilidad de establecer en la Constitución que el Senado de la República ratifique al secretario de la Función Pública que sea designado por el Presidente. No hay ningún argumento legal que sustente la propuesta, dijo.
El PRI cedió como última vía para sacara delante la reforma constitucional, a unas cuantas horas de que venciera el plazo autoimpuesto por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, se anunció que el actual secretario Virgilio Andrade no sería ratificado, debido a que ninguna ley es retroactiva para ninguna persona.
“La ley no puede aplicarse retroactivamente, esta reforma no se puede aplicar de manera retroactiva y eso no es un asunto que nosotros podamos elegir, eso así es”, detalló el Diputado Ricardo Anaya.
Sin embargo, esto no será obstáculo para la rendición de cuentas consideró el Diputado Fernando Rodríguez Doval, negociador del proyecto por parte de Acción Nacional, ya que se le quita a la secretaría de la Función Pública la facultad de sancionar, ya solo se dedicará a investigar alguna posible falta administrativa del gobierno federal, mediante sus auditorías internas.
“El actual secretario de la Función Pública, llámese como se llame ya no va a tener la facultad de sancionar, solamente va a investigar y esta investigación podrá ser realizada en paralelo por la ASF o incluso por Fiscalía Anticorrupción tratándose de delitos graves”, dijo el legislador panista.
Según la reforma, el eje de la investigación la tendrá la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación, mientras que las sanciones serán definidas por el Tribunal Administrativo
En las próximas horas se votaría un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales para que un día después más de dos terceras partes del pleno de los diputados voten a favor la reforma constitucional.
