El coordinador del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas indicó que los asesinatos de periodistas se concentran en Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Un total de 495 periodistas son beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, la mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, informó Enrique Irazoque, coordinador de este instrumento con el que cuenta el país desde 2012.
“No todos tienen medidas duras de protección como sería una extracción, la generación de un servicio de escolta, pero con base en los análisis de riesgo que tenemos, todos tienen mayor o menor riesgo y es evidente que pueden acceder a los servicios del mecanismo. Lo cierto es que también desde este sexenio hemos puesto en práctica la revisión de todos los casos”, comentó Irazoque en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Cuestionado sobre cuál era el estatus de Lourdes Maldonado, asesinada este fin de semana en Tijuana, el funcionario federal indicó que el estado de Baja California tenía desde el 2021 la protección de la periodista. “Nosotros siempre estuvimos en la apertura de seguir en coordinación con el Mecanismo Estatal, pero nunca fue inscrita como beneficiaria del Mecanismo Federal”, expresó.
Asimismo compartió que los asesinatos de periodistas se concentran en Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. En tanto, las entidades en donde hay más periodistas beneficiarios del Mecanismo federal son: la Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Puebla. “Aquí no sumamos a las personas desplazadas de los diferentes estados, estamos tomando en consideración el origen de las personas”, precisó.
El coordinador del Mecanismo Federal puntualizó que la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es una obligación del Estado a través de todas sus autoridades de los tres órganos de Gobierno. Recordó que este instrumento de protección nació con la Ley Federal en 2012 con la intención de tener una política integral y nacional en la materia.
“¿Qué fue lo que pasó? En 2012 transitamos todavía por esta crisis de derechos humanos que hemos reconocido y que hemos dicho uno de los componentes que refleja esa crisis de derechos humanos es el aumento de agresiones a periodistas como de personas defensoras de derechos humanos. El aumento de agresiones viene desde hace dos sexenios y los efectos siguen perdurando”, señaló.
Irazoque mencionó que a la par del desarrollo del Mecanismo las autoridades estatales y locales dieron “un paso atrás” en su responsabilidad de garantizar la seguridad y cedieron estas funciones a la Federación para resolver el tema. “Eso materialmente es imposible. La visión que debe de imperar en temas tan importantes de derechos humanos como este es la visión de Estado”, insistió.
En ese sentido, expresó que hay dos elementos clave para atender los rezagos en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Uno, dijo, es contar con una política nacional de Estado para que precisamente todas las autoridades hagan frente a la inercia de la gran impunidad que hay, la cual rebasa el 90 por ciento en ambos casos, así como “hacer un llamado respetuoso a todas las fiscalías, principalmente las estatales, donde están la mayoría de las investigaciones para que puedan estar al nivel de la exigencia de las víctimas”.
Enrique Irazoque mencionó que la mayoría de los estados generalmente tienen una carencia de colaboración y coordinación en las labores de protección, aunque destacó que en los últimos tres años se han invertido a través del Mecanismo más de mil 200 millones de pesos en el resguardo de periodistas y personas defensoras defensoras.
“Solamente en este año se ha anunciado el presupuesto más alto de la historia del Mecanismo en sus 10 años de existencia, se aprobó un presupuesto inicial de 388 millones de pesos que sumados a esos mil 200 vamos a tener una erogación de recursos histórica sexenal para la protección, pero evidentemente no es suficiente sino no tenemos a todo el demás andamiaje del Estado trabajando junto con el Mecanismo para poder tener una política pública integral y nacional”, dijo.
Irazoque precisó que el actual Gobierno recibió el mecanismo con 758 personas y han integrado a más del 90 por ciento. Dijo que actualmente tienen ahorita a mil 518 personas integradas al Mecanismo, la mayoría de ellas defensoras de derechos humanos y los 495 periodistas.
“¿En qué se traduce todo eso? Dependiendo del nivel de riesgo de cada caso es que puede ser mayor o menor las medidas que el mecanismo puede prestar, tenemos más de 67 servicios de escolta proporcionados lo que equivale a que el Mecanismo genera recursos para cubrir los servicios de 270 elementos de seguridad personal, tenemos 75 refugios de seguridad otorgados a familias de periodistas de personas defensoras de derechos humanos y cuando digo refugios de seguridad quiere decir que los tuvimos que extraer de las entidades federativas ante las pocas posibilidades de darles garantías para resguardar su vida”, refirió.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que entre el 40 y el 45 por ciento de las agresiones que reciben los periodistas y personas defensoras provienen de las autoridades locales. “Provienen principalmente de los municipios, no solamente hay autoridades locales que no quieren proteger a los periodistas y personas defensoras, sino que además son parte del problema”.
“El otro porcentaje que tenemos muy bien identificado y esto con el testimonio de los periodistas y las personas defensoras, sin lugar a dudas es el crimen organizado, el crimen organizado establece también un porcentaje muy alto y a veces esa fuente de riesgo del crimen organizado va acompañada con la coalición de autoridades municipales, locales, que finalmente están en comparsa con estos grupos de la delincuencia y generan en una amenaza muy latente”, precisó.
Dijo que de acuerdo a los perfiles, los periodistas que más están en riesgo son aquellos que cubren las notas de seguridad, corrupción, de nota política. Por otro lado, añadió, identificando a las personas defensoras que más están en riesgo, son las que ejercen el derecho al territorio, al medio ambiente, ya que se enfrentan en el terreno al crimen organizado.
