El proyecto que recién arrasó con el Manglar Tajamar fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era Presidente de México, pero los permisos se dieron un año después, en 2006, en el sexenio de Felipe Calderón. Es en el actual Gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, cuando intentó consolidarse con el apoyo del Gobernador de Quintana Roo, el Edil de Cancún y funcionarios federales, tanto de la Semarnat, el Fonatur y la Profepa.
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Los abogados Leonardo Kumul Salazar y Raúl Fernández León, miembros de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos (CNIOCDH), informaron este día que presentaron una denuncia el pasado 22 de enero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Washington y Nueva York, respectivamente, con la finalidad de que sean emitidas medidas provisionales y se inicie una investigación para detener el proyecto en el Manglar Tajamar.
Fernández de León, quien se desempeña como Delegado Estatal de la CNIOCDH en Quintana Roo, señaló que otro de los objetivos de llevar el caso Tajamar a instancias internacionales es que sepan que «todo daño al ecosistema va a traer repercusiones y la naturaleza misma nos va a cobrar la factura. Les vamos a ampliar todo el panorama real de lo que está sucediendo y de lo que siguen haciendo aquí en Quintana Roo porque siguen destruyendo».
«Si hay una medida preventiva de la CIDH o de la ONU esto se tiene que detener», subrayó el abogado en entrevista para SinEmbargo.
Kumul Salazar, director Jurídico de la CNIOCDH puntualizó: «dimos parte a estas organizaciones internacionales con el objeto de que emitan medidas provisionales o precautorias para que inicien investigaciones a violaciones de derechos humanos».
El especialista explicó que el caso fue turnado a la ONU «para que ellos den parte a la conferencia del Cambio Climático, donde México ratifica el Protocolo de Kyoto y la Carta de la Tierra, los cuales no aplicaron al momento de emitir la manifestación de impacto ambiental que utilizaron para el Malecón Tajamar. Estas serias omisiones del Estado que ya habían ratificado a nivel internacional son un incumplimiento claro».
Asimismo destacó que nuestro país «se compromete tanto en el Protocolo de Kyoto como en la Carta de la Tierra a mantener la estabilidad ecológica para las generaciones venideras y esto en ningún momento lo cumplió y las investigaciones que estos órganos internacionales tienen que solicitar versan mucho sobre lo que [el Gobierno mexicano] dejó de observar al emitir permisos sobre esta devastación del manglar».
«Hay una violación clara tanto al derecho humano de la personalidad jurídica al medio ambiente. Además, el estado mexicano violó tratados internacionales de relevancia ecológica», concluyó.
Este lunes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que las ampliaciones y autorizaciones de Impacto Ambiental para el proyecto en el Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, se dieron durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, y adelantó que las obras continuarán en la zona.
En conferencia de prensa, Manuel Mercado, Jurídico del Fonatur presentó una serie de documentos en los que, según él, demuestran que el Manglar Tajamar no se encuentra dentro de las zonas protegidas por Ramsar (iniciativa sobre humedales, manglares y corales) como lo han denunciado diversas organizaciones, por lo que los trabajos en la zona son legales.
“No existe ninguna razón ni jurídica ni técnica para que los trabajos [en Tajamar] no continúen”, dijo.
Fonatur afirmó que se ha cumplido con los términos y autorizaciones para la realización del proyecto y aseguró que se informó previamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
LOS ROSTROS TRAS EL ECOCIDIO
El Malecón Tajamar, y en especial un manglar de 59 hectáreas situado en esa zona, han estado en el ojo público a nivel nacional e internacional durante toda esta semana, debido al ecocidio perpetrado por empresas privadas el pasado 16 de enero. Activistas y ciudadanos de Quintana Roo y de todo el país han externado por diversas vías su indignación por la ruina ambiental generada, además, con la aprobación de autoridades federales, estales y locales en el municipio Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.
Decenas de hectáreas de manglar fueron devastadas en apenas unas horas por maquinaria pesada e, incluso, muchos animales nativos de ese manglar fueron enterrados vivos; otros más presentaron graves heridas por los trabajos de relleno del terreno y el resto fue despojado del que fuera su hogar, su hábitat natural. Pero, ¿quiénes son los personajes que permitieron que fuera devastado un ecosistema único y de tal importancia?
El proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era el Presidente de México, finalmente intentó consolidarse en el actual Gobierno priista a cargo de Enrique Peña Nieto. Y en todos estos años, por supuestos, se sumaron muchos culpables. Sin embargo, los permisos que permitieron ese desaste ecológico fueron otorgados en las actuales administraciones en México, Quintana Roo y Cancún. Por lo que la escala de las responsabilidades se puede indentificar fácilmente.
ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR de QROO
Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, es calificado por activistas y ciudadanos como un «ecocida», luego de que la madrugada del sábado 16 de enero un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías estatales, municipales y granaderos ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Sin embargo, el Gobernador se defendió mediante un comunicado en el que aseguró que los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar fueron realizados “con apego a la Ley”.
Asimismo, destacó que el Fonatur, desarrollador del Malecón Tajamar, obtuvo en 2005 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual se está vigente y por lo tanto le permite realizar trabajos en el área de Tajamar, donde decenas de especies han sido sepultadas vivas y otras han quedado sin hábitat.
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PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES, EDIL DE BENITO JUÁREZ
Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, permitió que la policía municipal apoyara con patrullas y elementos para que maquinaria pesada y trabajadores tuvieran acceso al manglar y lograran destruir el noventa por ciento del ecosistema.
Por ello, un grupo de activistas llevó el pasado 20 de enero al Ayuntamiento Benito Juárez, en Cancún, algunos de los animales que han muerto durante la devastación del Manglar Tajamar.
Los ambientalistas, quienes se oponen al proyecto por el daño ecológico que provoca, pidieron reunirse con Carrillo de Cáceres, por lo que colocaron los cadáveres de dos iguanas y una ardilla en la antesala de la oficina del Edil.
Tras el encuentro, el gobierno local lanzó un comunicado en el que reiteró que «en todo momento el Ayuntamiento 2013-2016 ha ejercido una gestión transparente y apegada a la ley, así como de respeto a proyectos que cuentan con sustento legal».
Sin embargo, medios locales reportaron que, en palabras de Katherine Ender Córdoba de “Guardianes del Manglar Cancún”, el Edil se deslindó de la culpa, «dice que él no fue, que fue el gobernador. En Quintana Roo tenemos el Mando Único que viene de la Federación”, declaró la ambientalista.
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RICARDO JUÁREZ PALACIO, TITULAR DE LA DGIRA EN 2005
Quien firmó el permiso otorgado a Fonatur fue el entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental, el biólogo Ricardo Juárez Palacio, quien ha sido señalado “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), en entrevista para SinEmbargo.
El Fonatur hizo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó ante la Dirección de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat en julio de 2005 con la finalidad de solicitar el cambio de uso de suelo forestal de las casi 59 hectáreas, hacer la urbanización y presentar un proyecto para desarrollar los lotes.
“Al presentar la MIA, [Fonatur] pone información falsa respecto al manglar, dice que no existe manglar allí”, puntualizó la activista.
“En 2007, el Congreso de la Unión hizo una solicitud de destitución del biólogo a la Semarnat porque tenían documentados 70 proyectos en los que había irregularidades, ilegalidades, inconsistencias y falsedades”, recordó la activista.
El 17 de octubre de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz comentó durante su intervención en la comparecencia del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “la destitución disfrazada de renuncia, del biólogo Ricardo Juárez Palacio, nos otorga la razón en torno a la conducta criminal, negligente y ejemplarmente corrupta, que exhibió el funcionario al frente de la Dirección General de Impacto Medioambiental, durante todo el foxismo [2000-2006]“.
Actualmente la Secretaría se encuentra a cargo de Rafael Pacchiano Alamán.
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ARTHUR EDWARD JOHN McCARTHY, DIRECTOR DE FONATUR (2000-2006)
Arthur Edward John McCarthy fue director del Fonatur durante el Gobierno foxista. De acuerdo con el medio local Noticaribe, «McCarthy es el principal desfalcador de Fonatur, pues en su gestión no sólo se vendieron terrenos a empresas que ya estaban predestinadas a ser beneficiadas con precios irrisorios, sino que además se dejaron de cumplir muchas obligaciones y compromisos».
La empresa Bi&Di compró en el año 2005 a Fonatur, un lote en una playa pública llamada “El Mirador”; sin embargo, no fue posible que se llevaran a cabo las construcciones planeadas debido a que el lote no contó con las condiciones apropiadas, así que ni el Programa de Ordenamiento Ecológico ni el Plan Director de Desarrollo Urbano lo permitieron.
Por ello, la constructora demandó a Fonatur y al ganar el caso le fueron entregados los terrenos en Tajamar.
En julio de 2015, Fonatur hizo un llamado para presionar a la empresa para que ingresara a “limpiar el predio porque el permiso estaba por vencer. Bi&Di se mete, limpia los terrenos, pero incumple las condicionantes porque además el permiso de cambio de uso forestal es intransferible, por lo tanto no lo podía hacer un particular, lo tendría que haber hecho el propio Fonatur”, señala Araceli Domínguez.
Por su parte, Alejandra Serrano aseguró que existe un evidente incumplimiento del permiso otorgado en 2005 «y por ello Semarnat tiene que hacer la revocación inmediata para evitar que se haga un mayor impacto al ecosistema”.
Asimismo destacó que entre las condicionantes que la Semarnat exigió en dicha autorización se encuentra el rescate de fauna, lo cual no fue llevado a cabo adecuadamente por Fonatur, prueba de ello es que durante la remoción del manglar la madrugada del pasado 16 de enero murieron diversas especies, algunas de ellas en categorías de riesgo, y muchas otras perdieron su hábitat natural.
“Fonatur señala que hizo recuperación de fauna, sin embargo sólo hace falta ver las fotografías en las redes para evidenciar que no se llevó a cabo. Una de las condicionantes del permiso era precisamente que se hiciera el rescate de fauna. Fonatur no cumplió con esa condicionante y se debe hacer la revocación inmediata del permiso”, dijo.
De darse cumplimiento a la Ley, la experta señala que de acuerdo con el Código Penal tendría que llevarse a cabo una sanción penal y por la Ley de Responsabilidad Ambiental “se tendría que restaurar el ecosistema y en la medida de lo posible dejarlo en las condiciones en las que se encontraba, lo cual implicaría un trabajo de reforestación del manglar.
Hoy por hoy, el actual director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo es Héctor Martín Gómez Barraza.
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GUILLERMO HARO, TITULAR DE LA PROFEPA, Y CAROLINA GARCÍA, DELEGADA EN QROO
A raíz de la destrucción del manglar, activistas han denunciado en reiteradas ocasiones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a cargo de Guillermo Haro Bélchez a nivel federal no ha actuado para rescatar y reubicar a los animales que quedaron sin hábitat. Tampoco la delegada Carolina García Cañón en Quintana Roo lo ha hecho.
“Nos hemos acercado a Profepa, no hay forma de que nos contacten bajo ninguna circunstancia. No responden, no se presentan, incluso yo pienso que ni siquiera al llamado de las autoridades municipales porque lo que tratamos de hacer nosotros con los animales [rescatarlos] es algo que tendría que estar haciendo la Profepa, pero no hace su trabajo. Profepa brilla por su ausencia, no se han aparecido por Tajamar ni una sola vez”, acusó Domínguez.
